Alicia García, consejera de Familia e Igualdad este lunes. /Jta.


CASTILLA Y LEóN
Actualizado 09/10/2017 18:07:08

El Departamento que encabeza Alicia García tiene en ejecución avanzada otro 12%. Uno de los retos alcanzados ha sido conseguir la plena atención a la dependencia en Castilla y León, lo que ha supuesto convertirse en la primera y única comunidad autónoma en conseguirlo.

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, ha comparecido a petición propia ante la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades de las Cortes de Castilla y León para informar sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de la consejería en el ecuador de la presente Legislatura. Un balance que ha sustentado en los objetivos comprometidos en su comparecencia de Legislatura, en los compromisos marcados por el presidente de la Junta de Castilla y León en los debates de política general y en las comparecencias de presupuestos, a lo que ha sumado otras actuaciones que, aunque no se marcaron como compromisos, forman parte de la gestión de la consejería en función de las necesidades surgidas.

García ha avanzado que, en poco más de dos años, la consejería ha alcanzado ya un elevado nivel de cumplimiento respecto a los compromisos asumidos al inicio de Legislatura: de los 91 compromisos formulados se han cumplido ya 68, lo que supone el 75 %, y otros 11 compromisos, el 12 %, se encuentran en un estado de ejecución avanzada. Otros 12, tal y como estaba previsto, se abordarán y culminarán en lo que resta hasta el final de la legislatura.

Los compromisos han sido formulados y concretados a partir de prioridades como la coyuntura económica y social existente hace dos años, que exigía respuestas inmediatas ante la situación de necesidad de miles de personas; el compromiso claro de la Junta con las personas para favorecer la creación de empleo como una de las mejores políticas sociales; la apuesta por consolidar y seguir mejorando uno de los mejores sistemas de Servicios Sociales de España, especialmente en el ámbito de la dependencia; el compromiso de la Junta con la igualdad de género y con la erradicación de la violencia machista, y la prioridad que se otorga desde el Gobierno de la Comunidad a las políticas tendentes a favorecer la emancipación, la formación y el empleo de los jóvenes.

Claves del trabajo desarrollado en estos dos años

Como las principales claves del trabajo desarrollado por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades durante estos dos años para alcanzar este elevado nivel de cumplimiento de los objetivos, Alicia García se ha referido en primer lugar al considerable esfuerzo presupuestario realizado, con un incremento del 11 % que incluye la aprobación, para 2017, del mayor presupuesto de la historia de la consejería, con más de 925 millones de euros para garantizar la sostenibilidad del sistema y para llegar a más personas y con mejor atención.

En segundo lugar, García se ha referido a que se ha desarrollado una intensa actividad de planificación en prácticamente cada área de actuación de la consejería, a través de siete planes, cinco decretos, 25 convenios o seis acuerdos con el Diálogo Social, que trazan una hoja de ruta del futuro de cada área. La consejera ha destacado que todo ha sido posible gracias a la apuesta por un importante diálogo, participación, consenso e implicación de las entidades del Tercer Sector, administraciones y agentes del Dialogo Social. Esta planificación se refiere a siete planes y estrategias como el I Plan Autonómico de inserción socio-laboral para fomentar la empleabilidad y el acceso al mercado laboral de las personas más vulnerables 2016/2020; el I Plan estratégico de Igualdad de Oportunidades para las personas con Discapacidad 2016/2020; la I Estrategia de Prevención de la Dependencia para las personas mayores y de Promoción del Envejecimiento Activo 2017-2021; la I Estrategia Impulso Joven 2020; la I Agenda para la Igualdad de Género 2020; el VII Plan Regional sobre Drogas 2017-2021; y el Plan Estratégico de Servicios Sociales de Castilla y León. La consejera ha añadido que esta actividad se complementa con la aprobación y presentación de cinco nuevos proyectos normativos y directrices de actuación, la aprobación de cuatro nuevos Decretos, la firma de hasta 25 nuevos convenios y protocolos con entidades públicas y privadas y la rúbrica de seis importantes acuerdos con el Diálogo Social en materias tan significativas como la atención a la dependencia, la red de protección o la igualdad en el empleo y la conciliación.

La tercera de las claves a las que se ha hecho referencia ha sido la de otorgar una prioridad absoluta a la protección y atención de las personas más vulnerables para lograr llegar a más personas y con mayor calidad.

Llegar a más personas, ya que son cerca de 180.0000 las atendidas anualmente en la Red de Protección durante estos dos años; 4.000 beneficiados más en estos dos años por la Renta Garantizada de Ciudadanía, lo que supone un incremento del 12 %; 23.500 nuevas personas dependientes incorporadas durante estos dos años al sistema de atención a la dependencia en Castilla y León, lo que supone un 38,5 % más; 20.000 menores atendidos anualmente en programas de prevención y protección; 11.600 nuevos socios del Club de los 60; 28.000 personas al año participantes en programas de sensibilización para la igualdad de oportunidades o 14.000 personas atendidas por la red asistencial con problemas de adicción a las drogas.

