El sindicato CSIF denuncia el ‘descabezamiento” de la dirección técnica de la Inspección de Consumo en algunas provincias, y la carencia de recursos y de logística suficientes, para atender adecuadamente las competencias de este servicio, “fundamental” para defender la salud, seguridad y los derechos económicos y sociales de los consumidores y usuarios en Castilla y León. CSIF critica el cada vez menor reconocimiento profesional del personal de Inspección de Consumo, dependiente de la Junta cuando -paradójicamente- la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local da todas las competencias de la defensa del consumidor a la comunidad autónoma.
La provincia de Soria dispone ahora de 2 inspectores y el personal administrativo de la sección se ha reducido. Asimismo, el jefe de sección de consumo ha asumido también la jefatura de sección de Comercio. En la provincia de Soria funciona la OMIC de la capital. Sus gestiones de mediación implican que si no fructifican los expedientes llegan con un retraso de hasta tres meses. Esto supone que, si el denunciante se demora en presentar su denuncia, se intenta la mediación y no fructifica. Los tiempos para que prescriba la infracción se acortan peligrosamente. Hay que recordar que una infracción leve prescribe al año de que se haya cometido la infracción.
Coincidiendo con la celebración del ‘Día Internacional del Consumidor, este 15 de marzo, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia “el paulatino deterioro” de la Inspección de Consumo, y reclama a la Junta de Castilla y León que tome las medidas necesarias para acabar con la “dejación y desmantelamiento” de la Inspección de Consumo, servicio que es “fundamental” para la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios de Castilla y León”.
CSIF asegura que la Junta “está descabezando la dirección técnica del servicio en las provincias de la Comunidad”; y lamenta la reducción de personal -inspectores y técnicos de procedimiento (ya no dependen de Consumo)-, y el empeoramiento progresivo de las condiciones laborales, que crean una sensación de fracaso profesional e impotencia en el personal de Consumo. De una plantilla total de 55 inspectores que prevén las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPTs) de las nueve provincias de la Comunidad, sólo hay operativos y activos 36.
El personal de Consumo de los servicios periféricos y el de servicios centrales de la Dirección General de Comercio y Consumo, ha remitido un escrito tanto al consejero de la Presidencia -competente en Función Pública-, como a la consejera de Economía y Hacienda -que ostenta las competencias de consumo-, reivindicando “que cese la marginación del personal de Consumo, respecto al resto de empleados públicos”, apunta CSIF. Uno ejemplo de esa marginación es que los jefes de Sección de Consumo tienen un sueldo inferior, porque se lo bajaron, al resto de los jefes de Sección, según CSIF.
Otro ejemplo de marginación es que, sorprendentemente, para ser jefe de Sección de la Inspección de Consumo, es decir, quien dirige, organiza e indica el trabajo de los inspectores de consumo, no tiene por qué saber nada de la materia. En este sentido, CSIF informa de que han quedado libres las plazas del jefe de Sección de varias provincias, y exige garantías de que sean cubiertas por profesionales técnicos formados en materia de consumo. El sindicato recuerda que, en 1998, sin negociación alguna, la Junta quitó los méritos específicos en materia de consumo para acceder a esas plazas. “El resultado es que pueden ser ocupadas legítimamente por funcionarios, pero sin ninguna preparación o experiencia en materia de consumo”, añade CSIF.
Después de innumerables escritos dirigidos a la viceconsejería de Función Pública y a la Consejería de Economía y Hacienda, sobre “la insostenible situación de la Inspección de Consumo”, CSIF sigue sin obtener ninguna respuesta. “Parece que la Junta ignora, incluso, a sus propios órganos directivos, ya que tampoco ha tenido en cuenta los escritos presentados por los inspectores de consumo, y ni siquiera la propuesta de la Dirección General de Comercio y Consumo”, afirma el sindicato independiente.
Y es que, desde esa Dirección, después de analizar la situación de la Inspección de Consumo, sí se consideró necesaria hacer una propuesta ante la Consejería de Economía y Hacienda y la Viceconsejería de Función Pública, afirma CSIF. Entiende que la Junta, “por un lado, se muestra como el adalid de la defensa de los consumidores y, por otro, gestiona con desdén las competencias en consumo”. Teme que “no se frene la paulatina degradación de este servicio esencial para la protección de la seguridad, salud y de los legítimos derechos económicos de los castellanos y leoneses”; y recuerda que sobre la Inspección de Consumo recae “la labor de información y del cumplimiento de la normativa vigente en esta materia”.
Ya hace dos años, en 2016, que CSIF denunció públicamente que la Inspección de Consumo estaba al borde del desmantelamiento, debido a que el ritmo de jubilaciones del personal estaba provocando que algunas provincias se quedaran sin ningún inspector. La respuesta de la Junta fue convocar un total de 8 plazas de inspectores, superando el proceso selectivo 6 personas, lo que demuestra la dificultad y la alta preparación necesaria para estos puestos, pues muchos de los aprobados ya se habían presentado en anteriores convocatorias. “No hay inspección en toda la Junta que maneje más normativa, más cambiante y de la más diversa índole por su carácter transversal”, aclara CSIF. Las carencias son tales que cuatro inspectores han sido asignados desde sus respectivas provincias a la Dirección General de Consumo y Comercio para funciones de apoyo.
Ante esta situación, CSIF reclama que, ahora que se están revisando las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPTs) por parte de la Junta, “se corrija el cúmulo de incongruencias que existen en Consumo, para mejorar este servicio esencial que se presta a los ciudadanos”. CSIF denuncia que desde el 1998 “se ha producido una constante merma en las condiciones laborales del personal de Consumo, tanto salariales como de carrera profesional, y que se han perdido puestos de trabajo, lo que está perjudicando el servicio que se presta a los ciudadanos de Castilla y León”.
Normativamente, también se ha producido una mayor desprotección de los consumidores y usuarios”, añade CSIF. La nueva Ley 2/2015, de 4 de marzo, por la que se aprobó el Estatuto del Consumidor de Castilla y León, dificulta el trabajo de Inspección de Consumo. “Que la obstrucción, resistencia o negativa a la Inspección sea una falta leve; lo mismo que el uso de prácticas comerciales desleales, engañosas o agresivas; o la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos, restan autoridad al inspector y provoca que sea ‘rentable’ no hacerle caso y cerrarle la puerta en las narices”, valora.
Curiosamente, la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) ha supuesto un cambio importante en la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, estableciendo que las competencias en defensa de los derechos de los consumidores sean exclusivamente de la comunidad autónoma, a no ser que las delegue mediante convenios específicos, lo que aún no ha ocurrido. Eso quiere decir que en Inspección de Consumo recae toda la responsabilidad legal sobre la defensa del consumidor. Por ello, se pregunta CSIF, “no se entiende el desinterés de la Junta por la Inspección de Consumo”.
Pero junto a la reducción de personal, las deficiencias y limitaciones de Consumo también se debe a la falta de medios materiales y logísticos. “Ponemos solamente dos ejemplos. El sistema de gestión informático que maneja Consumo tiene más de 25 años (de la época de Windows 3.1); o la carencia de laboratorios acreditados para las necesidades de Consumo, por lo que todo tiene que mandarse al laboratorio de Barajas (Madrid). En este laboratorio han reducido personal, por lo que el número de muestras que se toman para el control de mercado se han reducido a la mitad y la demora es considerable”, indica CSIF. “La inversión en medios humanos y materiales se ha reducido al límite, cuando, por el contrario, los requerimientos para la Inspección de Consumo en la sociedad actual se han disparado”, continúa señalando la organización sindical.