Consieran que esta medida responde a un afán recaudatorio, sin que la defensa del medio ambiente que se alega sea el fundamento de esta medida.
a Federación Regional de Castilla y León de Asociaciones de Estaciones de Servicio de Castilla y León (Fereclaes) muestra su rotunda oposición a la iniciativa del Gobierno de España sobre la nueva fiscalidad con la que se pretende gravar, especialmente, el uso y consumo de combustible diésel.
La misma, a juicio de Fereclaes, "resulta discriminatoria respecto a otros combustibles y suministros energéticos, carece de sustento material y legal y supone un grave e innecesario perjuicio a los consumidores y al sector de Estaciones de Servicio".
La asociación, a través de un comunicado recogido por Europa Press, entiende que dicha medida solo responde a un afán recaudatorio que sustente el incremento de déficit público pretendido por el Gobierno, sin que la defensa del medio ambiente que se alega como base de dicha medida resulte real.
Recuerdan que, durante décadas, se ha venido incentivando el consumo de diésel, tanto desde los respectivos gobiernos como desde las instituciones europeas y que, consecuencia de dicha política, los motores diésel han alcanzado una notable eficiencia y cumplimiento de la exigente normativa medioambiental, por lo que el radical cambio de política viene a contradecir el planteamiento anterior al que numerosos consumidores se han sumado, viéndose ahora desamparados y gravemente perjudicados ante la expectativa de un precio superior del combustible diésel.
Igualmente, el colectivo recrimina no solo la inoportunidad de dicha medida, si no la eventual ilegalidad de la misma, dada su inminencia; la ausencia de periodo transitorio, la absoluta falta de información y justificación frente al consumidor y, sobre todo, la falta de justificación normativa que acredite su adopción, así como la finalidad recaudatoria de la misma, en paralelo a anteriores medidas como la adopción del llamado 'céntimo sanitario' que ya ha sido declarado ilegal.
Por todo ello, la asociación insiste en que dicha medida sólo viene a causar un grave perjuicio y discriminación a los consumidores y, con ello, al sector que representan sin que, además, su conveniencia fiscal y eficacia sea acreditada, respondiendo exclusivamente a los intereses recaudatorios, carentes de justificación legal y en contradicción con anteriores planteamientos que se han venido incentivando desde el propio Gobierno de España.