El equipo científico recabó datos de las situaciones de incapacidad temporales registradas en la Seguridad Social, que establece dos tipos de bajas, vinculadas o no al trabajo.
Economistas de la Universidad de Valladolid en el campus María Zambrano de Segovia han desarrollado una metodología que estima tanto el coste de este tipo de absentismo por baja laboral como el momento en el que se produce tal comportamiento oportunista.
El equipo investigador calcula que de los 26 días de media, los once y medio finales corresponderían a una prórroga "innecesaria" y atribuye un sobrecoste de unos 3.000 millones de euros para las arcas públicas entre 2005 y 2013 por la asunción de este riesgo moral.
Un riesgo moral es aquel que una parte asume a su favor cuando tiene más información que la otra en un contrato. Un ejemplo es el del contratante de un seguro sanitario. Generalmente, la persona asegurada tiene más información que su compañía respecto a su propio estado de salud, por lo que está en ventaja a la hora de negociar las condiciones.
El equipo de investigación del Departamento de Análisis Económico de la Universidad de Valladolid aplicó el concepto de 'riesgo moral' (aquel que una parte asume a su favor cuando tiene más información que la otra en un contrato) para estudiar las bajas por accidente laboral en España.
"Podemos dividir este periodo de recuperación en dos partes, el relativo a la recuperación de la lesión en sí, y el del riesgo moral que puede asumir el afectado para prolongar el periodo de restablecimiento", explica Ángel Luis Martín Román, responsable de la investigación.
El coste de la duración del riesgo moral está estudiado en economías como la estadounidense o las escandinavas, pero apenas se ha tratado desde un punto de vista de la economía positiva en España. El trabajo de investigación ha sido publicado recientemente en la revista 'European Journal of Health Economics'.
El equipo científico recabó datos de las situaciones de incapacidad temporales registradas en la Seguridad Social entre los años 2005 y 2013. La Ley General de la Seguridad Social establece dos tipos de bajas, vinculadas o no al trabajo.
Las bajas por accidente laboral suceden cuando la persona trabajadora no puede acudir a su puesto de forma temporal por una lesión o enfermedad profesional. En el caso de las segundas, el trabajador asegurado percibe desde el primer día el 75 por ciento de la base reguladora y tiene garantizada la asistencia sanitaria y los tratamientos necesarios para recuperar su estado de salud.
Los datos del Ministerio de Empleo sirvieron como variables en una fórmula y así conocer la duración ideal de cada tipo de baja por accidente.
"Se realizaron comparaciones de las bajas estadísticamente similares y, a partir de un análisis denominado de frontera estocástica, se estableció el límite de tiempo que lleva la recuperación de cada tipo de baja. A partir de este mínimo, se puede estimar el riesgo moral asumido por parte del asegurado, este tipo de absentismo", explica Martín Román.
El procedimiento descrito es una aproximación metodológica "novedosa" que se puede exportar a otros países con un sistema de cobertura de Seguridad Social como el español. Precisamente en el artículo, se establece una comparación con otros doce países europeos occidentales sobre el sistema de compensación de las bajas laborales cubiertas por el Estado.
El análisis llevado a cabo con datos de entre 2005 y 2013 lleva a los investigadores a afirmar que de los 26 días de media que dura una baja por accidente laboral, alrededor de 11,5 días corresponden a un comportamiento oportunista del trabajador.
Trasladado a costes económicos, los economistas establecen que cerca del 45 por ciento de los costes es atribuido a una prolongación más allá del límite ideal de la recuperación de las lesiones. En ese periodo de tiempo, se destinaron un total de 6.920 millones de euros para retribuir estas ausencias del trabajo por motivos de salud. Alrededor de 3000 millones, según el cálculo del equipo de Análisis Económico, se podrían atribuir a comportamientos absentistas.
"Las medidas de política económica podrían ser más efectivas para reducir este coste, dado que estamos hablando de dinero público", remarca Martín Román.