Esta semana el TSJCyL denegaba el recurso del Ayuntamiento de Tordesillas en el que se pedía la anulación del decreto de la Junta que prohíbe la muerte y alanceamiento del astado
Esta semana el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) asestaba una estocada casi definitiva a la celebración del Toro de la Vega, al menos, tal y como la conocen y la defienden en la localidad vallisoletana de Tordesillas. La decisión de denegar el recurso presentado por el Consistorio de este municipio contra el decreto aprobado por la Junta de Castilla y León el 19 de mayo de 2016, en el que se prohibía la muerte y alanceamiento del animal, tal y como marcaba la tradición ha sido la última batalla de un enfrentamiento entre tordesillanos y animalistas, que viene de mucho antes.
Aunque las primeras referencias a este festejo se remontan al año 1534, lo cierto es que las primeras críticas al mismo datan de los años 1899, 1907 y 1914. En el año 1954 con la difusión de unas impactantes imágenes del espectáculo en el NO-DO aparecieron los primeros grupos de presión como la Asociación contra la Crueldad en los Espectáculos (ACCE), la Sociedad Protectora de Animales y Plantas, e incluso el por entonces ministro plenipotenciario y jefe de Información del Ministerio de Asuntos Exteriores, Carlos Arcos y Cuadra, emprendieron una campaña a favor de la suspensión del Toro de la Vega.
Ya a comienzos de este siglo, uno o dos autocares organizados por el Partido Animalista Contra el Maltrato Animal (PACMA) viajaban, unos días antes del festejo, hasta el municipio vallisoletano para protestar frente a la estatua del Toro, unas convocatorias que chocaban con los habitantes del municipio que les recibían entre insultos. Las protestas se trasladaron en los años siguientes al propio día de la celebración lo que hizo que aumentaran los enfrentamientos y la repercusión mediática de las protestas.
En 2011, el PACMA lanzó la campaña ‘Rompe una lanza’ en contra de la celebración del torneo. Aquel año 500 artistas e intelectuales españolesfirmaron un manifiesto de protesta contra el Toro de la Vega pidiendo su abolición. Poco a poco se consiguió que la polémica traspasara nuestras fronteras y llegara a medios de comunicación de países como Reino Unido, Francia, Estados Unidos y Alemania, que se unieron a las críticas al Torneo, que ven en el festejo un punto negativo para el turismo y lo califican de "truculento, sangriento e innecesario".
En septiembre de 2014 PACMA remitió al Parlamento Europeo una petición para que desde Bruselas se estudie si el Toro de la Vega puede estar incumpliendo la legislación comunitaria. Después de aceptar la petición para llevarla a trámite, el mismo mes el Parlamento Europeo rechazó pronunciarse sobre el Torneo por considerarse una «tradición cultural» que es competencia exclusiva de los Estados miembros y no de la Unión Europea. Ese mismo año creció la violencia entre partidarios y detractores dejando un saldo de treinta heridos. Al año siguiente un centenar de artistas se ofrecieron a dar un concierto gratuito en la villa de Tordesillas a cambio de eliminar la celebración, propuesta que fue rechazada.
El 19 de mayo de 2016, la Junta de Castilla y León aprobó un decreto-ley por el que quedaba tajantemente prohibida la celebración del Toro de la Vega en sus términos actuales, no permitiéndose ni la muerte ni el alanceamiento del toro. Tal y como manifestó la Junta, con esta nueva normativa, será el Ayuntamiento de Tordesillas quien tenga que decidir cómo finaliza el Torneo. El decreto-ley fue convalidado por las Cortes de Castilla y León el 8 de junio de 2016. Desde entonces el consistorio tordesillano ha luchado porque se anule esta medida, pero sus intentos han fracasado en todos los tribunales en los que lo han intentado, el último el TSJCyL.
Ahora queda saber que pasos van a dar, tiene la opción de presentar recurso de casación, o si por el contrario se consuma definitivamente la supervivencia del ‘Toro de la Vega’.