Podrán ser beneficiarias de estas subvenciones las empresas y las entidades sin ánimo de lucro de la Comunidad que promuevan actuaciones, servicios o actividades destinadas a integrar a personas en este tipo de situación.
Este viernes, La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades publica en el Bocyl la convocatoria de subvenciones dirigidas a empresas y entidades privadas sin ánimo de lucro, destinadas a la contratación temporal de personas en situación o riesgo de exclusión social perceptoras de Renta Garantizada de Ciudadanía.
Esta convocatoria de subvenciones responde al trabajo de la Junta de Castilla y León por las familias y personas más vulnerables, desde la óptica de que la Renta Garantizada de Ciudadanía persigue, no solo garantizar unos ingresos mínimos, sino también la inserción socio-laboral de las personas. Entre 2012 y 2017 fueron 10.930 las personas a las que les fue posible dejar de percibir la renta garantizada de ciudadanía por haber encontrado un empleo, de los que 5.893 fueron mujeres y 5.037 hombres.
Subvenciones destinadas a posibilitar la inserción socio-laboral
La finalidad de estas subvenciones es proporcionar a estas personas la experiencia y práctica profesional que facilite su inserción socio-laboral, además de facilitarles alcanzar una mayor autonomía a través de su independencia económica, logrando así, su plena integración social. Estas subvenciones, que están cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, se concederán en régimen de concurrencia competitiva y ascenderán a un importe total de 1.125.000 euros.
Será subvencionable la contratación, durante un periodo mínimo consecutivo de 6 meses de duración, de personas de entre 16 y 64 años de edad y perceptoras de Renta Garantizada de Ciudadanía, para proporcionarles la experiencia y práctica profesional que facilite su inserción socio-laboral.
La contratación deberá formalizarse por escrito y encuadrarse en cualquiera de las modalidades contractuales establecidas por la normativa vigente, pudiendo concertarse a jornada completa o a tiempo parcial, siempre que en este último caso, la jornada de trabajo sea igual o superior al 80 % de la jornada que esa empresa o sector tenga estipulada como ordinaria.
Los contratos se formalizarán por un periodo de, al menos, seis meses. Si antes de finalizar este periodo se extinguiera el contrato, la entidad o empresa beneficiaria podrá contratar a otras personas que reúnan los requisitos exigidos en la Orden de Bases. Para ser subvencionable la sustitución debe darse en el plazo de un mes desde la fecha de extinción del contrato.
El importe de la subvención por cada contrato a jornada completa de duración igual o superior a seis meses, será de 9.000 euros, con independencia del salario que legal o convencionalmente le corresponda percibir al trabajador.
Podrán ser beneficiarias de esta subvención las empresas y las entidades sin ánimo de lucro que promuevan actuaciones, servicios o actividades destinadas a integrar a personas en situación o riesgo de exclusión social y realicen la actuación subvencionable descrita en las bases de la convocatoria.
Los destinatarios de las actuaciones subvencionables serán las personas que en el momento de iniciarse el contrato laboral tengan entre 16 y 64 años y sean beneficiarios de la prestación económica de Renta Garantizada de Ciudadanía en el momento de celebración del contrato. Las personas destinatarias serán seleccionadas por la entidad o empresas beneficiarias, que pueden dirigirse a la Gerencia de Servicios Sociales, como responsable de la prestación, para la derivación de posibles candidatos que cumplan esos requisitos.
Los interesados deben presentar su solicitud según el modelo normalizado ‘Solicitud de subvención destinada a financiar la contratación temporal de personas en situación o riesgo de exclusión social, perceptores de Renta Garantizada de Ciudadanía, por empresas y entidades sin ánimo de lucro’, que podrá obtenerse en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León www.tramitacastillayleon.jcyl.es
El plazo máximo de resolución y notificación será de seis meses, contado a partir del día siguiente a la finalización del plazo de presentación de solicitudes.