En la Comunidad sumaron 532, y hubo cuatro sentencias condenatorias para los autores de estos hechos.
El pleno de la sección de agresiones al personal de centros sanitarios del observatorio de la Comunidad de Castilla y León, ha analizado este jueves los datos contenidos en el registro de agresiones de la Gerencia Regional de Salud del año 2017. Así, se ha concluido que a lo largo del pasado año fueron agredidos un total de 639 trabajadores en 532 incidentes registrados. De estos, 8 fueron en el Complejo Hospitalario de Soria, mientras que 5 se produjeron en Atención Primaria. Los trece casos registrados afectaron a igual número de profesionales.
En la Comunidad, en sus los centros hospitalarios 367 trabajadores sufrieron algún tipo de agresión, mientras que en Atención Primaria fueron 265; otros siete trabajadores fueron agredidos en el ámbito de Emergencias Sanitarias.
Fuentes de la Junta de Castilla y León han indicado que en el total de la región, el 63 % de estas agresiones fueron de carácter verbal, mientras que el 20 % fueron psicológicas y el 17 % fueron agresiones físicas; de estas últimas, el 63 % se produjo en las áreas de Psiquiatría.
Del total de trabajadores que sufrieron algún tipo de agresión en el ejercicio pasado, y siempre en el ámbito de de Castilla y León, 231 fueron médicos, 203 profesionales de Enfermería, 109 técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, 23 celadores, 47 administrativos y 26 correspondientes a otras categorías. En cuanto a distinción por género, cabe destacar que 85 trabajadores agredidos fueron hombres y 554 mujeres –a decir, el 1 % de los hombres de la plantilla de Sacyl sufrieron algún tipo de agresión y el 2 % de las mujeres-.
A lo largo del año 2017,fueron 56 las denuncias que se presentaron por vía penal y en cuatro de ellas ya ha recaído sentencia condenatoria por diversos tipos de delito. Desde 2005, se han dictado 192 sentencias condenatorias por agresiones, de las cuales 44 fueron por delito de atentado y 20 por otro tipo de delito –el resto fueron consideradas como faltas-. Además, en 2018 se ha solicitado la incoación de 51 expedientes sancionadores.
También hay que destacar la utilización del botón de alarma, pues en 2017 se recibieron ocho avisos, de los cuales cuatro tuvieron lugar en León, dos en Burgos y otros dos en Palencia. Actualmente, se están realizando pruebas para desarrollar una nueva versión de este programa de botón de alarma con funcionalidades nuevas como un aviso de pruebas y una forma de acceder al botón sin necesidad de disminuir la pantalla de Medora. Esta nueva versión se instalará en primer lugar en Burgos y continuará después, progresivamente, por el resto de las áreas.
Según la Organización Médica Colegial de España, en el caso de agresiones a los médicos, la incidencia acumulada en 2017 es de 1,77 por cada 1.000, un dato que sitúa a Castilla y León mejor que la media nacional, con una incidencia de 2,05.
Formación
Para que los trabajadores sean conscientes de este problema y sigan denunciando en el caso de sufrir cualquier tipo de agresión, durante el año 2017 se han impartido 55 cursos en los que han participado 1.316 profesionales. Se han abordado materias como prevención de agresiones o técnicas de detección de situaciones difíciles. De igual forma, se han realizado jornadas informativas sobre agresiones –celebradas el pasado mes de marzo-, dirigidas principalmente a mandos intermedios y delegados de prevención.
Asimismo, el pasado marzo se aprobó un nuevo procedimiento de agresiones, en el que se recogen las aportaciones efectuadas el año anterior y alegaciones incorporadas por el sindicato Comisiones Obreras.
También se ha creado un nuevo registro de agresiones, el módulo Pérsigo sobre Violencia en el Trabajo, que será aplicable a todo el personal de la Junta de Castilla y León y que en el caso de Sacyl facilitará el seguimiento de los incidentes en cuanto a procedimientos judiciales, bajas o expedientes sancionadores, datos que el actual Registro de Agresiones no incluye.
Por otra parte, hay que señalar que se ha incrementado el número de centros de Atención Primaria incluido en el mapa de riesgos, que ha pasado de 49 a 65; en los hospitales se mantienen los servicios de Urgencias, los módulos penitenciarios, Psiquiatría y en Emergencias todas las UME.
Además, en 2017 se ha realizado la coordinación con los interlocutores policiales en todas las áreas.