Gracias al Diálogo Social, Junta y agentes económicos y sociales dan un paso decisivo al acordar el texto del anteproyecto de legislativo que prevé 87 acciones, 51 de ellas de conciliación, 24 dirigidas a la eliminación de la brecha salarial de género y otras 12 de carácter transversal o general.
El 15 de febrero de 2018 se firmó un acuerdo dentro del marco del Diálogo Social en materia de conciliación de la vida personal, familiar y laboral en el que, entre otras cuestiones, se consensuó el primer borrador de un Anteproyecto de Ley de medidas para apoyar la conciliación. Las partes firmantes se emplazaron a profundizar en este texto incorporando, junto a las medidas dirigidas a apoyar la conciliación y corresponsabilidad familiar, otras de igualdad que hicieran especial incidencia en la eliminación de la brecha salarial de género. Fruto de estas negociaciones de las últimas semanas se ha llegado a un consenso en la elaboración y presentación del Anteproyecto de Ley sobre medidas de apoyo a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y de eliminación de la brecha salarial de género en Castilla y León.
El Anteproyecto de Ley ha sido presentado hoy por la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, acompañada del consejero de Empleo, Carlos Fernández Carriedo, con la presencia también del secretario general de CCOO Castilla y León, Vicente Andrés, del secretario general de UGT Castilla y León, Faustino Temprano, y del presidente de CECALE, Santiago Aparicio. Han participado en la presentación Yolanda Martín, secretaria regional de Mujer y Políticas de Igualdad de CCOO, y Ana Isabel Martín, secretaria de Igualdad y Juventud de UGT. A partir de hoy se inicia la tramitación de este texto y el primer paso es ponerlo a disposición del conocimiento y de las aportaciones de los ciudadanos a través de Gobierno Abierto.
Dos retos unidos: derecho a conciliar y eliminación de brecha salarial de género
El contenido del texto del Anteproyecto de Ley acordado entre Junta y agentes económicos y sociales de Castilla y León contempla dos grandes objetivos. Por un lado, reforzar el reconocimiento del derecho a conciliar de las personas y las familias, impulsando un conjunto integrado de medidas para hacer efectiva la conciliación de vida personal, familiar y laboral de mujeres y hombres, favoreciendo la igualdad de oportunidades y la corresponsabilidad. Junto a esto y, unido a ello, como segundo gran objetivo se encuentra garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la promoción laboral con la finalidad de eliminar la brecha salarial de género, siendo un factor importante la corresponsabilidad.
Junto a estos dos grandes retos, Alicia García ha resaltado que se trata de una Ley adaptada a la realidad territorial de Castilla y León y que da especial prioridad al ámbito rural, manifestándose de diversas formas: así, uno de sus objetivos es fomentar la natalidad para evitar la despoblación, especialmente en zonas rurales; establecer el impulso a la creación de centros infantiles de 0 a 3 años y nuevas formas de cuidado de personas, además del acceso prioritario y atención a las particularidades de personas y familias que residen en el medio rural.
La consejera también la ha definido como una Ley diseñada para la realidad social actual, ya que atiende a las particularidades de la diversidad de modalidades de familia y promueve el acceso prioritario de las familias numerosas y monoparentales, especialmente de aquellas con menos recursos, víctimas de violencia de género y de las personas y familias que residen en el medio rural de la Comunidad a las medidas de apoyo a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral que adopten.
Alicia García también ha subrayado que es una Ley que incorpora un concepto amplio de conciliación, que otorga especial importancia a la sensibilización y formación, que impulsa la innovación social, aprovecha las nuevas tecnologías para fomentar la conciliación y apuesta por medidas novedosas, que establece la obligatoriedad de una planificación periódica tanto autonómica como local y que es una Ley integral, ya que contempla medidas transversales y en los ámbitos público y privado para la Administración, las empresas y las entidades del tercer sector. El texto del Anteproyecto de Ley acordado entre Junta y agentes económicos y sociales prevé 87 acciones, 51 de ellas de conciliación, 24 dirigidas a la eliminación de la brecha salarial de género y 12 de ellas de carácter transversal o general.
