Las dos opciones que se plantean tras la reunión de esta mañana entre Acuaes, ayuntamientos y Cárnicas Villar pasan por desplazar la ubicación en Sinovas aproximadamenteun kilómetro, lo que supondría retrasar el proyecto dos años y poner en riesgo los fondos europeos, o proseguir con el emplazamiento previsto actual y correr el riesgo de una judicialización del proceso por parte de la empresa.
La sede de la Subdelegación del Gobierno ha acogido este viernes una reunión entre Acuaes, los alcaldes de Soria, Golmayo y Los Rábanos, junta y representantes de la empresa Cárnicas Villar para abordar el desplazamiento de la futura depuradora de la capital y su alfoz en el término de Sinoba. Un encuentro que se producía a instancias de la firma de embutidos y por la que se oponen a la ubicación que hasta ahora se contempla, instando a que sea emplazada a una distancia de "800 metros o un kilómetro" de lo previsto.
Así lo ha explicado la subdelegada del Gobierno en funciones, Yolanda de Gregorio tras la reunión, quien ha indicado que desplazar esta infraestructura podría suponer un retraso de "dos años" por ser preciso un cambio en la declaración de impacto ambiental. Ello llevaría, por otro lado a "un mayor coste económico". Habida cuenta que la obra está financiada por la UE, en la reunión se ha acordado contactar con la Dirección General de Fondos Europeos para estudiar si la prolongación en el tiempo de los trámites pudiera alterar dicha financiación.
Para De Gregorio, la "competencia" de la ubicación compete al Consistorio capitalino, que deberá decidir "si paramos o no" los trámites, y de no llegar en tiempo por la demora, habrá de ser el Ayuntamiento "quien asuma el coste de la minoración de los fondos".
De Gregorio ha indicado que la empresa "defiende sus intereses" toda vez que esta ha anunciado que estudiará "todas las posibilidades judiciales y las que sean necesarias" para que se tenga en cuenta su demanda. También ha añadido que la situación que ahora se abre "no es excusa" para el Ayuntamiento, ya que ahora "el Partido Socialista gobierna en España y no podrán decir que otros tienen la culpa".
Por su parte, el alcalde de la capital, Carlos Martínez Mínguez, ha reiterado la necesidad de agilizar la firma del convenio para comenzar con las obras y ha apuntado que los actuales problemas son fruto de la inacción del Gobierno (anterior) que lleva sin reunirse con los propietarios de los terrenos desde 2013.
Así, ha reseñado que el problema del Ayuntamiento con la depuradora nunca ha sido de ubicación sino de financiación y trasladar el emplazamiento supondría un sobrecoste de dos millones de euros, si bien, “pese a no ser un problema menor, no sería el mayor de los inconvenientes”. Sí sería, ha coincidido el regidor, la dificultad de cumplir los plazos para recibir los fondos europeos.
También ha asegurado que esta variación llevaría a “volver a la casilla de salida en la tramitación administrativa”, y ha abogado por "no fijar ninguna postura que ponga en riesgo" dichos apoyos económicos.
En este sentido ha remarcado que “cada mes que pasa es un mes que arriesgamos de cara a la justificación de los fondos europeos” y ha asegurado que los ayuntamientos implicados "nunca jamás han decidido la ubicación de la depuradora”.