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Esta actualizará y mejorará la normativa actual para adaptarla a la nueva realidad social y a las proyecciones de futuro.
La Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, ha anunciado en León que la Junta inicia la tramitación del nuevo Proyecto de Ley del Voluntariado de Castilla y León. En este ámbito, se ha producido una importante evolución tanto en la sociedad como en la realidad de la acción voluntaria desde que se hiciera hace 12 años la última normativa en la materia, y la importancia cada vez más creciente del voluntariado requiere de una nueva normativa que se adapte a los nuevos tiempos, a las tendencias de futuro y a la regulación estatal. García ha asegurado que de la importancia de la labor del voluntariado en Castilla y León hablan por sí solas las cifras: 386 entidades de voluntariado registradas y más de 200.000 voluntarios. Del total de asociaciones más del 50 % son del ámbito de la acción social y los servicios sociales, seguido de entidades de fomento del voluntariado con un 10 % y de entidades de voluntariado de ocio y tiempo libre con un 8,2 %.
Cruz Roja es la mayor entidad de voluntariado de España y con ella se ha comenzado una ronda de reuniones con las asociaciones del voluntariado de la Comunidad con las que se quiere compartir el desarrollo realizado hasta ahora del Proyecto de Ley y recoger sus aportaciones y sugerencias de cara a mejorar y enriquecer el texto final.
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades ha adelantado algunos de los aspectos más destacados de la futura Ley del Voluntariado en Castilla y León, una norma cuya misión será mejorar el actual marco normativo del voluntariado, reforzándolo y adaptándolo a las necesidades del voluntariado del siglo XXI con el fin de promover y facilitar la participación solidaria de la ciudadanía en actuaciones de voluntariado realizadas a través de entidades de este tipo.
En este sentido, Alicia García ha avanzado que la Ley tendrá cuatro aspectos o novedades principales: será una Ley para promocionar y favorecer un voluntariado abierto a toda la sociedad; un voluntariado moderno con las modalidades más avanzadas y tecnológicas; que mejore la situación y protección del voluntariado y que garantice un voluntariado seguro tanto para voluntarios como para sus destinatarios.
Respecto a la promoción de un voluntariado abierto a toda la sociedad, con una participación cada vez más importante de todas las edades y lo largo de las distintas etapas de la vida, la consejera se ha referido a que el Proyecto de Ley reconoce, entre otros, el voluntariado social, ambiental, cultural, deportivo y de protección civil. También amplía el ámbito de actuación del voluntariado al incluir voluntariados como el corporativo, el de empresa, el institucional o el de las administraciones públicas. Al mismo tiempo prevé la regulación de la prestación de voluntariado por menores de edad introduciendo la necesidad de autorización expresa por padres o tutores para que los menores entre los 12 y los 16 años puedan ser voluntarios, ya que a partir de 16 no se necesita autorización expresa. Junto a esto, y en lo relativo al fomento del voluntariado, se introducen las posibilidades de las acciones de fomento dentro de los nuevos ámbitos como son las empresas, las instituciones, las universidades y las propias administraciones.
Otra de las novedades es la de recoger nuevos tipos de voluntariado, como el que se preste a distancia gracias a las tecnologías de la información y comunicación, el conocido como voluntario tecnológico o digital.
En tercer lugar, la Ley pretende mejorar la situación y protección del voluntariado. En este sentido, se contempla como medida de protección al voluntario que las actividades que se realicen vinculadas a él no puedan ser admitidas como una causa justificada para la resolución del contrato de trabajo o el reconocimiento de competencias adquiridas por el voluntario durante su acción mediante fórmulas ya reguladas de reconocimiento por experiencia laboral o de vías de formación no formal. Junto a esto, en las relaciones entre el voluntario y la entidad de voluntariado se ha introducido que, en los casos de conflictos, se acuda a los procedimientos de la ley de Arbitraje si en el documento de incorporación a la entidad expresamente se recoge esta posibilidad, o se añade expresamente el derecho a la protección de los datos de carácter personal conforme a la legislación presente tanto para el voluntario como para la persona destinataria a dicha acción.
