El presidente de CSIF Castilla y León presenta un escrito-propuesta, en el que solicita adherise a una declaración de solidaridad con los trabajadores de la administración de aquella comunidad.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha instado este martes a la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos de la Junta de Castilla y León a trasladar el apoyo y solidaridad a los empleados públicos catalanes, por la situación de dificultad, incertidumbre y presiones que están sufriendo, como consecuencia de las recientes decisiones adoptadas por la Generalitat y el Parlament de Cataluña.
Por ello, la organización sindical ha registrado un escrito, en el que se pide que la próxima reunión de la Mesa trate este asunto, con una propuesta de declaración, para que “nuestros compañeros catalanes sientan que no están solos. Cuentan con todo el respaldo, colaboración y respeto del conjunto de los empleados públicos”, según ha señalado el presidente autonómico de CSIF Castilla y León, Carlos Hernando.
CSIF, que promueve esta campaña de apoyo en todas las mesas de negociación de empleados públicos de España, aplaude la posición de los funcionarios y letrados de la cámara catalana que se negaron a publicar la Ley del Referéndum y advirtieron de su ilegalidad. “Para nuestro sindicato, este es el mejor ejemplo de la independencia, la profesionalidad y el sentido de Estado de nuestros empleados públicos”, señala Carlos Hernando.
“Debemos recordar que somos un elemento cohesionador del Estado. Los empleados públicos trabajamos para la igualdad de todos los españoles, vivan donde vivan, y las administraciones públicas son garantes de los principios que sustentan nuestro modelo de Estado social, democrático y de derecho desde el comienzo de la democracia”, han afirmado.
Los empleados públicos catalanes, además de sufrir a lo largo de los últimos años, como el conjunto de los empleados públicos, los recortes en sus condiciones laborales, “ahora se enfrentan para mayor gravedad a una situación que les genera inseguridad jurídica, como consecuencia del denominado proceso soberanista”, han lamentado en CSIF.
“La primera obligación del empleado público, en cualquiera de las administraciones en las que ejerza su función –estatal, autonómica o local— es la lealtad constitucional y el debido acatamiento al ordenamiento jurídico vigente: la Constitución y el Estatuto de Autonomía”, han añadido.
Por otro lado, han incidido también en que los empleados públicos catalanes, como consecuencia del proceso independentista de la Generalitat, “pueden incurrir en responsabilidades disciplinarias e incluso penales, y CSIF, como defensor de los intereses de los trabajadores, no va a consentir que se vea afectada su seguridad jurídica, ni las condiciones laborales. En definitiva, que se ponga en peligro la carrera y el puesto de trabajo de un empleado público como consecuencia de una decisión política. Y desde luego, no vamos a permitir que se ejerza ningún tipo de presión o coacción contra un empleado público por el hecho de situarse en el orden constitucional. Los empleados públicos de Cataluña nos tienen a su lado”, aseveran finalmente en CSIF.