La consejera de Familia e igualdad aboga por un texto que tenga en cuenta las características de los territorios.
Alicia García, consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, ha participado esta mañana de martes en Madrid en la Comisión para el análisis de la situación del Sistema de la Dependencia, creada por Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de febrero de 2017, como consecuencia de los acuerdos adoptados en la Conferencia de Presidentes celebrada el 17 de enero.
Esta Comisión, que ha sido presidida por el Secretario de Estado de Asuntos Sociales e Igualdad, Mario Garcés, se creó para elaborar un informe técnico sobre la situación actual del Sistema de Dependencia, su sostenibilidad y los actuales mecanismos de financiación, en especial, los contenidos en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, para evaluar su adecuación a las necesidades de las prestaciones asociadas a la dependencia. Las comunidades autónomas seleccionadas para participar junto al Gobierno de España en esta Comisión son Castilla y León, Andalucía, Aragón, Canarias, Galicia, Cataluña y Asturias.
García ha señalado que la Comisión ha culminado sus trabajos y, tras diez reuniones desde marzo hasta hoy, ha presentado su informe, que será discutido ante el Consejo Territorial el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y remitido al grupo de trabajo sobre financiación autonómica. En este sentido, García ha destacado que en el informe se han tenido en cuenta las aportaciones de Castilla y León y ha valorado el consenso alcanzado entre comunidades autónomas y Gobierno. No obstante, y a pesar de que existe un amplio consenso entre los miembros de la Comisión en la práctica totalidad del informe, García ha recordado que se ha abierto un plazo de unos días para que se puedan hacer todavía algunas aportaciones a las conclusiones, ya que algunas comunidades autónomas lo solicitaron.
Castilla y León ha defendido, y así lo recoge el informe elaborado, la necesidad de abordar cuanto antes una propuesta para mejorar la Ley de Dependencia de 2006, revisar los mecanismos de financiación y garantizar la sostenibilidad del sistema.
García ha valorado el cambio sustancial en la posición del Gobierno, reconociendo la necesidad de mejorar la financiación por su parte, hasta recuperar, en los próximos tres años, las cuantías del nivel mínimo pérdidas con motivo de la crisis. Este ‘nivel mínimo’ es la cantidad que reciben las comunidades autónomas del Estado por cada persona que recibe prestaciones y en función del nivel de dependencia de esas personas.
Castilla y León ha defendido la necesidad de que el Gobierno incremente su financiación, aunque el compromiso del Gobierno en este incremento en las cuantías del nivel mínimo está todavía lejos de llegar a la financiación global del 50 % de la Dependencia por parte del Estado y tendrá que ser analizado por el grupo de trabajo de financiación autonómica. Este incremento permitiría a Castilla y León recuperar, en 2020, lo perdido en este nivel mínimo de financiación, ya que en la actualidad, con la disminución de la aportación del Estado en 2012, la Comunidad deja de recibir al año unos 15 millones de euros, que se recuperarían en tres años. En 2016, la Junta de Castilla y León destinó a la atención a las personas dependientes 534,4 millones de euros, de los que 104,7 millones de euros, un 20 % del total, provenían del Estado.
La consejera ha destacado que el informe también recoge la propuesta de Castilla y León de que el sistema de financiación tenga en cuenta el coste de los servicios y las prestaciones y que, para el cálculo de los costes, se contemplen las características de los territorios o la dispersión geográfica.
Otros de los aspectos defendidos por Castilla y León y recogidos en el informe es la necesidad de priorizar los servicios respecto a las prestaciones económicas, siempre respetando la voluntad de las personas en situación de dependencia, tal como se hace en Castilla y León, y la importancia de profundizar a través de estudios en el impacto que la Ley de Dependencia puede tener en el empleo, especialmente en el empleo femenino.
Junto a esto, se ha establecido el compromiso de todos para sacar adelante la Ley de Dependencia y mejorar la gestión en lo que cada Comunidad tenga que mejorar, como puede ser el caso en buena parte de España de las listas de espera. Castilla y León no tiene este problema al no tener lista de espera y al haber alcanzado la plena atención, pero se ha marcado el reto de seguir agilizando en los próximos tres años la gestión y reconocer el derecho a las prestaciones a partir del tercer mes desde que se presente la solicitud, a pesar de que la Ley señala como fecha que sea a partir del sexto mes.