Contar con más recursos, ya que se han destinado 1.800 millones de euros para políticas sociales y de igualdad en estos dos años, lo que supone un incremento de 90 millones de euros en este periodo; más de 1.000 millones de euros para financiar la dependencia, que implica 61 millones de euros más y un 12 % más; casi 1.200 nuevas plazas en residencias para personas mayores; más de 600 nuevas plazas para personas con discapacidad; 1.000 nuevas plazas en centros infantiles o los 1,5 millones de prestaciones facilitadas el pasado año.

Y respecto a más empleo, 6.200 personas con discapacidad han participado en los itinerarios de inserción socio-laboral en estos dos años que han posibilitado casi 3.000 contrataciones y cerca de 5.500 personas perceptoras de la Renta Garantizada encontraron trabajo. Además, hay más de 21.000 contratos para personas en exclusión incentivados por la Junta desde el inicio de Legislatura.

Como cuarta característica fundamental del trabajo desarrollado, García se ha referido a la apuesta estratégica realizada por la consejería por la innovación social como herramienta clave en todos los proyectos para afrontar los principales retos que ha de encarar Castilla y León.

Grandes líneas de actuación en el cumplimiento de los compromisos

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades ha desarrollado el análisis de balance de los objetivos y compromisos en función de once grandes líneas de actuaciones desarrolladas en la primera parte de la Legislatura, cada una de las cuales contiene una serie de compromisos concretos que ha desgranado con detalle en su intervención. A modo de esquema, estas once líneas de actuación serían las siguientes:

1.- Priorizar y ampliar la atención y la protección a las familias y personas más vulnerables. Reforzando, mejorando y ampliando prestaciones y coberturas de la Red de Protección a las personas y familias más vulnerables; agilizando y adaptando a nuevos perfiles la Renta Garantizada de Ciudadanía o reforzando el programa de ayudas de urgencia social.

2.- Conseguir el gran reto de plena atención a las personas dependientes. Incorporar al Sistema de Dependencia a las personas dependientes de Grado I ha sido uno de los grandes retos alcanzados por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades en estos dos años, lo que ha convertido a Castilla y León en la primera y la única comunidad autónoma en conseguirlo. Esto supone que la Junta atiende ahora a 23.500 nuevas personas dependientes, un 38,5 % más, y que la lista de espera en la Comunidad es prácticamente inexistente, y ha supuesto también la creación de casi 7.400 empleos vinculados a la dependencia en estos dos años, en un sector en el que ya trabajan casi 24.000 personas. Junto a esto, se ha financiado adecuadamente y se han incrementado recursos para el Sistema de Dependencia; se han potenciado los servicios profesionales para prestar una atención de mayor calidad o se ha impulsado la figura de la asistencia personal.

3.- Continuar mejorando la atención a las personas con discapacidad. Con la aprobación de un Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades para personas con discapacidad; implantando y consolidando un modelo mejorado de atención a la discapacidad; actualizando el marco normativo en accesibilidad o promocionando apoyos que garanticen la atención temprana a la población infantil.

4.- Seguir mejorando la atención a las personas mayores. Con la aprobación de una Estrategia de prevención de la dependencia para personas mayores y de promoción del envejecimiento activo; regulando la acreditación del servicio de ayuda a domicilio; apostando por los centros multiservicios, especialmente en el mundo rural; con la aprobación de una nueva normativa para que los centros de mayores incorporen los elementos esenciales del modelo de atención centrado en la persona; colaborando con Sanidad en el impulso de una Estrategia de Atención al Paciente Crónico, o siguiendo con la transformación de plazas residenciales de plazas para válidos a plazas para asistidos.

5.- Impulso a políticas de creación de empleo en las diferentes áreas de actuación de la Consejería. Aprobando un Plan Autonómico Socio-laboral para fomentar la empleabilidad y el acceso al mercado laboral de las personas más vulnerables; facilitando la transición de cerca de 5.500 personas en dos años desde la Renta Garantizada de Ciudadanía hasta la inclusión laboral; apostando por los itinerarios personalizados de inserción laboral que han hecho posible que en dos años participen en estos itinerarios casi 6.200 personas posibilitando la firma de casi 3.000 contratos, o creando un ‘Banco de Buenas Prácticas’ que sirva de ejemplo y experiencia a las entidades públicas en la aplicación de medidas sociales en la contratación.

