La Consejería del ramo otorga a la provincia 28 de las 906 concedidas en toda la Comunidad.
La convocatoria de ayudas para la adquisición de dispositivos digitales -tabletas- fue una novedad en el curso 2014-2015, dentro de las líneas de ayuda que la Consejería de Educación ha venido concediendo tradicionalmente a los alumnos de Castilla y León. En la convocatoria referente al presente curso escolar 2017-2018, 906 familias -todas las que cumplían los requisitos establecidos- se han beneficiado de estas subvenciones gestionadas por la Dirección General de Innovación y Equidad Educativa, ejecutando un presupuesto de 58.000 euros. Además, la administración educativa autonómica introdujo ya en la convocatoria del curso 2015-2016 varias modificaciones para beneficiar a los estudiantes que más lo necesiten y posibilitar el acceso del alumnado de Castilla y León a las tecnologías de la información en el aula en términos de equidad. Las ayudas son de 90, 65 y 40 euros, al depender de la renta per cápita del progenitor y ya están publicadas en los tablones de anuncios de las direcciones provinciales de Educación.
La Consejería de Educación, consciente de que el entorno socioeconómico de las familias no debe limitar el acceso de los estudiantes a la enseñanza y la calidad de esta, pretende, con esta nueva convocatoria de ayudas para la adquisición de dispositivos digitales, facilitar al alumnado la adquisición de tabletas. Así, esta línea de ayudas compensará parcialmente los gastos ocasionados con el fin de promover la equidad y la igualdad de oportunidades.
Este curso 2017-2018, la Consejería de Educación ha concedido 28 de las 906 ayudas en toda la Comunidad para adquisición de dispositivos digitales. En toda la región se presentaron de las 1.262 solicitudes. El total de recursos adjudicados en esa convocatoria autonómica fue de 57.907 euros, de forma que todas las solicitudes que cumplían los requisitos establecidos en la orden de convocatoria resultaron beneficiarias de la ayuda. De esta forma, la mayoría de las denegadas han sido por superar los umbrales de renta -210-, por no presentar factura o porque esta no cumplía los requisitos -65- o porque el dispositivo para el que se solicitaba la ayuda no era subvencionable -57-.
Esta iniciativa permite ampliar el concepto de aula extendiendo las tareas educativas más allá de su espacio físico y horario tradicionales, y posibilitando la conectividad a cualquier hora y en cualquier lugar, con el fin de que pueda llegar a ser un elemento que propicie el trabajo colaborativo y aumente la participación y motivación del alumno hacia su propio aprendizaje.
En esta misma línea, la Administración educativa autonómica ya introdujo en la convocatoria del curso 2015-2016 varias modificaciones para tratar de beneficiar a las familias que más lo necesiten y de optimizar el uso de los recursos públicos disponibles. Con este fin, se revisó la renta máxima de la unidad familiar, considerando los valores medianos de renta de los hogares de Castilla y León en función de las unidades de consumo, tal y como establece el estándar europeo para la determinación de la vulnerabilidad social.
Así, han sido beneficiarios de estas ayudas el padre, la madre o el tutor legal de los alumnos que cursen Educación Primaria o Educación Secundaria Obligatoria, siempre que las rentas obtenidas por los miembros de la unidad familiar en el año 2016 no superen para una familia de dos miembros, 18.410,60 euros; de tres, 24.075,40 euros; de cuatro, 29.740,20 euros; de cinco, 35.405 euros; de seis, 41.069,80 euros; de siete, 46.734,60 euros; y de ocho, 52.399,40 euros. A partir del octavo, se incrementará la renta máxima en 5.664,80 euros por cada nuevo miembro. Unos valores que se acercan más a los reales de la media de renta en Castilla y León y se favorece especialmente el primer tramo de miembros de la unidad familiar monoparental.
Asimismo, la Consejería de Educación, a través de la Dirección General de Innovación y Equidad Educativa, ha establecido procedimientos especiales para atender de forma preferente a aquellas familias que estén en situación de riesgo de exclusión social por situación de privación severa, al no disponer de ingresos superiores a una cuantía mínima. Estas disfrutarán de un tratamiento favorable mediante la aplicación de un coeficiente divisor de 1,2 para el cálculo de la renta per cápita familiar, que les priorizará en la concesión de las ayudas.
Finalmente, se establecieron tres intervalos de renta per cápita a cada uno de los cuales corresponderá una cuantía diferente de las ayudas contempladas en esta convocatoria, sin que en ningún caso pueda concederse una ayuda por importe superior al gasto. Así, para magnitudes inferiores a los 2.500 euros, se obtendrá una ayuda de 90 euros; para magnitudes entre 2.500 y 3.500 euros, ambos inclusive, de 65 euros; y para magnitudes superiores a 3.500 euros, de 40 euros. En los casos en que los alumnos tengan expediente de protección abierto por la Gerencia de Servicios Sociales la cuantía de la ayuda a conceder será la máxima establecida.
Con el mencionado objeto de favorecer la equidad y la igualdad de oportunidades en el acceso a una enseñanza de calidad asentada sobre nuevos medios y metodologías, como uno de sus objetivos prioritarios, la Consejería de Educación concedió 877 ayudas para la adquisición de dispositivos digitales en el curso 2014-2015, 905 en el 2015-2016 y 917 en 2016-2017, es decir, todos los solicitantes que cumplieron los requisitos de la convocatoria.
Estas convocatorias de ayudas priorizaron a las familias con mayores dificultades económicas -rentas de 0 a 2.500 euros-. En este sentido, destaca que para el curso 2017-2018 el 53 % de beneficiarios de las ayudas han recibido importes de entre 90 y 65 euros, lo que representó el 72 % del presupuesto total. Asimismo, cabe resaltar que en torno al 65 % de los beneficiarios pertenecían a familias en situación de especial vulnerabilidad -familias numerosas, discapacidad, violencia de género o víctimas de terrorismo-. Todo ello demuestra la apuesta decidida de la Consejería de Educación para que todo el alumnado de la Comunidad se beneficie de una educación de calidad, igualando sus oportunidades de aprendizaje independientemente de su condición socioeconómica.