Los Agentes Medioambientales de la Junta muestran su preocupación ante la decisión de que cada provincia elija los materiales de seguridad y defensa personal al margen del protocolo de Seguridad PEA SST- 06.02. “Solicitamos a Suarez-Quiñones la paralización inmediata de estas instrucciones y la revisión de la Evaluación de los Riesgos Laborales por expertos en intervención policial, para no despilfarrar el dinero público”.
Desde la Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla y León (APAMCYL) expresan su preocupación tras conocer que por parte del Servicio de Personal de la Secretaría General de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente se han dado instrucciones a los nueve Servicios Territoriales de Medio Ambiente de Castilla y León, para que en cada provincia se realice la compra o suministro del material y medios de defensa personal, de acuerdo a lo recogido en el citado protocolo, para los agentes de cada provincia (desde los poco más de 60 agentes de Valladolid, hasta los más de 130 de León).
Una acción descoordinada de este tipo, implica que cada provincia en función de un criterio alejado de aspectos profesionales, (en cada provincia será decidido por perfiles diferentes de técnicos o personal que no realiza este tipo de servicios) que se debe o puede adquirir un material de seguridad y defensa personal diferente y de distintas calidades para cada provincia de Castilla y León, una acción que nada tiene que ver con garantizar la misma seguridad a todos los agentes medioambientales de Castilla y León, además de generar un despilfarro de dinero público (en torno a los 15.000 € por provincia) unos 140.000 € para toda la región, que nada tiene que ver con criterios eficientes de compra de material en las administraciones públicas.
Por lo que en una provincia podrían comprarse guantes anticorte por un precio superior mientras que en otra se invertiría más en chalecos y sin garantizar las mismas calidades o garantías de seguridad. Esta diferencia podría perjudicar directamente a los Agentes, que recibirían un material elegido según un criterio personal, además de generar diferencias en la uniformidad e imagen del cuerpo de una provincia a otra.
Llama la atención que se den estas instrucciones cuando el citado protocolo establece que se dotarán de los medios de legítima defensa que determine la correspondiente Evaluación de Riesgos Laborales; La cual no se ha revisado, ni ha determinado aún, que medios son los adecuados en función del riesgo al que se está expuesto. Por todo ello, exigimos al Señor Consejero de Medio Ambiente Juan Carlos Suarez-Quiñones.
1. La paralización inmediata de estas instrucciones hasta que no se hayan evaluado los riesgos y se decidan las características de los medios de defensa iguales para todas las comarcas de la región.
2. La Evaluación de los Riesgos por personal tanto del ámbito de la Prevención de Riesgos Laborales como expertos en intervención policial y en intervención e identificación de personas armadas.
3. La programación de una compra o licitación de suministro para que TODOS/AS los agentes de Castilla y León cuenten con el mismo material de seguridad y con las mismas calidades.