La nueva norma tiene el objetivo de ampliar los beneficiarios, unas 200.000 personas en 2018, con un presupuesto de 207 millones de euros, casi un nueve por ciento más que en el ejercicio anterior.
El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) ha publicado este miércoles la Ley de ordenación y funcionamiento de la Red de Protección e inclusión a personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad social o económica de Castilla y León, que tendrá un carácter estable y no sólo para el momento de crisis por lo que se creó en 2013 tras su aprobación en las Cortes el pasado 13 de junio.
La nueva norma parte con el objetivo de ampliar los beneficiarios, unas 200.000 personas vulnerables en 2018 con un presupuesto de 207 millones de euros, casi un nueve por ciento más que en 2017.
La nueva norma crea cuatro nuevos derechos subjetivos en el ámbito social al considerar como "prestaciones esenciales" el servicio integral ante situaciones de desahucio, las prestaciones económicas para hacer frente a deudas hipotecarias y de alquiler y el servicio para garantizar la alimentación.
Para llegar a más personas, amplía la atención al contemplar, además de las situaciones de vulnerabilidad económica y social, el desamparo personal en casos que requieren una actuación inmediata para salvaguardar la integridad de esas personas, como víctimas de violencia de género, menores desprotegidos o mayores discapacitados o en desamparo.
En total, la Ley recoge, clasifica y regula los 34 recursos que constituirán la Red, once más de los previstos en su inicio, y garantiza su "acceso prioritario" a las personas más vulnerables al incluir, además de los servicios sociales, los de empleo y vivienda destinados a estos ciudadanos y regula herramientas como la valoración del caso, el Plan individual de atención y la figura del profesional de referencia "que garantiza una atención integral, coordinada, personalizada y continuada del usuario".