Medidas de apoyo a la conciliación en el ámbito público
En lo referente a las medidas de apoyo a la conciliación en el ámbito público, se establece en primer lugar promover la concesión de subvenciones para el desarrollo de actuaciones y programas que faciliten la conciliación personal, familiar y laboral y la igualdad de oportunidades. En este ámbito se contemplan ayudas destinadas a compensar la disminución de ingresos por reducción de la jornada laboral; a empresas que ofrezcan medidas de racionalización y flexibilización de horarios o subvenciones para fomentar la contratación de personas desempleadas para sustituciones por reducción de jornada, excedencia por cuidado de hijos u otras situaciones relacionadas con la maternidad o paternidad.
En segundo lugar, en las bases reguladoras de las subvenciones dirigidas a empresas se incorporarán cláusulas sociales vinculadas a la adopción de medidas de conciliación como criterio de valoración para concederlas y, en las convocatorias de subvenciones de conciliación, para conseguir corresponsabilidad, se priorizarán las solicitudes que faciliten una mayor igualdad en su ejercicio.
Una tercera línea de actuación se refiere a las deducciones fiscales, donde se mantendrá un régimen de deducciones fiscales del tramo autonómico del IRPF vinculadas a la conciliación en aquellas destinadas al fomento del uso del permiso de maternidad cedido por la madre al otro progenitor y el apoyo al cuidado de menores hasta los cuatro años de edad por gastos derivados de su atención en escuelas o similares.
Una cuarta línea de actuación en la que incidirán las medidas es la del empleo público, incentivando un uso equilibrado de los permisos, horarios racionales y flexibilización horaria; acceso al teletrabajo sin sobre extensión de la jornada, así como a cursos a distancia; formación en igualdad de oportunidades, conciliación y corresponsabilidad y, sobre todo, la equiparación progresiva de los permisos paternales en función de las disponibilidades presupuestarias.
También el ámbito educativo será uno de los de especial incidencia de las medidas destinadas a la conciliación, entre las que destacan algunas como el desarrollo de programas consistentes en la ampliación de los horarios de apertura y desde la finalización de las actividades docentes durante todos los días lectivos en los centros educativos públicos; programas para la atención lúdica de niñas y niños durante los periodos vacacionales en colaboración con las entidades locales; actuaciones de formación del profesorado en igualdad y corresponsabilidad; impulso a la incorporación y mejora de la igualdad y corresponsabilidad a través de los materiales curriculares elaborados al respecto; y se promoverá tanto la creación de centros infantiles de 0-3 años y el mantenimiento de una red pública que preste servicios de atención a menores de tres años, especialmente en el ámbito rural, como la apertura de centros de educación especial los días laborables no lectivos y las vacaciones de verano, para favorecer el respiro y la conciliación de las familias con hijos o hijas con necesidades especiales.
En materia de Servicios Sociales se procurará que la red de centros de día o residenciales y de distintos programas de atención sean adecuados y flexibles a las necesidades de conciliación; la implantación de programas dirigidos a la formación y al descanso de la persona cuidadora de dependientes; actividades de ocio y convivencia intergeneracional; un voluntariado que favorezca la conciliación; fomento de la resolución de conflictos familiares por motivos de conciliación a través de la mediación; apoyo de programas del tercer sector relacionados con la conciliación y el cuidado de menores, personas mayores y personas con discapacidad; impulso a las funciones de conciliación dentro de la prestación de la asistencia personal o el desarrollo de programas de atención a menores, personas dependientes y personas con discapacidad que cubran la necesidad de atención en situaciones puntuales.
Otro punto a destacar es la innovación, con programas innovadores para evaluar nuevas formas en el cuidado de personas y nuevas metodologías como formas de trabajo y racionalización de horarios, así como la utilización de la innovación tecnológica.
