El presidente de la institución soriana, Luis Rey, defiende la necesidad de que la próxima política de Cohesión “contenga una prioridad de financiamiento específica para las zonas con problemas de despoblación, a la que se acompañe de una reserva de fondo específico”.
La comisión de Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares de la FEMP de la que forma parte el presidente de la Diputación de Soria ha adoptado hoy un acuerdo por el que exigirá a Europa que permita a las Instituciones Provinciales la gestión de los fondos de Cohesión con fines de lucha contra la despoblación en coordinación con los ayuntamientos afectados. Este acuerdo para crear un fondo específico contra la despoblación será remitido a la Comisión Europea tanto por parte de la comisión de Diputaciones de la FEMP como por las propias Diputaciones a título individual de cara a la negociación de la próxima política de Cohesión.
El acuerdo, defendido por Luis Rey y adoptado en la comisión celebrada hoy en Pontevedra, alude a la necesidad de que la próxima política de Cohesión “contenga una prioridad de financiamiento específica para las zonas con problemas de despoblación, a la que se acompañe de una reserva de fondo específico, al igual que el 5% del Leader y el 5% del Feder” que ayude a combatir al crisis de territorio que viven muchas zonas de Europa y que se deja notar con especial virulencia en la provincia de Soria.
El acuerdo defiende que del mismo modo que las ciudades tiene capacidad para gestionar fondos de desarrollo urbano sostenible, las provincias, como instituciones que son subregionales y supralocales, “tienen la capacidad de poder afrontar eficazmente estos problemas de territorio”, por lo que se exige que puedan ser las Diputaciones las que gestionen los fondos de Cohesión en las políticas de lucha contra la despoblación. “Dado que frecuentemente las áreas despobladas se extienden por varias provincias y regiones, entendemos que esta subdelegación debería hacerse en leal colaboración con las regiones y gobiernos nacionales”.
La comisión de Diputaciones ha acordado exigir también que la futura política de Cohesión contenga ejes prioritarios y financiación específica para zonas despobladas. “Dichas actividades elegibles serían de carácter netamente inversor en el territorio y por tanto adicionales y complementarias a las medidas de bienestar que son competencia nacional. Se basarían en enfoques territoriales integrados destinados a disminuir el coste adicional de infraestructuras, inversiones y servicios en dichas zonas, así como a dinamizar el capital humano y patrimonio natural que capitalizase el potencial de esas áreas para el desarrollo económico sostenible”, ha defendido Rey.
En su defensa, el presidente de la Diputación de Soria ha añadido que es necesario que la prioridad contra la despoblación de la futura política de Cohesión “incluya medidas para robustecer la capacidad institucional y el capital humano de esas zonas, una mayor simplificación de los fondos cara el pago por resultados y costes globales, así como una mayor coherencia respecto de la normativa Europea de Ayudas de Estado que complementase la vertiente inversora de la política de Cohesión”.