A la espera de la regulación nacional, el Consistorio inlcuye esta modificación que elimina el pago para aquellas operaciones que no han registrado incremento de valor. Las entidades locales siguen pendiente de un fondo de compensación nacional por la pérdida de ingresos.
Este lunes, el concejal de Hacienda, Javier Muñoz, ha dado cuenta de los asuntos de la comisión celebrada durante mañana y donde se ha acordado adherirse a un convenio con Hacienda y la FEMP para el cobro de aquellos recibos que con el paso de los años y sobre todo por tener como titular personas residentes fuera de la provincia se quedan sin pagar en periodo ejecutivo y acaban siendo eliminados de las cuentas municipales.
El concejal ha explicado que el Ayuntamiento, al igual que ya han hecho otras ciudades, se suma al convenio con la Agencia Tributaria. “Se da un paso más en la mejora de la recaución para mejorar aquellos recibos calificados de difícil cobro”, ha explicado el concejal. El Ayuntamiento cobra prácticamente entre el 95 y el 98% de los recibos entre el periodo voluntario (cerca del 75% del total) y el ejecutivo, pero resta ese porcentaje de un 2% aproximadamente que pasa a denominarse de difícil cobro. Esta cantidad pasa a recaudación que agota los requerimientos y reclamaciones y se quedan sin cobrar. La cifra ronda los 400.000 euros anuales y con el paso de los años, cerca de 15, hay una parte que se da de baja de las cuenta y esta cifra anual se estima que es de cerca de 180.000 euros. Javier Muñoz ha explicado que “es esta cantidad la que nosotros remitiremos a la Agencia Tributaria a través de la FEMP para intentar recuperar parte”. El concejal ha explicado que se tramitan cada año cerca de 5.000 expedientes de reclamación ejecutiva que en su mayoría llegan a buen término, pero la cifra que se queda en el aire corresponde fundamentalmente a titulares de fuera de la provincia a los que sí puede llegar Hacienda cubriendo ese vacío.
El concejal ha explicado que cada expediente derivado vía convenio tendrá un coste de tres euros y el pago del 9% del cobro de la cantidad. A modo de ejemplo práctico, Muñoz ha reseñado que una deuda de 1.000 euros, con intereses y recargos, puede incrementarse a cerca de 1.137 euros de los que Hacienda se quedaría con cerca de 100 y el resto reportarían al propio Ayuntamiento. “Hemos repasado varias propuestas ya que es un servicio que prestan empresas, pero hemos estudiado distintas ofertas y esta es la más económica y contamos además con referencias de otros ayuntamientos”, ha indicado Muñoz, quien considera que se trata de una fórmula muy interesante. Hay expedientes todavía de 2002 o 2003 y será el Ayuntamiento quien decida cuales deriva a esta servicio en función de las posibilidades de cobro. “Esperemos que este acuerdo nos permita ser más ágiles y nos permita ser más eficaces en recaudación”, ha resumido.
Por último, se ha acordado introducir una modificación en la ordenanza fiscal 22 relativa a las plusvalías. En mayo de 2017 se produjo una sentencia del Tribunal Constitucional que dejó en el aire este impuesto e hizo que el Ayuntamiento de Soria para evitar una cascada de reclamaciones, decidiera paralizar las liquidaciones sobre plusvalías ya que este fallo determinaba que no se debían cobrar si no se había producido incremento entre una compra y una venta.
avier Muñoz ha recordado que esta legislación es nacional y que todo apunta a que en verano podría aprobarse una Ley que contemplara estos cambios, en parte consensuados con la FEMP, y la no aplicación de ningún coeficiente si no existe incremento del valor. De momento, el Ayuntamiento para adelantarse hasta situación ha acordado modificar ya su ordenanza. De esta forma, y en función de los informes de los técnicos de Hacienda, se ha decidido que no se aplique coeficiente a las ventas producidas entre 2005 y 2013. “Nosotros aplicaremos coeficiente cero en esos años para no tener problemas a la hora de liquidar. Se girarán todas pero en las que existe minusvalía no habrá coste”, ha resumido al concejal antes de añadir que “todo ello a la espera de conocer la Ley”.
Por otro lado, ha reconocido que, sin embargo, “las entidades locales seguimos a la espera de una respuesta afirmativa para la aprobación de un fondo que compense esta pérdida de ingresos. De momento, el Gobierno no ha aceptado esta petición de la FEMP, pero es algo que seguiremos reclamando”. Javier Muñoz ha recordado que el Ayuntamiento ingresaba una media de 1,8 millones por este impuesto y que para 2018 ya ha rebajado la previsión a 1,2.