Por último, la cuarta de las grandes líneas del Proyecto de Ley es abogar por un voluntariado seguro, tanto para los propios voluntarios como para los destinatarios del de la acción. Sobre ello se recogen aspectos como la exigencia de aportar el certificado negativo de antecedentes penales relativo a la existencia de condenas por sentencia firme por delitos contra la libertad e indemnidad sexual, trata o explotación de menores en el caso de que la actividad del voluntario se produzca de forma habitual con menores, o se introduce la prohibición de ser voluntario a los condenados por la comisión de los delitos de violencia doméstica o de género, por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral, o la libertad en indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos, o por delitos de tráfico ilegal o de inmigración clandestina de personas o por delitos de terrorismo, si fueran a participar como voluntarios en este tipo de programas, cuyos destinatarios puedan ser personas que hayan sido víctimas de esos delitos
Junto al proyecto de Ley del Voluntariado, en la reunión se han analizado los diferentes programas que se desarrollan de forma conjunta por parte de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y de Cruz Roja. Alicia García ha definido a Cruz Roja como un aliado fundamental y necesario en el desarrollo de los programas que impulsa la Junta de Castilla y León en el ámbito de los servicios sociales, sobre todo como como miembro fundamental de la Red de Protección a las Familias afectadas por la crisis y como agente del modelo Objetivo Violencia Cero. Junto a esto, Cruz Roja también desarrolla una labor fundamental en programas de apoyo a personas mayores, a la infancia, a los jóvenes, a la prevención y lucha contra la drogadicción y en la atención a los refugiados.
En este sentido, la colaboración entre ambas entidades permitió atender en 2017 a cerca de 18.000 personas en la Comunidad. Para el desarrollo de todos esos programas conjuntos, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades financió el año pasado a Cruz Roja con 3,87 millones de euros, a los que habría que sumar los 5,51 millones que la entidad percibe de la Junta vía IRPF, lo que supone un total de 9,38 millones de euros.
La principal colaboración de Cruz Roja en el ámbito de actuación de la Consejería es la atención a personas y familias en situación de vulnerabilidad, participando en la constitución y funcionamiento de la Red de Protección a las personas y familias, y en cada una de sus tres fases: prevención, atención e inserción e integración socio-laboral.
Por un lado, en la fase de la prevención, desarrollando programas orientados a la infancia, entre los que destacan los apoyos a familias y atención a jóvenes con dificultad, el programa de acogimientos familiares en el que el volumen de acogimientos formalizados por Cruz Roja está permitiendo que cerca del 60 % de los acogimientos se realicen en familias. También se encuadra en esta fase el Programa de Voluntariado Joven, en el que participa Cruz Roja junto a 41 entidades colaboradoras y que ha permitido informar y formar a 1.924 jóvenes y contar con 325 jóvenes voluntarios. En total más de 3.600 personas atendidas.
En la fase de atención, ha permitido atender las necesidades básicas de más de 8.400 personas y aquí destaca el programa de reparto de alimentos, que ha contabilizado desde su puesta en marcha casi 5.700 atenciones que han beneficiado a más de 14.300 personas. En 2017 ha sido 295 las atenciones realizadas, lo que supone un nuevo descenso respecto de 2016, que fueron 335.
El empleo para la inserción e integración socio-laboral es la tercera fase, a través de programas destinados a superar la exclusión social y favorecer el acceso al mercado laboral. Más de 1.300 personas beneficiadas y 173 empresas colaboradoras.
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades se ha referido a que Cruz Roja es un agente del modelo de atención integral a las víctimas de violencia de género ‘Objetivo Violencia Cero’ y ofrece dos de las prestaciones recogidas en el catálogo de Servicios Sociales de Castilla y León, que han atendido a más de 400 mujeres víctimas de violencia. Por un lado, presta acompañamiento, orientación y asesoramiento jurídico-social a las víctimas de violencia de género, tanto de forma presencial o telefónica a través de abogados con especialización en materia de violencia de género, con 151 intervenciones en 2017. Junto a esto, lleva a cabo la atención en centros de emergencia, casas de acogida y viviendas para víctimas de violencia de género, que en 2017 atendieron a 292 víctimas.
La colaboración entre la Junta y Cruz Roja se extiende a otros ámbitos, entre los que Alicia García ha señalado el de la atención a las drogodependencias, el de teleasistencia o la atención a los refugiados. En el ámbito de las drogodependencias, la colaboración se desarrolla a través de programas de prevención y atención que han beneficiado a 2.400 personas. Otro servicio importante que presta Cruz Roja es el de teleasistencia, con más de 23.000 personas atendidas en 2017. Junto a esto, García ha destacado la labor de Cruz Roja en favor de los refugiados, ya que esta entidad, fundamentalmente junto con Accem y otras entidades, son las dos organizaciones que gestionan el programa del Gobierno en Castilla y León y que proporcionan asistencia a estos refugiados, en estos momentos a más de 1.200 en la Comunidad.