De igual manera, avanzando en la igualdad de género con propuestas como el programa ‘IO Empresas’, en el que han participado 700 empresas; reconociendo públicamente a las empresas la aplicación efectiva de la igualdad a través de los ‘Premios Óptima’; desarrollando un programa específico de atención a mujeres con necesidades especiales, con ayudas que han permitido la contratación de 37 mujeres víctimas de violencia de género, con el programa PEMCYL que ha conseguido la inserción laboral de 88 mujeres en situación de especial vulnerabilidad o con subvenciones a entidades del Tercer Sector por las que 4.400 mujeres cada año han participado en programas de capacitación laboral.

Junto a esto, se han potenciado programas vinculados a la Garantía Juvenil que favorezcan la transición de los jóvenes a la vida adulta y al mundo laboral, impulsando la formación complementaria a través de programas de formación o de propuestas como ‘SpinUp’ o con la actualización del catálogo de titulaciones juveniles y se ha intensificado la integración social y laboral de personas drogodependientes.

6.- Refuerzo del compromiso con la protección a la infancia. A través de un sistema que atiende anualmente a 40.000 menores en programas de promoción, prevención y protección; priorizando el acogimiento familiar para menores de tres años y aprobando el Estatuto del Acogedor; trabajando junto con las entidades de infancia en el desarrollo de actuaciones para promover la aplicación efectiva de los derechos de la infancia, o intensificando actuaciones con menores y adolescentes en situación de riesgo social.

7.- La familia y las medidas de conciliación. Con la ampliación progresiva del programa ‘Crecemos’ y el incremento de 310 nuevas plazas financiadas; con programas como ‘Pequeños madrugadores’ de ampliación de horarios o ‘Conciliamos’, que atiende al año a 6.500 niños y niñas en periodos vacacionales; con la reducción de tasas para escuelas infantiles de la Junta entre un 10 % y un 20 % y ampliando las exenciones a familias, víctimas de terrorismo y mujeres víctimas de violencia de género, o con la próxima convocatoria de subvenciones para compensar la disminución de ingresos de trabajadores que ejerciten derechos de reducción de jornada laboral y de excedencia para el cuidado de hijos.

8.- Funcionamiento general del Sistema de Servicios Sociales. Aprobando la normativa que regula la Historia Social y el Registro Único de usuarios del Sistema de Servicios Sociales de responsabilidad pública, o con la puesta en marcha del Comité de Ética de los Servicios Sociales

9.- Lucha por la igualdad de género y contra la violencia machista. Con la aprobación de la I Agenda para la Igualdad de Género 2020; extendiendo y potenciando programas de sensibilización en materia de igualdad en el ámbito familiar y con actuaciones proactivas con estudiantes; difundiendo a través de redes sociales valores y principios de igualdad de género y contra la violencia de género; e incrementando la cooperación con las universidades para la inclusión de contenidos de igualdad.

Resultan especialmente destacable, en el ámbito de la coordinación institucional, los convenios firmados entre la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades con el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con el Consejo de la Abogacía de Castilla y León, con la Fiscalía de la Comunidad, con el Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León, con las universidades de la Comunidad y con el Consejo de Colegios de Farmacéuticos de Castilla y León.

Además, se ha avanzado en la lucha por a igualdad de género y contra la violencia machista desarrollando e implantando el modelo integral de atención a víctimas de violencia de género ‘Objetivo Violencia Cero’ a través de la aprobación de sus directrices, de actuaciones de prevención y sensibilización, de la puesta en marcha de formación para profesionales de distintos ámbitos y potenciando los servicios a disposición de las mujeres a través de la labor de los coordinadores de caso como profesionales de referencia en la atención individualizada a las víctimas.

10.- Oportunidades para los jóvenes. Con la aprobación de la I Estrategia de Impulso Joven 2020, fomentando y ampliando la participación de los jóvenes en la vida pública y reforzando el apoyo al asociacionismo, potenciando el Consejo Asesor de Juventud como órgano de diálogo, o digitalizando el Carné Joven y promocionando su uso e impulsando servicios de información avanzados.

11.- Atención a las personas drogodependientes. Con la aprobación del VII Plan Regional sobre Drogas; reforzando actuaciones en el ámbito educativo, familiar y extraescolar, con especial atención en los jóvenes y en las sustancias cuyo consumo está más extendido, como alcohol, tabaco y cannabis, e incrementando las actuaciones de prevención en el consumo en el ámbito del ocio; desarrollando un nuevo programa de prevención escolar como el ‘Unplugged’; a través de programas de prevención indicada para familias o de guías para entidades locales orientadas a reducir el consumo de alcohol, o potenciando la red asistencial al drogodependiente de Castilla y León.

Compromisos de próximo cumplimiento

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades se ha referido a que, según estaba previsto, hay compromisos cuyo cumplimiento estaba previsto en la segunda parte de la legislatura y que el trabajo continúa para cumplir en su totalidad todo lo comprometido.

