Es la tercera Comunidad más envejecida de España, por detrás de Asturias y Galicia. Por provincias, Zamora es, de lejos, la más envejecida (287%) con una proporción de 287 mayores por cada 100 menores de 16, y Valladolid es la más joven, con un índice de envejecimiento del 154%.
El Instituto Nacional de Estadística ha hecho públicos los últimos datos sobre envejecimiento en nuestro país que, una vez más, reflejan una tendencia que parece imparable: España ha vuelto a registrar un máximo histórico de envejecimiento, del 118% o, lo que es lo mismo, ya se contabilizan 116 mayores de 64 años por cada 100 menores de 16. Esta cifra supone un crecimiento de 2 puntos porcentuales con respecto al año pasado, cuando el índice de envejecimiento se situó en un 116%.
En Castilla León el envejecimiento es superior que en España, con una tasa del 190%: 190 mayores de 64 por cada 100 menores de 16 años. Contrastan las cifras actuales con las de finales de siglo XX, cuando era una región joven: en 1980 se contabilizaban 56 mayores de 64 años por cada 100 menores de 16, con lo que estábamos ante una sociedad en plena expansión y con gran potencial para crecer económica y laboralmente.
La relación cotizante-pensionista, en mínimos
Desde el año 2000, España es un país envejecido, lo que significa que cuenta con más personas senior que jóvenes. El aumento de la esperanza de vida y la disminución de la tasa de natalidad son los principales causantes de esta realidad.
Se calcula que en 2030 los mayores de 65 supondrán el 30% de la población, frente al 18% actual. En este momento, cuando empiecen a jubilarse en masa los babyboomers (nacidos entre 1958 y 1977), unas cohortes sensiblemente más reducidas deberán soportar el coste de la atención de las pensiones y sus cuidados sociosanitarios.
Según Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco: “la relación cotizante-pensionista es actualmente de 2,1, considerándose una ecuación sostenible a partir de 2,5 contribuyentes por cada jubilado. Si continúa esta tendencia, para 2052 se estima que, por cada persona inactiva, habrá poco más de una persona trabajando, lo que sin duda pone en peligro la sostenibilidad de nuestro sistema”.
Ante esta realidad, Mesonero destaca que: “urge tomar medidas que frenen los efectos de este envejecimiento imparable: alcanzar acuerdos de Estado y dedicar un mayor porcentaje del PIB a la familia, impulsar políticas activas contra la discriminación por la razón de edad, sensibilizar al tejido empresarial para que apueste por la fuerza laboral senior, y empoderar a los demandantes de empleo de más edad para que adquieran herramientas clave que les permitan competir en el mercado del siglo XXI”.