CASTILLA Y LEóN
Actualizado 17/10/2017 11:21:40

Se suman a otras siete personas en Pamplona en una operación en la que se han liberado otras tantas personas.

Una operación conjunta de Policía Nacional y Guardia Civil ha permitido la detención de once personas, siete de ellas en Pamplona y otras cuatro en Segovia, por un presunto caso de trata de mujeres, incluidas menores de edad, para contraer matrimonios forzados o explotarlas sexualmente.

Según han informado a Europa Press fuentes de la investigación, en el operativo se han liberado a siete víctimas de origen rumano, entre las que se encontraban tres menores de 13, 16 y 17 años y se ha dado por desarticulado el grupo criminal.

La investigación comenzó en abril de este 2017, cuando la Brigada contra la Trata de Seres Humanos de la Policía Nacional recibió un escrito por parte de la Agregaduría de Interior de España en Rumanía en la que se comunicaba la denuncia interpuesta en dicho país por una ciudadana rumana que aseguraba que su hija era explotada en el ejercicio de la prostitución en España, en la ciudad de Pamplona.

Al parecer, la organización criminal responsable -compuesta por ciudadanos rumanos- se dedicaba a captar mujeres en su país de origen para posteriormente tratarlas en España con fines de explotación sexual.

Para ello aprovechaban, en unos casos, la situación de necesidad de éstas engañándolas mediante el método conocido como 'Lover Boy', un miembro de la organización las seducía de alguna manera para conseguir que viajaran engañadas por un supuesto compromiso amoroso, y, en otros casos, recurriendo a la fuerza para sacarlas de su entorno familiar.

En la denuncia, la madre de la víctima narraba cómo su hija fue introducida a la fuerza en un vehículo en su ciudad natal de Rumanía, para luego ser trasladada hasta España en contra de su voluntad. De la misma forma aseguraba que, más tarde, la joven habría sido vendida a otro grupo criminal asentado en España.

En Segovia

La víctima había sido identificada en Pamplona junto con otro grupo rumano dedicado a la comisión de robos en fincas rústicas, naves industriales y cables de cobre. Al parecer, la joven había sido captada en primer lugar por otro hombre al que este grupo exigía el pago de 200 euros a cambio de entregarle de nuevo a la mujer, sin llegar finalmente a ningún acuerdo. Avanzada la investigación, los agentes de Policía Nacional identificaron a esta tercera persona, que residía en Segovia.

Por otro lado, agentes de la Guardia Civil de Segovia detectaron a una mujer extranjera que podría ser víctima de explotación sexual y agresiones por parte de su pareja sentimental.

Los agentes pudieron constatar que la víctima había sido inducida por un grupo de personas residentes en la capital segoviana para la práctica de la prostitución, llevando a cabo un control exhaustivo sobre ella, desde que iniciaba su actividad en el ejercicio de la prostitución hasta su cese de madrugada, exigiendo que en cada servicio diera cuenta del tiempo que había estado con cada cliente y del dinero que había ganado con ello, de acuerdo con las mismas fuentes.

Una vez analizada la coincidencia con la investigación llevada a cabo por ambas Policías, se creó un Equipo Conjunto de Investigación a través del Centro de Inteligencia Contra el Terrorismo y Crimen Organizado (CITCO) con el objetivo de desarticular la organización investigada y liberar a sus víctimas.

En el transcurso de la investigación se pudo determinar que el clan asentado en Pamplona, aparte de otros ilícitos penales, se dedicaba también a concertar matrimonios forzados entre menores de edad, a cambio de dinero, negociando para ello la venta de sus propios hijos.

Por otra parte, otras tres víctimas fueron identificadas en Segovia, tratadas de la misma forma para su introducción en locales de alterne o para convenir matrimonios forzados de menores mediante contraprestación económica.

Junto a las detenciones, se han realizado cuatro registros domiciliarios -dos en Segovia y dos en Pamplona- en los que los agentes se han incautado de un vehículo de alta gama, 2.300 euros en efectivo, dispositivos informáticos, móviles, elementos para el corte de droga y abundante documentación que está siendo analizada.

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