Representantes de las diputaciones de las tres provincias se reúnen en la ciudad aragonesa donde suscriben un documento conjunto con el que reclamar una mayor cobertura de este servicio.
Los presidentes de las diputaciones provinciales de Teruel, Cuenca y Soria, Ramón Millán, Benjamín Prieto y Luis Rey respectivamente, han suscrito hoy un acuerdo institucional reclamando una discriminación positiva para sus respectivos territorios en la implantación y extensión de la banda ancha de nueva generación.
Para ello, esta mañana de lunes han suscrito un documento conjunto que presentarán como alegaciones las bases de la 1º convocatoria del Plan de Extensión de la Banda Ancha de Nueva Generación (PEBA-NGA) del Ministerio de Economía y Empresa por el que se convocan subvenciones dirigidas a las operadoras privadas que suministran internet.
Las tres provincias entienden que la extensión de banda ancha de nueva generación y el aumento de la cobertura de redes de comunicación representan para los tres territorios una de las mayores oportunidades para combatir las causas que han originado el decrecimiento acelerado de su población.
Además, los tres representantes institucionales entienden que el desarrollo de las infraestructuras tecnológicas de comunicación, en la sociedad de la información, es fundamental para la creación de nuevas oportunidades de negocio, creación de empleo y por lo tanto de fijación de población y mantenimiento de servicios.
Sin embargo, para las instituciones provinciales reunidas, las bases de la convocatoria de subvenciones para que las operadoras presenten sus propuestas dejan algunos interrogantes sobre las verdaderas opciones que tendrían los territorios con más zonas blancas y despoblados como son las tres provincias.
El presidente de la Diputación de Soria, Luis Rey, ha señalado que “as distintas convocatorias que se han celebrado por las distintas administraciones “no sirven para dar cobertura a las zonas blancas y las localidades de pequeño tamaño, por resultar poco interesantes desde el punto de vista de las operadoras, quedando en manos en manos de su interés económico”.
Por ello, el mandatario provincial ha recalcado “entendemos que se está dando un fallo de mercado que provoca que hay que tomar medidas más allá de las convocatorias legislativas para garantizar el acceso a la conectividad en términos de igualdad en todos los territorios permitiendo modificaciones legislativas que hagan que no dependa sólo de las operadoras y se pueda entender como un servicio público necesario”.
Por su parte, su homólogo turolense, Ramón Villar ha significado que “tener una población tan reducida, unos territorios tan extensos y tan difíciles orográficamente nos hace menos atractivos para las operadoras a la hora de extender redes cableadas o inalámbricas y también en cuanto a las conexiones de tal forma que podríamos quedar fuera de este proceso por motivos economicistas o en el mejor de los casos, accediendo a estas tecnologías a precios desorbitados, lo que, de nuevo, nos sitúa en desventaja respecto al resto de provincias”.
Además, el presidente de la Diputación de Cuenca, Benjamín Prieto, se lamentaba de que las nuevas tecnologías no lleguen de igual manera a todos los lugares de España. “Somos determinadas provincias las que estamos sufriendo esta realidad que se traduce no sólo en una pérdida de calidad de vida, sino también de desarrollo económico y, por tanto, de población”, ha apuntado Prieto, quien instaba “a que las diferentes administraciones incentiven a operadoras y empresas para que encuentren atractivo invertir y desarrollar infraestructuras en nuestros territorios”.
Aportaciones técnicas
Teniendo en cuenta que la gran mayoría de municipios de las tres provincias están incluidos, total o parcialmente en las llamadas zonas blancas de cobertura menor a 30 Mb/s, en el documento suscrito esta mañana por las tres instituciones, se realizan varias aportaciones técnicas que se remitirán al Ministerio de Economía y Empresa antes del 15 de septiembre, fecha en la que concluye el plazo de exposición pública del citado documento.
En concreto se presentan estas aportaciones para que, de acuerdo con lo recogido en la página 60 del Acuerdo de Asociación del Estado Español con la Unión Europea para 2014-2020, se adopten las medidas normativas y presupuestarias que hagan realidad la extensión de la Banda Ancha en las tres provincias con el objetivo de paliar las desventajas que tienen a la hora de recibir servicios por parte de los operadores de telecomunicaciones.
Dichas aportaciones, según el documento conjunto son:
Aportaciones respecto a las solicitudes de los operadores:
Teniendo en cuenta que las propuestas que deben presentar los operadores tienen un carácter provincial, y atendiendo a las desventajas de las tres provincias desde la perspectiva de mercado en materia de población y clientes potenciales, se propone que como medida de discriminación positiva, aquellos operadores que presenten solicitudes en otras provincias, deban hacerlo también en condiciones similares en las provincias de Cuenca, Soria o Teruel.
Aportaciones respecto a los criterios de valoración:
Debido a la problemática de las tres provincias por la existencia de numerosas “zonas blancas” (teniendo en cuenta los criterios de evaluación 1 y 2 de la página 21 del borrador de orden de ayudas) se propone MODIFICAR dichos criterios, para que el criterio que cobertura de zonas blancas, aumente su peso en porcentaje con respecto al resto de criterios.
Este aumento ayudará a que los solicitantes sean conscientes de la verdadera importancia de solucionar la situación de las zonas con cobertura deficiente o muy deficiente (las zonas blancas que son menos atractivas en términos de negocio).
Ampliar la aplicación y el cumplimiento del Real Decreto 458/2011. En él se establecía la obligación para los operadores de “alcanzar una cobertura que permita el acceso a una velocidad de 30 megabits por segundo (Mbps) o superior, al menos, al 90 por ciento de los ciudadanos de unidades poblacionales de menos de 5.000 habitantes”. Ahora se solicita que se aplique este RD y que se amplíe para que alcance al 100% de poblaciones de menos de 5.000 habitantes en territorios poco atractivos en términos de negocio como es el caso de Cuenca Soria y Teruel.
Solicitar cualquier otro criterio de discriminación positiva económica fundamentada en el problema endémico de pérdida de competitividad de los tres territorios y que ha causado, entre otros graves déficits, la despoblación imparable de la mayoría de los pueblos de las provincias. Se insta a incentivar a las operadoras para que presenten proyectos de banda ancha en el ámbito de las provincias de Cuenca, Soria y Teruel en cumplimiento de lo establecido en la página 60 de Acuerdo de Asociación España – UE 2014 2020.