Pone en marcha nuevas medidas como que las cláusulas sociales primarán a las empresas que tengan en sus plantillas a trabajadores vulnerables, la inclusión de aspectos sociales en las convocatorias de ayudas y de subvenciones públicas y la prevista aprobación de unas directrices de contratación para que todas las consejerías de la Junta incluyan en contratos o convocatorias de subvenciones cláusulas y medidas que fomenten la igualdad de género.
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, ha clausurado en Madrid la jornada ‘Los compromisos sociales de la nueva Ley de Contratos del Sector Público: una oportunidad de fomento de empleo de trabajadores con discapacidad’. Se trata de una jornada organizada por el ‘Foro de Contratación Socialmente Responsable’, entidad de la que la Junta de Castilla y León pasó a formar parte recientemente, en diciembre de 2017, y Alicia García ha sido invitada a clausurar esta jornada, junto con el presidente del Foro, José Luis Rodríguez Zapatero, para trasladar la reconocida experiencia de la Comunidad en materia de contratación responsable.
Este Foro es una organización nacional sin ánimo de lucro que surgió en 2010 por iniciativa del sector de la discapacidad español (ONCE, CERMI y Feacem) y una serie de grandes empresas privadas con la intención de reunir a administraciones y empresas privadas en el impulso de las cláusulas sociales en la contratación pública y privada para incrementar las oportunidades laborales de las personas con discapacidad y la accesibilidad universal. Es la única iniciativa europea que reúne en un mismo foro entidades públicas y privadas de ámbito nacional para fomentar la contratación pública socialmente responsable. Forman parte de este Foro, que preside el ex presidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, varios ministerios, tres comunidades autónomas, varios ayuntamientos españoles y numerosas empresas públicas y privadas, así como la mayoría de empresas del IBEX 35.
La consejera ha explicado que Castilla y León fue y está siendo una Comunidad pionera en España en promover una contratación socialmente responsable. Ha señalado que, si en 2012 Castilla y León ya estableció una cuota obligatoria del 6,5 % del total adjudicado reservada a contratos destinados a centros especiales de empleo y la incorporación de cláusulas sociales que primaran en la adjudicación a las empresas que incorporen medidas sociales, ha sido en la actual legislatura, en 2016, cuando se ha dado un paso decisivo en esta materia con un nuevo acuerdo que ha incluido importantes novedades para incrementar el acceso al empleo de las personas con discapacidad y los colectivos más vulnerables. Estas novedades han sido la ampliación de la reserva de contratos, además de a los Centros Especiales de Empleo como hasta ahora, a las empresas de inserción laboral; la creación de los proyectos de inserción socio-laboral para fomentar la contratación de personas en situación o riesgo de exclusión social con ocasión de la tramitación de contratos del sector público; la puesta en marcha de un ‘Banco de buenas prácticas’ que servirá de asesoramiento y orientación en la aplicación de las cláusulas sociales. Además, se elevó del 6,5 % al 6,8 % la reserva de contratación.
Resultados de la contratación socialmente responsable en Castilla y León
Alicia García ha señalado que los resultados demuestran que los mecanismos para una contratación pública socialmente responsable que está impulsando Castilla y León están dando sus frutos y permitiendo la integración laboral de numerosas personas vulnerables.
En este sentido, desde la entrada en vigor de este tipo de contratación en Castilla y León, en septiembre de 2012, hasta finales de 2017 la contratación social ha hecho posible que se adjudiquen más de 2.100 contratos reservados, principalmente a centros especiales de empleo, por cerca de 30,5 millones de euros. Esto ha permitido un crecimiento en el número de centros especiales desde los 190 de 2012 a los 209 de la actualidad y en el número de trabajadores con discapacidad en ellos, de los 3.872 trabajadores en el año 2012 a los 5.462 a finales de 2017, un 41 % más.
Junto a esto, la adjudicación de contratos que incorporan cláusulas sociales suponen ya casi el 80,6 % del importe total adjudicado, es decir que la incorporación de cláusulas sociales ha sido una práctica generalizada y representa prácticamente toda la contratación de la Administración. Se ha pasado de los 181 millones de euros de contratos que contenían en sus pliegos cláusulas sociales, en 2013, a los más de 550 millones de euros, en 2017.
Nuevos pasos para avanzar en esta contratación socialmente responsable
La Junta de Castilla y León quiere ir más allá en el impulso de actuaciones que permitan la integración laboral de las personas más vulnerables y, en este sentido, Alicia García ha señalado tres nuevas líneas de actuación que va a poner en marcha la Junta para seguir promoviendo la contratación socialmente responsable.
La primera fomenta contrataciones con empresas privadas condicionadas a que, a su vez, tengan en plantilla a personas contratadas en situaciones de especial vulnerabilidad, como perceptores de Renta Garantizada de Ciudadanía, mujeres víctimas de violencia de género o personas con discapacidad. Esto supone un paso adelante respecto de la situación anterior ya que, hasta ahora, las cláusulas sociales beneficiaban a las empresas que contasen con trabajadores en situación vulnerable para la ejecución del objeto del contrato en cuestión y, ahora, la novedad es que las cláusulas primarán a las empresas que cuenten en sus plantillas con trabajadores en situación vulnerable, no únicamente para la ejecución de ese contrato.
La segunda de las novedades es la inclusión de aspectos sociales en las convocatorias de ayudas y de subvenciones públicas, con la incorporación en las bases o en la convocatoria de estas medidas sociales. En tercer lugar, un paso también novedoso será la aprobación de unas directrices de contratación dirigidas a todas las consejerías de la Junta de Castilla y León para que incorporen cláusulas y medidas que fomenten la igualdad de género en el sector empresarial en los contratos que adjudiquen o en las convocatorias de subvenciones.