Suscriben un protocolo para la educación y formación a los estudiantes universitarios favorecer el desarrollo de titulaciones propias y específicas en la materia y la inclusión de contenidos sobre este asunto en otras titulaciones.
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, el consejero de Educación, Fernando Rey, y los rectores de las nueve universidades públicas y privadas de la Comunidad han firmado un protocolo para impulsar y fomentar acciones en el marco del pacto por los derechos de la infancia en Castilla y León. Con la firma de este protocolo, las universidades se adhieren al Pacto por los derechos de la Infancia de Castilla y León, aprobado el 20 de octubre de 2012 en el Consejo Regional de Atención y Protección a la Infancia, un Pacto avalado por UNICEF, del que ya forman parte 177 entidades públicas y privadas de la Comunidad y que cuenta con dos grupos de trabajo permanentes en materia de juventud y de educación.
Fernando Rey ha asegurado que la Administración educativa autonómica acoge con satisfacción que las universidades públicas y privadas de Castilla y León se unan a las actuaciones de atención y protección a la infancia. Alicia García, por su parte, ha destacado la importancia de esta adhesión al Pacto porque va a constituir la primera alianza estratégica de colaboración entre la Junta y el ámbito universitario de Castilla y León para el desarrollo de acciones de protección de los derechos de la infancia y que alcanzará a los casi 83.000 estudiantes de las nueve universidades de la Comunidad. En este sentido, desde la Junta se ha destacado la importancia de contar con la universidad en este ámbito de la protección de los derechos de la infancia, ya que es un entorno privilegiado de difusión y sensibilización a la sociedad, de prevención e investigación y de aprendizaje y educación de futuros profesionales.
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades se ha referido a que el espacio de cooperación y colaboración que se abre con este protocolo posibilitará un amplio abanico de actuaciones. Entre ellas, acciones de educación y formación específica en el ámbito universitario para contar con profesionales cualificados y preparados en la atención a los menores y que, al mismo tiempo, redunden en la mejora constante del sistema de protección a la infancia; y acciones de sensibilización e investigación para la mejor protección de los derechos de la infancia.
Por su parte, Fernando Rey se ha referido a que la Consejería de Educación trabaja desde hace años con varias ONG de reconocido prestigio para intensificar la formación del profesorado no universitario de la Comunidad en materia de derechos de la infancia y los alumnos ya trabajan en las aulas con ellos. Estas iniciativas consiguen involucrar a toda la comunidad educativa para hacer realidad los derechos de los niños más vulnerables.
Áreas de actuación del protocolo
Área docente. Las actuaciones en esta área tienen como objetivo impulsar una educación y formación a los estudiantes universitarios basada en los derechos y la protección de la infancia. En esta línea de actuaciones se contempla tanto favorecer en las universidades el desarrollo de titulaciones propias y específicas en esta materia como la inclusión de contenidos sobre derechos de la infancia en todas aquellas titulaciones cuya salida profesional esté relacionada con la atención directa a menores de edad. Junto a esto, se fomentará la realización y difusión de materiales didácticos con contenidos educativos que promuevan el conocimiento de los derechos de la infancia.
Área de sensibilización. Las universidades promocionarán actuaciones de sensibilización entre el alumnado en materia de derechos de la infancia y apoyarán y colaborarán en la puesta en marcha de campañas de sensibilización sobre la protección de los derechos de la infancia, utilizando como herramientas de difusión las nuevas tecnologías y especialmente la redes sociales de las universidades.
Área de investigación. En esta área se realizarán estudios y trabajos de investigación relativos a la infancia de Castilla y León y se fomentará la creación en las universidades, a través de sus bibliotecas, de un espacio con un fondo bibliográfico especializado, destinado a la información sobre derechos de la infancia.
En virtud del protocolo firmado, las universidades de Castilla y León se comprometen también a participar en actos relacionados que den visibilidad a los derechos de la infancia. Todas las actuaciones de este protocolo se desarrollarán a través de acuerdos específicos sobre las diversas actividades y proyectos.
El Pacto por los derechos de la Infancia de Castilla y León se integra en el conjunto de actuaciones que desarrolla la Junta para la atención a la infancia y en la protección de sus derechos. En 2017 ha contado con una financiación por parte de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de 57 millones de euros.
En 2016, a través de este modelo integral, se llegó a casi 40.000 niños y niñas de la Comunidad a través de diversos programas. De estos, cerca de 20.000 menores participaron en actuaciones de promoción de derechos, desarrolladas a través de diferentes programas en colaboración con la Consejería de Educación, con las asociaciones y en escuelas infantiles y campamentos. En este apartado se encuentran programas como ‘Derechos al buzón’ o ‘Aquí entre Nos: conociendo los derechos de adolescentes’, en ambos casos con guías didácticas de apoyo a docentes, o el diccionario práctico: para conocer y entender mejor tus derechos.
También se desarrollaron actuaciones de sensibilización a través de los medios de comunicación y colaborando con las corporaciones locales en programas preventivos que eviten la vulneración de esos derechos. Junto a esto, más de 11.200 menores participaron en actuaciones de prevención. También 8.688 niños y niñas participaron en actuaciones de protección, de los que más de 1.440 fueron tutelados por la Junta.