La Junta de Castilla y León ha publicado una Orden mediante la que evita que la subida de los complementos que cobran 6.000 dependientes, como consecuencia del incremento de las pensiones, no afecte durante este año al copago o las cuantías que reciben por Dependencia, lo que se estima que tendrá un coste para la Administración de medio millón de euros.
La Junta de Castilla y León ha publicado una Orden mediante la que evita que la subida de los complementos que cobran 6.000 dependientes, como consecuencia del incremento de las pensiones, no afecte durante este año al copago o las cuantías que reciben por Dependencia, lo que se estima que tendrá un coste para la Administración de medio millón de euros.
Así lo ha explicado este martes el gerente regional de Servicios Sociales, Carlos Raúl de Pablos, quien ha explicado la Orden publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) para garantizar que el incremento de las pensiones no perjudique a estas personas ni a sus cálculos en cuanto a prestaciones o copagos por Dependencia, ya que además se tendrían que revisar con carácter retroactivo desde el 1 de enero, lo que supondría que algunos incluso tuvieran que realizar algún reintegro de lo percibido, por ejemplo.
De Pablos ha recordado que la subida de un 1,6 por ciento de las pensiones en general y de las mínimas el 3 por ciento afecta a quienes perciben complementos de ayuda a tercera persona, como es el caso de la gran invalidez, de algunos beneficiarios de pensiones no contributivas y también a los que perciben prestaciones familiares por hijos a cargo mayores de 18 de años.
Estos complementos se deducen, según prevé la Ley de Dependencia, de las prestaciones económicas que tienen concedidas las personas en situación de dependencia, con lo que el incremento en estos complementos por la subida de las pensiones provocaría una revisión de su percepción como dependiente, algo que se hace habitualmente a 1 de enero de cada año, lo que conllevaría un descenso de las cuantías que reciben hasta ahora.
Con la Orden publicada se trata de evitar que se lleve a cabo esta revisión durante este año --en 2019 se hará la habitual al inicio del ejercicio--. Para ello, se compensa la reducción que podrían registrar algunos de los afectados o no se tiene en cuenta la subida con motivo del incremento de las pensiones para calcular la aportación a los servicios de la dependencia (conocido como copago).
El gerente de Servicios Sociales ha recordado que es la tercera modificación del sistema de dependencia en Castilla y León tras la realizada a principios de año que recogía algunas mejoras llevadas a cabo anteriormente y la aplicación de la reducción de plazos de reconocimiento de la situación de dependiente y otra realizada para recuperar la parte que se redujo en 2012 en las prestaciones de dependencia de cuidados familiares.
De Pablos ha insistido en que todas estas medidas sólo se han llevado a cabo en Castilla y León y "ratifican" la "privilegiada" posición nacional de la Comunidad en la gestión de la Dependencia y el compromiso de mejora de atención a unos 89.000 dependientes con prestación que hay en la región.