El consejero de Empleo destaca que las políticas demográficas han de tener suficiente protagonismo en la agenda europea, nacional y autonómica. La demografía es el gran problema silencioso de la Unión Europea, y el envejecimiento de la población, el indicador más destacado.
El consejero de Empleo, Carlos Fernández Carriedo, ha impartido la ponencia titulada ‘El empleo y la cohesión social como eje de las Políticas Demográficas’ en el VII Foro Economía & Economistas ‘La despoblación en Castilla y León: análisis socioeconómico’ que se ha celebrado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Valladolid. Durante su intervención ha expuesto la estrategia que la Junta de Castilla y León desarrolla en los últimos años para hacer frente al reto demográfico de la Comunidad, común a la mayor parte de las comunidades autónomas españolas y del continente Europeo.
Líneas Estratégicas en Demografía
El Gobierno autonómico ha definido cuatro líneas estratégicas para hacer frente a los retos demográficos actuales y futuros: creación de riqueza y empleo; garantizar servicios públicos de calidad y equidad; impulso a las políticas territoriales y de ordenación del territorio; y un mayor desarrollo de las políticas de conciliación y apoyo a la familia.
Creación de riqueza y empleo
En primer lugar, para combatir los problemas demográficos es imprescindible la generación de actividad económica que cree riqueza y empleo de cara a fijar población. Sobre ello, las medidas de empleo y desarrollo económico que impulsa la Junta se basan en dos ejes de actuación. De un lado, la II Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad y Conciliación en el Trabajo cuenta con el consenso de los agentes sociales y económicos de la Comunidad y constituye la guía clave sobre la que se basan las políticas activas de empleo hasta el año 2020. Se están impulsando políticas de fomento del empleo basadas en la mejora de la calidad del empleo: ya en 2017 todas las contrataciones se realizaron a jornada completa con un mínimo de 180 días. Asimismo se han incrementado los fondos del Plan de Empleo Local en 2018 un 7,6 %, hasta los 55,2 millones de euros para impulsar la cohesión territorial y hacer frente a los desafíos demográficos. Estas actuaciones han permitido, hasta finales de 2017, la creación de 58.300 empleos desde el peor momento económico y la bajada de la tasa del paro desde el 22,7 % al 13,7 %, con 113.400 desempleados menos.
De otro, el Acuerdo de Comunidad por la Reindustrialización, rubricado el 29 de marzo de 2017 por el Presidente de la Junta de Castilla y León y los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla y León, reconoce el Plan Director de Promoción Industrial 2017-2020 como el instrumento de referencia sobre el que se articula la estrategia de impulso a este sector, que incluye, entre otros aspectos, alcanzar el 3 % del gasto público no financiero de las consejerías para 2019 en I+D+i y el reto de que la actividad de manufactura industrial alcance el 20% sobre el Producto Interior Bruto autonómico en 2020.
Garantía de servicios públicos de calidad y equidad
La segunda estrategia va dirigida a garantizar servicios públicos de calidad y equidad, y mejorar dichos servicios en el territorio y en el mundo rural. La calidad de los servicios públicos prestados por la Administración autonómica está contrastada de forma independiente como en el Informe PISA o el barómetro sanitario, así como por la valoración de la atención a las personas dependientes que sitúa a la Comunidad a la cabeza de toda España. La población solo se puede fijar allí donde hay servicios de calidad y las adecuadas infraestructuras logísticas, de comunicación, sanitarias y educativas.
En este sentido, la Junta ha impulsado servicios en el ámbito rural acercando la atención primaria de salud a 1.400 núcleos de menos de 50 habitantes; se han mantenido unidades educativas abiertas con solo cuatro alumnos; se ha puesto en marcha un sistema de transporte a la demanda que atiende a un millón de personas en más de 3.500 localidades; y desde el punto de vista presupuestario se ha recuperado el nivel de gasto anterior a la crisis de las tres Consejerías gestoras de servicios públicos.
Políticas territoriales y de ordenación del territorio
La tercera línea fomenta el impulso de las políticas territoriales y de ordenación del territorio a través de la aprobación del proyecto de ley de Ordenación del Territorio, que garantice el mantenimiento de los servicios públicos, que son competencia del Gobierno autonómico y la gestión de competencias municipales en el medio rural, claves en la lucha contra la despoblación.
