Castilla y León es la segunda autonomía con mayor número de agresiones a enfermeros durante el pasado año.
Un total de 1.593 profesionales de la Enfermería sufrieron algún tipo de agresión en el año 2017, de los cuales el 70 por ciento fue agredido verbalmente y el 30 por ciento físicamente, siendo Castilla y León la segunda comunidad autónoma en la que más casos se registraron (203), según datos aportados por el Observatorio Nacional de Agresiones a Enfermeras y Enfermeros, puesto en marcha en 2018 por el Consejo General de Enfermería.
Superan a Castilla y León, Andalucía con más de 557, mientras que País Vasco (184) ocupa la tercera posición en el ránking autonómico de las que más enfermeros fueron agredidos durante el ejercicio de su profesión. No obstante, a juicio del secretario general del Consejo General de Enfermería, Diego Ayuso, estos datos son la "punta del iceberg" puesto que en algunas comunidades hay un "mal manejo" de la información relacionada con estas agresiones y en otras, como por ejemplo Cataluña, no cuentan con ningún dato.
"A nivel penal lo que se denuncia es la agresión física, pero son muchas más las que se sufren a nivel verbal y afectan desde el punto de vista psicológico de una forma muy importante al profesional. Si alguien llega a tu trabajo y te insulta, te amenaza, eso genera una inestabilidad, una ansiedad y un estrés enorme que desde luego no tiene por qué sufrir un profesional enfermero", ha apostillado Ayuso.
Además, y en relación con los datos publicados por otros colectivos, las enfermeras son los profesionales que más sufren esta lacra. En este punto, el experto ha recordado que denunciar estos casos es "especialmente relevante" puesto que, tal y como ha recordado, cualquier tipo de agresión al profesional es un accidente de trabajo.
"Si como consecuencia de la agresión sufrida se deriva un problema de salud tendría la consideración de 'enfermedad profesional'. Si no se declara la agresión, no podrán beneficiarse de la protección por contingencia profesional en el sistema de la seguridad social", ha añadido.
Finalmente, el presidente del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez Raya, ha destacado la importancia del observatorio porque permite unificar la información e intentar una aproximación real al "grave problema" de las agresiones a enfermeras y enfermeros, obteniendo un beneficio que, tal y como ha asegurado, redundará en toda la profesión.
Asimismo, ha solicitado la colaboración de hospitales, centros de salud e instituciones para que juntos puedan elaborar un registro y las enfermeras puedan ampararse en las coberturas recogidas en las pólizas de responsabilidad civil (asistencia jurídica como consecuencia de agresión física sufrida por el enfermero) y tener el apoyo institucional y jurídico de su correspondiente Colegio Oficial de Enfermería.
"El objetivo final es frenar la lacra de las agresiones al personal sanitario, ya que además de su repercusión en la salud y seguridad de los profesionales afectados, tiene capacidad para incidir de manera negativa en el desempeño de la actividad sanitaria y en la calidad del servicio asistencial que prestan a toda la ciudadanía", ha zanjado Pérez Raya.