La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, ha pedido a la Junta de Castilla y León que apoye los nuevos objetivos de estabilidad presupuestaria 2019-2021 fijados en el último Consejo de Ministros puesto que ofrecen a las comunidades autónomas la posibilidad de "emplear más recursos" en 2019 para "luchar" contra la despoblación y para "ofrecer" a los ciudadanos "mejores servicios en sanidad o educación".
El nuevo objetivo de déficit público para el próximo año pasa del 1,3 por ciento del PIB al 1,8 por ciento. Esas cinco décimas suponen unos 6.000 millones de euros de los que el 40 por ciento serían para las comunidades autónomas; otro 40 por ciento, para la Seguridad Social y el 20 por ciento restante, para la Administración General del Estado.
Barcones ha manifestado, a través de un comunicado remitido a Europa Press, que "los castellanoleoneses" no entenderían que la Junta "rechazara" apoyar la disponibilidad de más recursos no sólo para sanidad o la educación sino también para ampliar los servicios sociales en el medio rural, para la dependencia y las pensiones. "Son herramientas para afrontar el reto demográfico, para asentar población en nuestros pueblos", ha señalado.
Para la delegada del Gobierno, los nuevos objetivos de estabilidad y el aumento del techo de gasto a un total de 125.064 millones de euros para 2019, permitirán unos Presupuestos Generales del Estado "más sociales y redistributivos, algo irrenunciable en Castilla y León puesto que necesitamos retornar ya al camino del Estado de bienestar e inyectar más recursos que nos permitan luchar contra la despoblación".
Si estos nuevos objetivos, que cuentan con la aquiescencia de la Unión Europea, no se aprueban en el Senado, se mantendría la senda anterior, la de un déficit del 1,3 por ciento del PIB, por lo que las comunidades autónomas perderían las dos décimas que le otorga la nueva senda y tendrían que hacer un mayor esfuerzo para cumplir con el déficit. Otro tanto pasaría con la Seguridad Social.
Por otra parte, el mayor margen fiscal también beneficiaría a los ayuntamientos puesto que el Gobierno podría ser más ambicioso a la hora de permitir que un mayor porcentaje del superávit municipal se destinara a políticas sociales.
La delegada del Gobierno ha insistido, en este sentido, que no creía que los 2.248 ayuntamientos y las 2.227 Entidades Locales menores de Castilla y León "llegasen a comprender" que la Junta votara "en contra de más recursos" para políticas que "mejorasen la calidad de vida de sus vecinos".