Mediante una quincena de actuaciones y perfeccionando aspectos dentro de las competencias de la Consejería Familia e Igualdad.
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, ha presidido la reunión de la Sección de Atención y Protección a la Infancia del Consejo de Servicios Sociales de Castilla y León. En este órgano de asesoramiento y participación en materia de protección a la infancia están representados todos los agentes implicados en el desarrollo y aplicación de las políticas de infancia. De él forman parte corporaciones locales, administración de justicia, organizaciones representativas de intereses sociales, entidades colaboradoras en materia de atención y protección a la infancia como Cruz Roja, Cáritas y UNICEF, el Consejo de la Juventud, asociaciones de padres y madres de alumnos de centros de enseñanza no universitarios, organizaciones sindicales más representativas y Confederación de Organizaciones Empresariales, además de representantes de los distintos departamentos de la Junta de Castilla y León de ámbitos con competencias que afectan a menores como servicios sociales, educación, sanidad, mujer, juventud, drogodependencias, empleo, consumo o deportes.
En el seno de la Sección se ha informado acerca de los datos y las actuaciones llevadas a cabo en el último año por el Sistema de Atención y Protección a la Infancia de Castilla y León, además de dar cuenta de las medidas llevadas a cabo para reforzar el sistema de protección en la detección y notificación de casos de maltrato y en la coordinación de sus agentes. En este sentido, Alicia García ha avanzado que desde hace más de un mes todos los departamentos implicados de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades han realizado un importante esfuerzo para reforzar el sistema de protección, detectando aquellos puntos que dentro de las competencias de la consejería son susceptibles de mejora y desarrollando medidas y actuaciones concretas para conseguirlo.
La consejera ha señalado que este análisis pormenorizado de cada una de las fases y elementos del procedimiento de actuación en el sistema de protección a la infancia ha permitido centrar las actuaciones en aspectos clave como la detección y la notificación de situaciones de maltrato en la infancia, además de en la coordinación de todas las instituciones que intervienen. García ha recordado que la detección de una situación de desprotección puede ser realizada por la familia, vecinos, educadores, profesionales sanitarios e instituciones, como Fiscalía, Juzgados, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Una vez que se detecta, se hace precisa una notificación del detector de la situación para que desde la Junta pueda intervenir ante una posible situación de desprotección. Además, la recepción de cada caso puede venir por una comunicación desde la Administración de Justicia, bien de la Fiscalía, o bien mediante una resolución judicial, que se ejecuta.
La detección y la notificación en la desprotección como aspectos clave
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades ha asegurado que tanto la detección como la notificación son aspectos trascendentes a la hora de determinar las actuaciones y la intensidad y forma de las mismas. En este sentido, ha ofrecido los datos más relevantes de 2016 respecto a notificaciones.
Los Servicios de Protección a la Infancia de la Junta de Castilla y León recibieron en 2016 un total de 1.192 notificaciones, 863 de las cuales generaron investigaciones por corresponder a posibles casos de desprotección y el resto, al no considerarse como tales, fueron atendidas por otros recursos. Algo más de la mitad de estas investigaciones, 446, derivaron en expedientes de protección. La Junta asumió la tutela de 294 menores y en 152 casos se llevaron a cabo medidas de apoyo familiar y asunción de la guarda por parte de la Administración a petición de las familias.
Respecto al origen de estas notificaciones, el mayor número procedió de corporaciones locales, un 30 %; seguido de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en un 17 % de los casos; del Ministerio Fiscal, en un 12 %; del Sistema Sanitario, en un 9 %, del Sistema Educativo, en un 5 %; de vecinos, familiares y de los propios menores, en un 5 % ,y de resoluciones judiciales, en un 4 % de los casos, en 13 de las cuales se acordaron medidas de protección directamente por el Juzgado.
En lo relativo a las causas que motivaron la apertura de expedientes de protección, destaca la negligencia física (falta de atención de las necesidades básicas del niño como alimentación, vestido o higiene), en un 28 % de los casos; seguida de la negligencia psíquica (falta persistente de respuesta a las señales, emociones y conductas efectuadas por el niño), en un 19 %; maltrato físico, en un 14 %; maltrato psíquico, en un 11 %; el modelo inadecuado por parte de los padres, en un 12 %, y el imposible cumplimiento de las obligaciones parentales (por enfermedad, incapacidad, ingreso en prisión, etc.), en un 9 % de los casos.
A partir de estos datos y de sus conclusiones, Alicia García ha avanzado que desde la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades se ha desarrollado un amplio abanico de actuaciones en torno a tres áreas de actuación: la específica de los propios Servicios Sociales, la adopción de medidas que implican a otras consejerías de la Junta y, por último, la coordinación con otros agentes del sistema, todas ellas enfocadas a mejorar y reforzar la detección y comunicación de posibles casos de maltrato infantil y la coordinación entre los agentes del sistema.
La formación específica a los profesionales es fundamental para una detección de casos de maltrato infantil más rápida y eficaz. Dado que el 30 % de las notificaciones provienen de las corporaciones locales, se está adaptando la formación específica de sus profesionales en esta materia. Además, se ha organizado para finales de octubre un primer curso dirigido a fiscales que abordará específicamente la violencia de género en el ámbito de la infancia. Junto a esto, se ha iniciado por vez primera un curso de formación sobre el modelo del sistema de protección a la infancia en el que participan 200 profesionales y técnicos de las secciones de Protección a la Infancia y de las corporaciones locales, que permitirá mayor coordinación entre los ellos.
