Según la previsión para 2018 de un crecimiento económico del 2,6%, una tasa de paro que se reduce hasta el 12,2% y un aumento de 28.000 puestos de trabajo.
El Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves el límite de gasto no financiero para el próximo año, que se sitúa en 9.575,18 millones de euros. Esta cantidad supone un incremento del 3,54 % respecto al vigente en el ejercicio actual y representa el techo más alto desde que el Ejecutivo autonómico calcula esta magnitud que sirve de referencia para la elaboración de los Presupuestos. La cifra se ha computado sobre la previsión de un crecimiento económico del 2,6 %, una tasa de paro que se reduce hasta el 12,2 % y un aumento de 28.000 puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, el 2,8 %
El techo de gasto se obtiene de la suma de los ingresos no financieros que prevé obtener la Comunidad el año que viene –9.346,54 millones de euros, el 4,85 % más que en el ejercicio en curso– y de los recursos asociados al objetivo de déficit, que está fijado en el 0,4 % del Producto Interior Bruto (PIB) regional y equivale a 241,26 millones. A la cantidad obtenida hay que restarle 12,62 millones de euros como consecuencia de los ajustes de Contabilidad Nacional.
El resultado de la operación es el tope de 9.575,18 millones de euros de gasto no financiero en los que como máximo podrá incurrir el Gobierno de Castilla y León durante el año que viene, 327,21 millones más que en el presente ejercicio. Conviene subrayar que esta comparativa se establece con el importe de los créditos no financieros que recogen los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2017 –fijado definitivamente en 9.247,97 millones de euros–, una cifra que fue corregida al alza con respecto al límite acordado dos meses antes por las Cortes de Castilla y León como consecuencia de la modificación de determinados ingresos procedentes del Gobierno central.
Es importante destacar que el techo de 9.575,18 millones acordado esta mañana es coherente con el escenario macroeconómico proyectado para el próximo ejercicio, donde el Producto Interior Bruto (PIB), la tasa de paro y la ocupación presentan una evolución más favorable. Asimismo, constituye el límite de gasto no financiero más elevado desde que el Ejecutivo autonómico se sirviera por primera vez de esta magnitud para confeccionar los Presupuestos de la Comunidad del ejercicio 2012.
A este respecto, cabe recordar que la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera señala en el artículo 30 que el Estado, las autonomías y las corporaciones locales están obligadas a aprobar cada año un techo de gasto no financiero; mandato que también recoge para Castilla y León la Ley 7/2012, de 24 de octubre, de Estabilidad y Disciplina Presupuestaria, que es de aplicación a todos los entes del sector público autonómico.
La normativa nacional impone tres condiciones a las comunidades para calcular el límite de gasto no financiero. La primera es que se asegure el cumplimiento del objetivo de déficit, que finalmente se sitúa en el 0,4 % del PIB, después de que el Consejo de Política Fiscal y Financiera acordara el 27 de julio su revisión al alza en una décima. En segundo lugar, estipula que el endeudamiento total de la Comunidad previsto debe ajustarse al objetivo de deuda, que en el caso de Castilla y León es del 20 % del PIB. Por último, la cifra ha de ser acorde con la regla de gasto, de manera que el gasto computable en términos de Contabilidad Nacional no puede superar la tasa de referencia de crecimiento de la economía nacional del 2,4 %
La aprobación del techo de gasto supone dar un paso más en el proceso de elaboración del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2018, que se inició formalmente el pasado 27 de julio con la publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León de la orden firmada por la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, por la que se dictaban las normas para su articulación.
Como viene siendo habitual desde 2012, el Anteproyecto de Ley de Presupuestos se confecciona teniendo en cuenta los criterios del Sistema Europeo de Cuentas (SEC). Ello implica que el gasto no financiero que cabría deducir de los recursos disponibles y del objetivo de déficit asignado debe corregirse o ajustarse conforme a los parámetros del SEC, lo que para 2018 supone un ajuste negativo de 12,62 millones de euros.
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