La Consejería destinará en 2018 más de 8,3 millones de euros para potenciar estos programas y los centros y servicios de asistencia e integración social de drogodependientes que forman parte de la red de intervención en drogodependencias del Plan Regional sobre Drogas de Castilla y León.
La Comisionada Regional para la Droga, Esperanza Vázquez, ha hecho balance del primer año del Plan Regional sobre drogas de Castilla y León (2017-2021) en el que ha destacado, como una de las actuaciones más reseñables, la coordinación entre la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León, FREMP, para reducir el consumo de bebidas alcohólicas en los municipios, que ha llegado a más de 25.000 personas. El año 2017 ha sido el primer año de vigencia del VII Plan regional sobre drogas de Castilla y León, aprobado por Acuerdo 22/2017, de 25 de mayo.
Castilla y León cuenta con una consolidada red de intervención en drogodependencias formada por más de 60 entidades de la Comunidad entre las que se encuentran la propia Junta de Castilla y León, y más de una treintena de entidades sociales, ayuntamientos, diputaciones provinciales y agentes económicos y sociales. Una red que ha conseguido que el pasado año, 25.900 castellanos y leoneses se beneficiaran de los distintos programas de prevención y de disminución de los riesgos y que 9.500 drogodependientes fueran atendidos en los programas de asistencia e integración social, tanto en el ámbito social como en el laboral.
El objetivo de todas estas actuaciones es evitar los daños físicos, psicológicos y sociales de las drogodependencias, para lo que se refuerzan las intervenciones preventivas y asistenciales especializadas, con especial énfasis en el alcohol, tabaco y cannabis, y en la disminución de los riesgos en el ámbito social y laboral.
La Junta financia más de 70 centros, servicios y programas asistenciales especializados que gestionan las entidades sociales públicas y privadas, y entre los que se encuentran 13 centros específicos de primer nivel para todo tipo de drogodependientes; 17 asociaciones de alcohólicos rehabilitados; 11 centros de asistencia ambulatoria a drogodependientes; 7 centros de día, de los cuales uno es específico para pacientes alcohólicos; 8 comunidades terapéuticas y 2 centros residenciales de rehabilitación de alcohólicos. A través de estos recursos se atendieron en 2017, sin tener que soportar listas de espera, a 2.254 drogodependientes en centros específicos de primer nivel; a 3.863 en centros de asistencia ambulatoria a drogodependientes; 989 en centros de día; 550 en comunidad terapéutica; 1.608 alcohólicos en asociaciones de alcohólicos rehabilitados y 222 en centros residenciales de rehabilitación de alcohólicos.
A través de la Red de Planes sobre drogas, a la que pertenecen los ayuntamientos mayores de 20.000 habitantes y las diputaciones provinciales con un plan local sobre drogas, se financia el desarrollo de programas prioritarios de prevención del consumo de drogas y de disminución de los riesgos asociados al mismo.
Una de estas prioridades es la prevención del consumo de alcohol y de los daños asociados al mismo, especialmente en menores de edad, para lo que en 2017 se ha firmado un Convenio entre la Gerencia de Servicios Sociales y la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León con el objetivo de impulsar las actuaciones contempladas en la ‘Guía práctica para reducir el consumo de alcohol’.
Durante 2017 se ha apoyado desde la Junta a 14 planes municipales y 8 planes provinciales sobre drogas y se han desarrollado programas acreditados de prevención familiar universal, selectiva e indicada del consumo de drogas en los que han participado 3.263 padres, madres e hijos, pertenecientes a 2.253 familias distintas.
Los programas de prevención familiar consiguen un alto grado de retención de las familias que participan en ellos, que alcanza 90 % en el caso del programa Moneo, el 87 % en el caso del programa Dédalo y del 100 % en el caso del programa Alfil dirigido a familias en las que uno de los progenitores es alcohólico en tratamiento.
Por su parte, el uso nocivo de bebidas alcohólicas tiene graves repercusiones sociales y sanitarias para el consumidor, su familia y para la sociedad en general. Estos efectos perjudiciales suponen una importante y creciente preocupación en Castilla y León, en España y en la Unión Europea. Además los menores de edad que consumen alcohol son especialmente vulnerables a sus efectos perjudiciales, sobre todo cuanto más precoces e intensos son los consumos.
Tal y como recomiendan los organismos internaciones, la prevención del consumo de alcohol y la reducción de los daños asociados al mismo son tareas complejas que precisan de actuaciones a medio y largo plazo, que intervengan tanto sobre la reducción de la oferta como de la demanda. Para ello es precisa la implicación activa de toda la sociedad, así como de la coordinación y cooperación de las instituciones públicas, siendo este el planteamiento del acuerdo firmado entre la FREMP de Castilla y León y la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades en junio de 2017 en base a la Guía para reducir el consumo de alcohol consensuada entre ambas partes.
Durante el primer año del convenio se ha logrado un buen grado de implantación y de consolidación en las áreas de sensibilización, prevención y promoción del ocio sin alcohol, en las que 19 corporaciones locales han realizado campañas y acciones de sensibilización con una finalidad concreta, llegando a más de 19.000 personas. Además las 22 corporaciones locales que forman parte de la Red de Planes sobre drogas han mantenido y potenciado los programas de prevención familiar llegando a 1.885 padres y madres. Por último, la mayor parte de las corporaciones locales han impulsado actividades durante los fines de semana, vacaciones. En este campo se ha trabajado la formación con responsables municipales y foros de alcaldes en los que han participado más de 200 personas
En el área de reducción de los daños, se han consolidado los cursos de formación en dispensación responsable de alcohol (DRA) con empresarios y trabajadores de la hostelería, habiéndose formado un total de 204 personas. Lo mismo, ocurre con los talleres de reducción de los accidente de tráfico en los que han participado un total de 3.909 jóvenes. Además se ha considerado prioritaria la realización por parte de los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes de controles aleatorios y selectivos de alcoholemia. En esta área se ha iniciado en 12 corporaciones locales el trabajo con mediadores en peñas y locales.
Finalmente, en el área de vigilancia y cumplimiento de la normativa, se han impulsado actuaciones en municipios de más de 20.000 habitantes a través de intervenciones de agentes de la policía municipal en zonas de concentración masiva donde se consume alcohol en la vía pública (botellones). Así, en 12 ayuntamientos se ha vigilado la renovación de licencias, y se están tomando medidas para evitar la permisividad durante las fiestas y restricciones de casetas.
Desde la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades se mantiene la apuesta clara a lo largo de este año por continuar impulsando actuaciones para la prevención y asistencia a drogodependientes con más 8,3 millones de euros, entre las que se encuentra el desarrollo de la Guía para reducir el consumo del alcohol en coordinación con la Federación de Municipios y Provincias de Castilla y León, ya que los buenos resultados se obtienen con actuaciones mantenidas en el tiempo.
Las actuaciones más relevantes que se están impulsando en 2018 son especialmente aquellas que tiene que ver con la prevención y la reducción de los riesgos principalmente a través del programa Moneo para familias con hijos de 14-16 años; de la realización de talleres de reducción de los accidentes de tráfico; y las intervenciones con mediadores en peñas o locales similares.
También se está reforzando el cumplimiento de la normativa, con inspecciones para evitar la venta y consumo de alcohol en menores, especialmente en zonas de botellón y se están impulsando las actuaciones formativas con responsables municipales, policía municipal y trabajadores de la hostelería.