Medidas de apoyo a la conciliación en el sector privado
Se trata del impulso y fomento de la igualdad y de la conciliación en las empresas, para lo que la Junta promoverá, en el marco del Diálogo Social, que realicen determinadas actividades dirigidas a facilitar la conciliación de la vida personal y familiar, así como su corresponsabilidad.
Entre estas medidas destacan las de contemplar en la negociación colectiva aspectos de conciliación; que se tenga en cuenta como prácticas de gestión de recursos humanos la vida personal y familiar de las personas trabajadoras; el impulso a planes de igualdad en las empresas que contemplen la conciliación; la adopción de medidas para fomentar la aplicación de horarios racionales y flexibles, el impulso a actuaciones para la promoción del teletrabajo sin que suponga sobre extensión de la jornada laboral; facilitar servicios e instalaciones que permitan conciliar la vida personal y laboral, fomentar entre los criterios de valoración en las subvenciones la adopción de medidas de igualdad de oportunidades, además de realizar un reconocimiento público a empresas y entidades con actitud proactiva en igualdad y conciliación.
Eliminación de la brecha salarial de género en el sector público
En lo relativo a las medidas orientadas al sector público para la eliminación de la brecha salarial de género destacan actuaciones como la implementación de acciones de transparencia respecto al personal y sus retribuciones en las administraciones públicas, sus entidades y las empresas públicas vinculadas a ellas; la inclusión por parte de la Administración de la Comunidad de cláusulas sociales en sus relaciones con otras administraciones y entidades privadas que contemplen la igualdad entre hombres y mujeres y la eliminación de la brecha salarial; la mejora de la estadística regional con la introducción en los análisis estadísticos que inciden en aquellas situaciones que generan la brecha salarial de género; y el desarrollo de programas específicos para mejorar la empleabilidad de mujeres con especiales dificultades o que pertenezcan a grupos vulnerables.
Junto a esto, se fomentarán las medidas que promuevan igualdad en los planes de igualdad de las empresas; se incentivará a aquellas que transformen los contratos indefinidos a tiempo parcial formalizados con mujeres en contratos a tiempo completo; se promoverá que en las administraciones públicas y en las empresas públicas vinculadas haya una representación equilibrada entre hombres y mujeres en los distintos órganos y en la participación paritaria en los procesos de toma de decisiones; se formará al personal educativo para paliar la segregación ocupacional de hombres y mujeres en el ámbito laboral y se desarrollarán programas específicos para mejorar la empleabilidad de mujeres con especiales dificultades o que pertenezcan a grupos vulnerables.
Medidas para eliminar la brecha salarial de género en el sector privado
La Administración de la Comunidad, en colaboración con los agentes sociales y económicos, promoverá que las empresas lleven a cabo acciones dirigidas a eliminar la brecha salarial de género, entre las que destacan la realización en la clasificación profesional de una valoración de los puestos de trabajo que conlleve a la igualdad entre mujeres y hombres; impulsar acciones de trasparencia y buenas prácticas vinculadas a la lucha contra la brecha salarial de género; establecer sistemas de acceso y promoción transparentes y no discriminatorios; impulsar la presencia de las mujeres en los puestos de responsabilidad y de dirección.
Además, se implementarán medidas orientadas a promover la participación de las mujeres en los procesos de promoción profesional; a impulsar también medidas que favorezcan a las personas trabajadoras en la conciliación con sus hijos e hijas, especialmente en aquellos empleados de trabajo por turnos u otros supuestos, o a promover en la negociación colectiva sectorial la implantación de medidas de estas características, incluso en aquellas empresas que por su número de trabajadores no tengan obligación de negociar esta materia. Además, la Administración de la Comunidad impulsará, en coordinación con la Administración General del Estado, que se lleve a cabo la supervisión e inspección dirigida a verificar el cumplimiento de la normativa en materia de planes de igualdad y eliminación de la brecha salarial.