En Castilla y León, más de 14.000 mujeres tienen discapacidad por enfermedad mental y se enfrentan a una brecha salarial superior a la de los hombres en su misma situación, y a una alta probabilidad de sufrir violencia de género en algún momento de su vida.
El impulso de la Junta a los itinerarios personalizados de empleo para las personas con discapacidad hizo posible que, en 2017, el 40 % de las mujeres contratadas tras participar en estos itinerarios fueran mujeres con discapacidad por enfermedad mental. En lo relativo a la lucha contra la violencia de género en estas mujeres, la Junta les garantiza el acceso prioritario y preferente a los recursos de atención y habitacionales y desarrolla programas de formación específicos para que los profesionales las atiendan de la manera más adecuada.
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, junto con el presidente del CES, Germán Barrios, el presidente de la Federación Salud Mental de Castilla y león, Jesús Corrales, y la presidenta del Consejo Territorial ONCE en Castilla y León, Arancha Casado, ha participado en la apertura de la jornada ‘Mujer y Salud Mental’, organizada por la Federación Salud Mental Castilla y León. Se trata de una actividad con la que se pretende reflexionar sobre la necesidad de incluir la dimensión de género en las cuestiones relacionadas con la salud mental para hacer posible un cambio social que se considera necesario.
En este sentido, Alicia García ha subrayado lo oportuno de jornadas de estas características para hacer visible la doble discriminación a la que se enfrentan las mujeres con discapacidad, que deriva de su género y de su discapacidad, y ha destacado que para la Junta de Castilla y León supone una prioridad mejorar la situación de las más de 82.000 mujeres con discapacidad de la Comunidad, 14.100 de ellas con discapacidad por enfermedad mental.
La consejera se ha referido al empleo y a la violencia de género como las dos principales situaciones a las que se están teniendo que enfrentar las mujeres con discapacidad. Por un lado el empleo, ya que, a pesar de la mejoría en los últimos años, se enfrentan a mayores tasas de paro y a mayor brecha salarial, un 18 %, que a la de los hombres en su misma situación. Por otro lado, la violencia de género, ya que, según las estadísticas, tres de cada cuatro mujeres con enfermedad mental grave han sufrido violencia en el ámbito familiar o en la pareja alguna vez en su vida y su riesgo de sufrir violencia de género en la pareja se multiplica entre dos y cuatro veces respecto a las mujeres en general. En 2017, el 8,4 % de las víctimas de violencia de género que acudieron a los Servicios Sociales de Castilla y León fueron mujeres con discapacidad.
Alicia García ha señalado que tanto las administraciones como la sociedad en general tienen que enfrentarse a estos retos para caminar hacia la igualdad real. La consejera se ha referido a que el Gobierno autonómico está afrontando estos retos a través de diferentes iniciativas encaminadas hacia esa igualdad. Por un lado, en materia de empleo, apostando por la participación de las personas con discapacidad en itinerarios personalizados de empleo. De las 1.623 mujeres con discapacidad que participaron el año pasado en estos itinerarios, 584 tenían discapacidad por enfermedad mental, el 36 % del total. Junto a esto, es destacable que de las 461 mujeres con discapacidad que consiguieron un contrato a raíz de haber participado en estos itinerarios, 188 de ellas, es decir el 40 %, tenían discapacidad por enfermedad mental.
En lo relativo a la lucha contra la violencia de género en las mujeres con discapacidad por enfermedad mental, la Junta garantiza el acceso prioritario y preferente a los recursos de atención y habitacionales de la red de atención. Al mismo tiempo, se imparte una atención más especializada a todos los profesionales que las atienden, se cuenta con una red de 33 mujeres con discapacidad especializadas en atención a víctimas de violencia de género con discapacidad, se han establecido procedimientos de actuación con los coordinadores de caso para el acceso inmediato y prioritario a residencias públicas o centros especializados para estas mujeres y se han firmado protocolos en el ámbito educativo, con especial consideración a la mayor vulnerabilidad de las niñas con discapacidad ante situaciones de acoso escolar y abusos sexuales en el entorno educativo.