La vicepresidenta de la Diputación, Esther Pérez, explica que la normativa “afecta a todas las administraciones públicas y, por ende, a todos los municipios de la provincia”, de ahí que la institución provincial haya querido de las modificaciones el reglamento normativa “ya que cambia tanto el tablero de juego con las normas”.
El Aula Magna Tirso de Molina de la Diputación, en la capital, ha acogido este miércoles una reunión informativa con alcaldes y secretarios de la provincia para dar cuenta de las novedades que supondrá la nueva Ley de Contratos del Sector Público que entrará en vigor el próximo 9 de marzo. La jornada ha contado con la presencia del presidente de la Diputación, Luis Rey, y la vicepresidenta, Esther Pérez, que han explicado el porqué de esta reunión informativa y el desglose de Guillermo Yáñez, jefe del servicio de Contratación de la Diputación Provincial y uno de los mayores expertos de contratación a nivel nacional, que ha sido el encargado de detallar todas y cada una de las novedades que implicará la nueva normativa.
“El próximo 9 de marzo entra una ley que es nueva para todos” ha señalado Pérez, quien ha indicado la necesidad de dar conocer las modificaciones ya que “cambia tanto el tablero de juego como las normas del juego”. A la vez ha señalado que es precisa la adaptación de las administraciones locales y de las empresas futuras adjudicatarias.
Esther Pérez ha explicado al cerca del centenar de asistentes, que la nueva normativa incluye “cambios fundamentales” que afectan a la estructura provincial y “a cómo veníamos funcionando hasta ahora”. “Siempre hemos primado a las empresas sorianas a través de la figura del contrato mejor y con invitaciones a empresas sorianas, y ahora se modifica la figura del contrato menor y se limita la cantidad de 40.000 euros al contratista, que podría hacer varios contratos menores, pero nunca superar esa cantidad en una misma anualidad”. La vicepresidenta ha añadido que con la nueva Ley aparecen “otros procesos” que son “supuestamente más simplificados” pero que habrá que valorar posteriormente, como es el caso de la tramitación telemática. “Todo va a funcionar telemáticamente, con los problemas que ello supone en nuestra provincia. Los contratistas van a tener que darse de alta en un nuevo registro, donde habrá menos papel, pero mucho más papeleo hasta que se den de alta”.
La vicepresidenta ha señalado que otro de los cambios es el relativo a las pymes y la posibilidad de trabajar por lotes que antes no permitía la ley. “Se habla de que se favorecen las pymes pero esta nueva fórmula también implica que en una misma obra, pueda haber dos o tres empresas trabajando con lo que eso conlleva y que no es lo más recomendable según nos dicen los técnicos”, ha señalado. La nueva legislación apela también a cuestiones transversales de igualdad que se tendrán que contener en los pliegos y que “aunque quedan muy bien, porque el papel lo aguanta todo, habrá que ver cómo funcionan cuando los secretarios lo tengan que llevar a la práctica”. Algo similar sucede por ejemplo en materia de carreteras “donde se habla de trabajar con productos más medioambientalmente sostenibles o menos gravosos para el medio ambiente, pero cuya utilización de dichos productos impide la Ley de la Construcción”.
La nueva Ley de Contratos del Sector Público transporte las directivas de 4ª generación de la Unión Europea sobre contratación pública y va a suponer para alcaldes y secretarios de la provincia de Soria cambios en la programación de licitaciones; incluir aspectos sociales, medioambientales, de innovación, etc. como criterios de valoración de las ofertas o como condiciones especiales de ejecución; presupuestar y valorar con más precisión sus contratos desglosando los costes laborales; gestionar mejor, con más precisión; ser más transparentes; licitar más contratos en competencia, ya que desaparece el negociado sin publicidad por razón de la cuantía y se limita el contrato menor; gestionar electrónicamente los contratos; utilizar obligatoriamente, bajo sanción de nulidad, la plataforma de contratación del Sector Público; mucho más trabajo, ya que la necesaria división en lotes habrá que haya más empresas ejecutando un contrato; y mucho más trabajo derivado de las obligaciones de transparencia. Todos esos cambios exigirán profesionalizar o capacitar de una forma constante a los afectados en la contratación pública, tanto a los del sector público como a las empresas que licitan y ejecutan contratos para el sector público provincial.