El coste medio mensual por arrendamiento es de 351 euros de cada unidad dentro del Somacyl para lo que esta cantidad busca sufragar la diferencia entre gasto e ingreso.
El Consejo de Gobierno ha autorizado esta mañana de jueves la concesión de una aportación de 294.334 euros a la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente, Somacyl, para financiar el déficit producido por la gestión de las 112 viviendas destinadas a alquiler social con opción a compra en el medio rural. Esta aportación sufraga la diferencia entre el gasto medio por vivienda y el ingreso mensual medio por alquiler en el periodo comprendido entre junio de 2016 y diciembre de 2017.
El gasto medio mensual por vivienda es 351 euros y el ingreso medio por el alquiler es de 100 euros, precio máximo establecido en el protocolo de colaboración entre la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y Somacyl, por lo que se genera un déficit por vivienda de 251 euros mensuales. Actualmente el número de viviendas propiedad de Somacyl, incluidas en el Protocolo, es de 163, de las que 112 están alquiladas con opción a compra, cuya gestión es la que ha generado este déficit.
La aportación de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente está justificada en las políticas activas de vivienda que ha implementado la Junta de Castilla y León para potenciar el mercado del alquiler como forma de acceso a la vivienda. Entre ellas se encuentra la aprobación del Decreto 41/2013, de 31 de julio, que regula el Programa de Fomento del Alquiler de la Comunidad de Castilla y León y la firma de diferentes acuerdos en el seno del Consejo del Diálogo Social y la aprobación de la Agenda para la Población 2010 – 2020 en la que se establecieron varias medidas relacionadas con la vivienda y el medio rural.
Dentro de este marco, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León, Somacyl, formalizaron un Protocolo de actuación, en junio de 2016, para que esta última destinara las viviendas de protección pública de su propiedad al alquiler social con opción a compra, con la finalidad de garantizar el acceso a una vivienda digna a las personas que lo necesitaran en el medio rural.
La cláusula tercera de ese protocolo establecía que la Consejería analizaría las consecuencias económico-patrimoniales de las actuaciones y, en su caso, iniciaría los trámites oportunos para conceder una aportación dineraria a Somacyl, dirigida a financiar actuaciones concretas que puedan derivarse del régimen de colaboración.
Las condiciones recogidas en el Protocolo establecían que el precio del alquiler no excedería de los 100 euros mensuales más el IVA correspondiente y en ningún caso la renta anual podría superar el 5 % del precio máximo de venta que figuraba en la calificación definitiva de cada una de las viviendas. La opción de compra podría ser ejercida por el arrendatario en cualquier momento durante la vigencia del contrato, estableciéndose las correspondientes deducciones en el precio en función del tiempo transcurrido.