La Operación OPSON se salda con dos investigados como presuntos autores de un fraude en la cadena alimentaria.
Agentes de la Guardia Civil del SEPRONA de la Comandancia de Salamanca investigan a dos varones, y han inmovilizado una tonelada de productos ibéricos y lácteos con riesgo para la salud pública en la inspección de un establecimiento autorizado sanitariamente solo para el envasado de productos cárnicos, ubicado en el término municipal de La Alberca. Esta actuación llevada a cabo en la provincia salmantina se enmarca en la ejecución de la fase operativa de la Operación OPSON para la lucha contra el fraude en la cadena alimentaria.
Como consecuencia de la inspección, se descubrió que el establecimiento llevaba a cabo de manera ilícita actividades de almacenamiento y distribución de productos cárnicos -sin la correspondiente autorización sanitaria-, y los agentes comprobaron que en las diversas instalaciones y dependencias se hallaban almacenados numerosos productos cárnicos y lácteos para su distribución al consumidor final, lo cual suponía una infracción a la legislación de la Comunidad Autónoma.
Durante la inspección también se localizaron envases de paté caducados con un peso total de 42 kilogramos; 42 piezas de paleta curada de 3 kilogramos y once envases de dos paletas de 6,2 kilogramos sin etiqueta ni lote, con un peso total aproximado de 195 kilogramos; 360 kilogramos aproximados de quesos curados en mal estado; 42 paquetes de loncheados de jamón sin etiqueta ni lote; 22 quesos de distinta procedencia des etiquetados, cuatro cajas de 30 envases de jamón sin etiqueta ni lote, e incluso se hallaron numerosos productos cárnicos --lomo, solomillo, secreto y pluma-- congelados y envasados en cajas y depositados en remolques frigoríficos dados de baja de la circulación sin registros de temperaturas que certificaran su sanidad.
En total, cerca de una tonelada de productos alimentarios.
Al no quedar garantizada la trazabilidad sanitaria, detectada la caducidad y deficiente estado higiénico para el consumo, los guardias civiles llevaron a cabo el precinto, retirada para el mercado, intervención administrativa e inmovilización cautelar del género reseñado, contando con el apoyo Servicio Territorial de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, que posteriormente procede a la retirada de los productos de la cadena alimentaria y acuerda su destrucción definitiva.
Dicha actuación permitió el inició de una ardua investigación penal que ha derivado, junto con la formalización de las correspondientes denuncias por incumplimientos de la legislación sanitaria a la investigación de dos varones de 47 años, con iniciales R.B.P. y M.G.G., como supuestos autores de los delitos contra la salud pública y falsedad documental, debido a su participación por acción u omisión en distintas fases del grave fraude alimentario detectado y la puesta en grave riesgo la salud de los consumidores.