Así lo señalan en CSIF donde apuntan también que a esta situación se suma a la falta de personal en este servicio de Inspección de Consumo.
CSIF ha lamentado este martes, "una vez más", el progresivo desmantelamiento de la protección de los consumidores y usuarios de Castilla y León. “La Junta promulga su defensa, pero a su vez reduce de manera lenta y progresiva las herramientas para su protección”, apunta CSIF, que recuerda que “a la escasez endémica de medios humanos y materiales, en este cuerpo especial, se añade una normativa que deja indefensos a colectivos muy vulnerables, se sumará el descabezamiento de sus responsables en Consumo”.
Hasta ahora, explica CSIF, el grueso de las Jefaturas de Sección de la Inspección de Consumo de las provincias, es decir, quienes se encargan de dirigir el trabajo de los inspectores de consumo, de instruirles y de asesorarles en sus actuaciones, “estaban ocupadas por funcionarios con una amplia experiencia y formación en materia de consumo, porque en su momento se primaba este hecho como fundamental para ofrecer un servicio público de calidad”. Sin embargo, ironizan en CSIF, “ahora estamos en un momento en que se está produciendo el relevo generacional, y la Junta considera que no es importante que el máximo responsable provincial de preservar la salud, seguridad y los legítimos intereses económicos de los consumidores y usuarios castellanos y leoneses tenga experiencia y formación en consumo”.
El resultado, según el sindicato independiente, ya se deja apreciar en alguna provincia, a la que se ha adjudicado la Jefatura de Sección de Inspección de Consumo en concurso una plaza que está abierta a cualquier funcionario. “Luego, el nuevo responsable necesita de toda la sección para que le asesoren, cuando debería ser al revés, que el jefe de sección tuviera la mayor experiencia y conocimiento para establecer el mejor criterio de actuación. Es responsabilidad de la administración que deja la plaza abierta, no del funcionario que la solicita”, según CSIF.
Acceder a una plaza de inspector de Consumo es una de las oposiciones más complicadas, por su extenso temario en constante actualización, por la complejidad y la transversalidad de las materias, y por la responsabilidad de su trabajo, que tiene que garantizar la seguridad y los derechos del consumidor. Pues bien, todos estos inspectores, si no cambian las cosas, “en breve serán dirigidos por alguien que no sabe nada de la materia, y al que nadie le obliga que sepa una vez obtenida la plaza. En definitiva, un flaco favor a la defensa de los consumidores”, explican en la organización sindical.
Los inspectores de consumo, en su mayoría mujeres, remitieron en 2016 y en 2018, tanto a su Consejería de referencia, la de Economía y Hacienda, como a la viceconsejera de Función Pública, sendos escritos reclamando que no se convierta a la Inspección de Consumo, de facto, en una inspección florero. Así lo ha hecho saber también CSIF, en escritos registrados en los años 2014, 2015, 2016 y 2017, remarcando la necesidad de que los jefes de sección de Consumo vuelvan a ser personal con experiencia y amplia formación en consumo, en las negociaciones de las nuevas Relaciones de Puestos de Trabajo (RPTs).
El secretario general de la Consejería de Economía, es decir, el máximo responsable de personal, en escrito de contestación al sindicato en el año 2015 ya reconoció que se debe valorar la formación en materia de consumo para ser jefe de Sección. Este sindicato ha pedido a la viceconsejera de Función Pública, no ya que atienda las peticiones de los funcionarios o de este sindicato, sino el informe técnico que la Dirección General de Comercio y Consumo ha elaborado, confirmando que es preciso mantener el nivel de especialización de un cuerpo encargado de un servicio tan fundamental y sensible.
"Da la casualidad de que las plazas que han quedado vacantes de Jefatura de Sección se han ocupado, en comisión de servicios, por inspectores de Consumo, plazas que se perderán en el próximo concurso a todas luces. La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) implica que la competencia en defensa de los derechos de los consumidores es de la Comunidad Autónoma en exclusiva, a no ser que las deleguen mediante convenios específicos, lo cual no ha ocurrido", han indicado.
Esta responsabilidad recae en los 35 inspectores de consumo. En la provincia hay una inspectora interina. La otra, al jubilarse el jefe de sección, ocupa la plaza en comisión de servicios (es decir, de forma provisional hasta el concurso). Asume la Jefatura de Sección de Consumo, la Jefatura de Sección de Comercio y, como ahora el administrativo está de vacaciones, también su trabajo. “Es un tres por uno” según CSIF, donde añaden también que cuando las circunstancias lo exigen también debe salir de inspección.
En el resto de las provincias, la situación está así, en este momento:
-Burgos: Dispone de 4 inspectores. Su jefe de sección se jubilará este año.
-Palencia: Dispone de 3 inspectores. Al jubilarse el jefe de sección, ocupa la plaza en comisión de servicios (es decir, de forma provisional hasta el concurso) una inspectora con más de 25 años de servicio en la materia).
-Salamanca: Dispone de cinco inspectores. Su jefe de sección dejará el puesto en un horizonte máximo de 5 años.
-Segovia: Dispone de 2 inspectores. Al jubilarse el jefe de sección, ocupa la plaza en comisión de servicios (es decir, de forma provisional hasta el concurso) un inspector con más de 30 años de servicio en la materia).
-Valladolid: Dispone en activo de 7 inspectores, su jefe de sección se jubilará en un máximo de 5 años.
-Zamora: 3 inspectores. Su jefe de sección se jubilará en un horizonte de 5 años.
-León: Dispone de 7 inspectores.