Alberto Rodríguez, concejal del PP en el Ayuntamiento de Soria.


CAPITAL
Actualizado 25/10/2017 17:54:42

Alberto Rodríguez critica el funcionamiento de la administración interna en el Consistorio donde afirma que no hay políticas de Recursos Humanos.

“Paralización burocrática, ralentización y pérdida de calidad de los servicios”. Así ha resumido el concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Soria, Alberto Rodríguez, el estado en el que se encuentra el área de personal en el consistorio capitalino.

Como ejemplos, Rodríguez ha citado “el concurso interno de traslados no hay nada hecho, sistema de carrera profesional no hay nada hecho, la relación de puestos de trabajo no hay nada hecho”. A esto se añade que la mesa general de negociación, la encargada de formalizar el nuevo convenio, “no se ha reunido durante 2016 y 2017”.

Además, ha apuntado que la Comisión de Seguridad y Salud “solo se ha reunido una vez en esta legislatura”, mientras que la referida a la Valoración de Concursos no lo ha hecho “nunca”, al igual que la encargada de Valoración de los Puestos de Trabajo, “a pesar de tener un manual de funciones que data de 2005”. Tampoco se ha reunido la Comisión de Formación, según ha asegurado.

Oferta de Empleo Público

Sobre la Oferta de Empleo Público de 2016, con plazas únicamente para Policía Local y Bomberos, el concejal ha lamentado que sigue sin estar convocada, aunque debería haberlo estado a partir de enero pasado.

“Como conclusión hemos demostrado que el equipo de gobierno no está trabajando en el área de personal, solo ponen parches circunstanciales y cuando urge de la situación”, ha insistido Rodríguez, quien ha añadido que no figura en la actualidad municipal ninguno de los puntos anteriores versados en lo que se refiere a Recursos humanos, “ni en comisiones informativas de Organización, ni en comisión Paritaria en toda la Legislatura desde 2015”.

El concejal ha recordado que el único empleo que se ha generado durante los últimos años en el Ayuntamiento capitalino es el que ha costado la Junta de Castilla y León, con contrataciones temporales, contratos de obras y servicios para personas desempleadas, y contrataciones a perceptores de la renta garantizada.

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