Según los datos, el nivel de detección y notificación de casos por los ciudadanos es bajo, tan solo un 5 %, de los que en un 1,8 % de los casos la notificación procede de vecinos; en un 2,4 %, de familiares y en un 1,1 %, de los propios menores afectados. En este sentido, Alicia García ha hecho referencia a que se está actuando en la mejora de los mecanismos para que los propios ciudadanos puedan notificar esos posibles casos de maltrato si los detectan. Para ello se está mejorando la web de la Gerencia de Servicios Sociales, en la que ya se ha incorporado el teléfono de atención al menor.
Junto a esto, en breve se incluirá también un modelo sencillo, que hasta ahora no existía, para que los ciudadanos y menores puedan comunicar vía web situaciones de posible maltrato. Además, se han incorporado en el apartado de ‘Atención a la infancia’ los modelos de hojas de notificación de situaciones de riesgo y maltrato infantil para los profesionales y se va a mejorar el mecanismo para que puedan realizar sus notificaciones de una forma más sencilla y detallada.
También se están revisando los protocolos previstos en el 1-1-2 y en el 012 para ver si existe posibilidad de mejora en los mismos.
Alicia García se ha referido a que compartir información de la forma más fácil posible facilita la detección, agiliza la notificación y permite un mejor seguimiento de los casos. En este aspecto se está integrando la herramienta informática de los 54 equipos de intervención familiar de las corporaciones locales en el Sistema de Información de la Gerencia de Servicios Sociales, lo que permitirá a casi 300 profesionales intercambiar información para una mejor toma de decisiones y para comunicarlas con celeridad una vez adoptadas.
La consejera también se ha referido a que hoy se constituye un Grupo de Trabajo de expertos en infancia con el cometido de analizar y formular propuestas para mejorar especialmente la detección y notificación de situaciones de maltrato en la infancia y para la coordinación de todas las instituciones que intervienen, complementando con sus actuaciones la revisión que ya está realizando la consejería. El fin último es conseguir una mayor validez y consenso en todo lo que en un futuro se lleve a cabo. Los expertos que forman parte del grupo de trabajo serán nombrados a propuesta de las diversas administraciones y organizaciones que forman parte de esta Sección de Infancia.
A este grupo de expertos se le va a pedir que formule propuestas sobre aspectos relacionados con la forma de llevar a cabo actuaciones de sensibilización hacia los ciudadanos y su entorno cercano, para poder detectar y notificar posibles casos de desprotección infantil; sobre cómo mejorar las notificaciones de los ciudadanos ante esos casos de maltrato y cómo evitar situaciones de derivación de unos organismos a otros; y sobre cómo mejorar los protocolos de detección y derivación de presuntos casos de maltrato infantil en los diferentes ámbitos, analizando las normas, guías y protocolos que se vienen aplicando y estableciendo cauces ágiles y seguros de intercambio de información con todos los agentes implicados. En concreto, los trabajos de los expertos se centrarán en los siguientes documentos y en la forma en la que se vienen aplicando: Decreto 131/2003, de 13 de noviembre, que regula la acción de protección de los menores en situación de riesgo o de desamparo y los procedimientos para la adopción y ejecución de las medidas y actuaciones para llevarla a cabo; Protocolo Sanitario de Actuación ante la sospecha de maltrato intrafamiliar en la infancia y adolescencia; Guía 1 de detección y notificación ante situaciones de desamparo y riesgo en la infancia; Guía 2 de investigación y evaluación ante situaciones de desprotección en la infancia y Protocolo básico de intervención contra el maltrato infantil en el ámbito familiar.
Para contar con un marco general de actuación, Alicia García ha hecho referencia a que la consejería tiene también muy avanzado el Plan de Prevención de la Violencia Intrafamiliar, que incluirá actuaciones de prevención, detección y atención, con medidas específicas para los menores y sus familias y para una mejor atención de los menores en el seno familiar.
Otra de las actuaciones previstas por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades será la de la sensibilización social contra el maltrato infantil, para lo cual se promocionarán los derechos de la infancia.
Junto a las actuaciones propias que hacen referencia a los Servicios Sociales, Alicia García ha señalado que Familia e Igualdad de Oportunidades está trabajando también en la adopción de medidas que implican a otras consejerías. En lo que se refiere a la Consejería de Educación, se ha trabajado para elaborar un nuevo protocolo de intervención educativa ante posible riesgo y sospecha de maltrato infantil en el entorno familiar que se dará a conocer en breves fechas y que comenzará su aplicación este curso con carácter experimental. Junto a esto, también se desarrollarán acciones formativas para la sensibilización y formación de los profesionales de la educación para la detección y notificación del maltrato.
Respecto a la Consejería de Sanidad, en 2016 se puso en marcha el Protocolo Sanitario de actuación ante la sospecha de maltrato intrafamiliar en la infancia y la adolescencia, gracias al cual se han duplicado las notificaciones de posible maltrato recibidas desde los servicios sanitarios, pasando de 45 notificaciones en 2015 a 102 en 2016. Este protocolo ha permitido establecer nuevos retos y la posibilidad de mejorar la comunicación.
La tercera de las áreas en las que se está actuando es la relativa a la coordinación con los otros agentes del sistema, como son el Ministerio Fiscal, las corporaciones locales o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En este sentido, Alicia García ha señalado que con el Ministerio Fiscal se van a establecer cauces ágiles y seguros de intercambio de información, especialmente en supuestos de urgencia en los procedimientos de actuación ante notificaciones de posibles situaciones de desprotección.
Respecto a la coordinación con las corporaciones locales y con sus policías locales, se está elaborando conjuntamente una guía con el detalle de los procedimientos de actuación por parte de las corporaciones locales. También se quieren abordar las formas de coordinación con las policías locales en los aspectos relacionados con la detección y notificación en casos de desprotección de menores.
Por último, con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se van a seguir mejorando los cauces de intercambio de información respecto de los procedimientos de actuación para notificaciones de posibles situaciones de desprotección.