La Institución Provincial ha recibido solicitudes de dos ayuntamientos para comenzar a implantar los requisitos que marca la LOPD, que determina el ámbito de uso que se debe dar en las administraciones públicas a los datos de carácter personal y los niveles de seguridad a aplicar para que no trasciendan a terceros.
La Diputación de Soria continúa avanzando en el proyecto que permita a todos los ayuntamientos de la provincia implantar los requisitos que marca la Ley de Protección de Datos y ha recibido ya varias solicitudes de municipios para empezar con las adaptaciones. La Institución Provincial desarrolló hace unos meses una primera fase en la que se realizó un estudio detallado en tres municipios de diferente tamaño (pequeño, mediano y grande) y ahora ha puesto en marcha la segunda fase del proyecto que pasa por la adaptación de estos estudios a las particularidades del resto de los municipios personalizando, etiquetando y adecuando cada uno de ellos en uno de los tres modelos utilizados. Durante la primera fase se localizaron en los propios ayuntamientos todos los ficheros de carácter personal (en papel o soporte electrónico) para definirlos y clasificarlos, con el objetivo de determinar el grado de seguridad necesario para poder garantizar su inviolabilidad, todo ello en función del tipo de datos que contienen. Una vez determinados los ficheros de datos, se recopilaron los usuarios a quienes correspondían esos ficheros y sus permisos y con esa información se elaboró un manual de medidas de seguridad que deben ser tenidas en cuenta y, sobre todo, aplicadas.
Por el momento, la Diputación ha recibido la solicitud de los ayuntamientos de Quintanas de Gormaz y Valdenebro para empezar con las adaptaciones. Esta experiencia permitirá además que la adaptación del resto de ayuntamientos se haga en grupos y de una forma más rápida. Para ello, la Diputación desarrollará reuniones con los secretarios de los ayuntamientos en las que participen en torno a 15 personas, de forma que en pocas sesiones se pueda extender a todos los municipios de la provincia.
La Ley de Protección de Datos determina el ámbito de uso que se debe dar en las administraciones públicas a los datos de carácter personal y los niveles de seguridad del nivel de los ficheros. De hecho, la propia ley solicita a los consistorios la elaboración de un documento en el que tiene que figurar dónde deben ejercerse los derechos que otorga la ley a los ciudadanos (acceso, rectificación, cancelación y oposición), las medidas de seguridad establecidas para cada administración local y los tipos de ficheros, así como las personas que tiene acceso a ellos.