Sainz muestra documentos en los que las solicitudes para dar continuidad a estas tres iniciativas se quedan estancadas en el Consistorio sin ser cursadas con la rapidez necesaria.
En el primero de estos asuntos, Sainz ha explicado que el Gobierno, a través del Imserso solicitó una primera “licencia de ocupación” con un escrito al Ayuntamiento el 30 de noviembre del pasado ejercicio, y tras haber sido concluido el informe por parte del arquitecto municipal quince días después, dicha petición no era contestada hasta el 6 de marzo del presente año.
En lo que respecta al edificio del Banco de España, inmueble en el que está prevista la sede de la Subdelegación del Gobierno, Sainz ha explicado que el concejal de Urbanismo, Javier Muñoz, solicitó el 28 de noviembre del año pasado una fianza para la gestión de residuos. Un documento que no salió del Ayuntamiento hasta el pasado 6 de febrero una garantía para la gestión de residuos, tres meses después.
Sainz ha lamentado que en el tercero de los casos, y en lo que atañe al colector de aguas para el centro penitenciario, la Administración estatal cursó el 26 de enero de 2017 la solicitud de autorización de obras, un documento que se mantuvo “retrasado” durante seis meses en los servicios técnicos sin ser tramitado.
Por todo ello, y con los documentos en mano, el concejal ha insistido en que estos casos el equipo de Gobierno “pone palos en las ruedas” para no poder avanzar en estas actuaciones, un modo de actuar que sirve para “torpedear” las intenciones de otras administraciones oficiales como la estatal.
En otro orden de cosas, el concejal ha lamentado que todavía se haya adelantado “nada” en lo que respecta a la accesibilidad urbana, pese a que existe un presupuesto “que no se ejecuta”. Y en parecidos términos ha aludido a la Comisión de Participación Ciudadana. Algo por lo que “se les llena la boca” a los responsables municipales, si bien “todavía no hay una ordenanza actualizada y puesta al día” toda vez que dicha comisión fuera convocada el 2 de noviembre.
Otro de los temas que ha expuesto Sainz ha sido la ordenanza para las fiestas de San Juan, para las que hace un año el Ayuntamiento ha venido convocando “a particulares y colectivos” pero al igual que la anterior “no sabemos nada” sobre la redacción de dicho texto.
Sainz ha desvelado igualmente que el Procurador del Común “ha vuelto a dar un tirón de orejas” al Consistorio en materia de transparencia, ya que un grupo de la oposición recurrió a este órgano regional para obtener información sobre las partidas y gastos del proyecto Soria Reserva de la Biosfera. “El Procurador ha instado a dar esa información”, ha señalado. Una documentación que el PP lleva esperando dos años toda vez también la formación fuese atendida por el Procurador en aquel entonces.
Por último, y referente a la suspensión de las pruebas para la plaza de intendente de Policía Local, ha significado que esta se debió a que uno de los aspirantes había sido citado a declarar en el Juzgado, lo cual impedía la realización del examen. Con todo, ha recalcado que estas pruebas están “bajo la sospecha permanente” tal y como lo han expresado sindicatos y partidos.