Alicia García ha explicado que, entre esos compromisos, hay varios que además está previsto que su cumplimiento sea en los próximos meses, como la aprobación de un Proyecto de Ley para perfeccionar la configuración y el funcionamiento de la Red de Protección, elevando a la categoría de derecho subjetivo prestaciones sociales como el reparto urgente de alimentos y el servicio de información y orientación en materia de desahucios. También ha señalado que se va a reducir el plazo de tramitación de las solicitudes de ayudas a la dependencia a los cinco meses, y ello enmarcado en el compromiso de legislatura de reducir este plazo a tres meses.

Entre los compromisos de próximo cumplimiento, García ha incluido también la aprobación del primer Plan Estratégico de Servicios Sociales de Castilla y León; la firma de un nuevo Acuerdo Marco de cofinanciación de los Servicios Sociales con las corporaciones locales, que va a incrementar la financiación, especialmente, en el servicio de atención a domicilio; la actualización del Catálogo de Servicios Sociales, ampliando sus prestaciones y servicios en función de las nuevas necesidades detectadas; la creación de una línea de ayudas a menores huérfanos de víctimas de violencia de género, o la actualización de la Plataforma de Información Juvenil, con unas páginas web de Juventud y de Carné Joven más modernas y accesibles.

La realidad de Castilla y León en indicadores a día de hoy

Junto al balance del trabajo realizado en el ecuador de la Legislatura, la consejera ha ofrecido una serie de datos e indicadores que reflejan la evolución en estos dos años tanto de la situación social de Castilla y León en los ámbitos que afectan a esta consejería como del propio sistema de Servicios Sociales.

Alicia García ha señalado que, a pesar de que los datos indican que la situación en Castilla y León ha mejorado sensiblemente en estos años y que es mejor que la del resto de España, esto no implica que desde la consejería se deje de trabajar mientras exista una sola persona que necesite apoyo y atención, sino todo lo contrario.

En estos dos años, la tasa de riesgo de pobreza ha descendido 2,7 puntos respecto de la de 2014, situándose hoy en el 17,7 %, lo que hace de Castilla y León una de las comunidades autónomas con menores índices de pobreza del país, tras dos años consecutivos de descenso.

Asimismo, respecto de la tasa de hogares con carencia material severa, durante los dos últimos años Castilla y León ha pasado del 2,6 % al 2 %. Esto implica que la Comunidad tiene la menor tasa de toda España y la media nacional es casi del triple.

Castilla y León es también una de las comunidades que más ha reducido la tasa de niños en hogares con privación material severa, pasando del 4,3 % al 3,5 %, lo que supone estar 5,6 puntos por debajo de la media nacional.

Además, es la segunda comunidad con menor tasa de pobreza energética, con el 3,6 %, y es la segunda con menor tasa de hogares con retrasos en sus pagos.

Se han reducido de forma significativa las ejecuciones hipotecarias iniciadas, pasando de las 1.600 de 2014 a las 542 de 2016, lo que supone una reducción del 66,1 %.

Castilla y León cuenta con 7,79 % de cobertura de plazas residenciales para personas mayores, 3,6 puntos por encima de la media nacional, ya que en estos años se han creado casi 1.200 nuevas plazas en residencias para personas mayores.

Actualmente, Castilla y Leon cuenta con una cobertura de plazas infantiles del 68 %, más de seis puntos respecto del inicio de la legislatura, ya que en estos años se han creado casi 1.000 plazas.

Existe plena atención a la dependencia en la Comunidad. Así, el 98,6 % de las personas dependientes con derecho a prestación ya la reciben. Mientras que a nivel nacional la lista de espera es del 25,70 %, en Castilla y León es prácticamente inexistente.

En Castilla y León se crean 50 empleos por cada millón de euros invertidos en Servicios Sociales, y una tasa de retorno del 40,4 %, mientras que la media en España es de 35 empleos.

Y en cuanto al Sistema de Servicios Sociales en general, el último Índice de Desarrollo de los Servicios Sociales publicado califica a los Servicios Sociales de Castilla y León como de ‘Nivel ALTO’, ascendiendo respecto a 2014, siendo la comunidad autónoma de régimen común con mejor calificación en desarrollo de Servicios Sociales, más de 2 puntos por encima de la media nacional; el Observatorio de la Dependencia, en su último informe de febrero de 2017, sitúa al sistema de Servicios Sociales de Castilla y León, por novena vez consecutiva, en el primer puesto, con una puntuación de 8,9 puntos sobre 10, casi 4 puntos más que la media en España, y el director de la Asociación Nacional se ha referido a Castilla y León como la única Comunidad en España en la que se cumple la Ley de Atención a la Dependencia al 100 %.

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