La reforma de la Ley Penitenciaria contempla una pena de hasta 4 años de cárcel adicional para los presos que agredan a un empleado.
El Congreso de los Diputados ha tomado en consideración de una proposición de Ley, presentada por el Grupo Popular, para reconocer a los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad, con el objetivo de incrementar su protección ante los casos de agresiones por parte de los reclusos. La toma en consideración ha salido adelante con los votos a favor de PP, PSOE y Ciudadanos.
Esta reforma implicaría que los presos que agredan a un funcionario de prisiones se enfrenten a una pena adicional de hasta cuatro años de cárcel. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y mayoritario en la mesa de negociación de Prisiones, se ha felicitado de esta iniciativa, fruto de las reivindicaciones que han venido expresando en la organización sindical reivindicaciones, si bien con “cautela” hasta conocer la redacción definitiva del texto que apruebe el Congreso.
En los últimos seis años, se han registrado más de 2.200 agresiones en centros penitenciarios. Por eso, en CSIF han subrayado la necesidad de una modificación normativa para los funcionarios cuenten con este reconocimiento, de manera similar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
Esta iniciativa, promovida por la entidad sindical, da continuidad al protocolo ratificado en mayo de 2017. La reforma pretende reconocer de manera expresa la condición de autoridad pública, tal y como sucedió en la reforma del Código Penal de 2015 con las agresiones a sanitarios y docentes, que conllevan hasta cuatro años de cárcel.
Según datos oficiales, actualmente el personal que integra la institución penitenciaria asciende a más de 23.000 personas, de las cuales más de 15.000 se dedican a tareas propias del área de vigilancia, entre las que se incluyen garantizar el orden y la seguridad interior de los Centros Penitenciarios y Centros de Inserción Social.