Así, el Plan de Empleo Local desarrolla actuaciones territoriales concretas en los municipios mineros de León y Palencia así como el Plan de Dinamización de la provincia de Soria, que comparte con Cuenca y Teruel los mayores problemas demográficos. Además, es imprescindible el desarrollo de las políticas de desarrollo rural que contribuyen a fijar población en los núcleos rurales, con el objetivo de que los colectivos de jóvenes y mujeres adquieran mayor protagonismo en la dinamización y modernización de la agricultura tal y como la Junta ha reclamado, con el consenso de todos los grupos políticos y las organizaciones agrarias en el reciente documento que reclama una financiación suficiente de la PAC.
Desarrollo de las políticas de conciliación y apoyo a la familia
Finalmente, la última estrategia busca un mayor desarrollo de las políticas de conciliación y apoyo a la familia, las cuales deben ser entendidas como el quinto pilar del Estado de Bienestar, junto con las pensiones, la educación, la sanidad y los servicios sociales y dependencia.
El Plan en materia de conciliación de la vida personal, familiar y laboral 2018-2020, firmado el pasado 15 de febrero en el ámbito del Diálogo Social, compromete casi 6 millones de euros para estas políticas. Hay que recordar el anteproyecto de la primera Ley de Conciliación de la vida personal, familiar y laboral y de eliminación de la brecha salarial de género, de España, presentada conjuntamente en el marco del Diálogo Social el pasado 26 de marzo, que regulará medidas de apoyo que permitan compatibilizar los tiempos de trabajo remunerado y los de la vida privada de los trabajadores, facilitando el desarrollo de su proyecto vital y garantizando las mismas oportunidades para mujeres y hombres.
De la misma manera, hay que destacar en el ámbito de apoyo a la familia, el refuerzo en 2018 de medidas fiscales, con actuaciones como el fortalecimiento de los incentivos a la natalidad, aumentando la deducción en el IRPF por nacimiento del primer hijo en 300 euros y duplicando el importe de la deducción para familias numerosas. El objetivo de estas medidas es paliar el problema demográfico del envejecimiento de la población y la falta de reemplazo de los jóvenes, común a la mayoría de los estados de la Unión Europea. De esta manera, los problemas demográficos deben ocupar un espacio destacado en la agenda pública de las instituciones del Estado y de la Unión Europea con el objetivo de que su implicación ayude a un nuevo modelo de financiación autonómica que garantice la calidad de los servicios y su equidad.
Realidad demográfica de la Comunidad
Asimismo el consejero de Empleo ha realizado una descripción de la realidad de Castilla y León, en materia demográfica, que comparte con la mayor parte de las regiones de interior de España y con la realidad de la Unión Europea. Castilla y León cuenta con factores estructurales: forma parte del continente con menos dinamismo demográfico del planeta, estar en la periferia de Europa, ser una Comunidad de Interior con amplia presencia rural, con una alta dispersión territorial, en un contexto en el que el 60 % de la población vive a menos de 50 km de la costa.
El problema demográfico es además anterior al Estado de las Autonomías. Desde mediados del siglo pasado las provincias de la Comunidad tuvieron un saldo migratorio negativo con la pérdida de más de un millón de habitantes, los más jóvenes, lo que generó consecuencias en el saldo vegetativo posterior.
Modernización de Castilla y León
La Comunidad que era eminentemente agrícola y desde hace 35 años ha pasado de contar con casi 250.000 ocupados en la agricultura a 60.000 en la actualidad. Sin embargo, pese a perder 190.000 empleos la producción agrícola hoy es muy superior. Esa pérdida de empleo agrario ha supuesto la ganancia de 20.000 empleos en el sector industrial y sobre todo en el sector servicios que ha ganado 320.000 empleos más.
Por otra parte, Castilla y León ha experimentado un importante cambio territorial. Hoy hay más empleo que entonces, sin embargo se ha reubicado: el mundo rural ha perdido 190.000 ocupados mientras que el sector industrial ocupa hoy a más de 170.000 personas y el sector servicios a cerca de 670.000, de esta forma la Comunidad es menos rural y más urbana aunque el territorio no.
Asimismo hay que tener en cuenta la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, frente a la situación en la década de los 80. La mayor parte del nuevo empleo ha sido ocupado por las mujeres, de hecho el 44 % de los empleos de Castilla y León son femeninos, conforme a la última EPA, con casi 425.000 mujeres ocupadas.
En este sentido, hay que tener en cuenta que Castilla y León se ha incorporado con éxito a la Unión Europea, convergiendo con las economías del entorno y convirtiéndose en una Comunidad más exportadora e industrializada que la media, con un PIB que se ha multiplicado por siete, líderes en la producción automovilística, agroalimentaria, en energías renovables y turismo rural; con el quinto mejor sistema de salud de España y un sistema educativo en primera posición nacional y la séptima a nivel internacional.