Funcionarios de prisiones en una concentración este verano en la puerta del centro penitenciario. /SN


CAPITAL
Actualizado 11/10/2018 12:04:19

Los empleados públicos del centro penitenciario se reafirman en el apoyo a la huelga convocada, toda vez que un interno golpease a tres funcionarios, al negarse a ir a una celda de aislamiento. Es un preso de conducción, que había llegado de otro centro para asistir a un juicio. En el incidente, otros dos internos tuvieron que ir a aislamiento, tras jalear al agresor e insultar a los funcionarios.

Los funcionarios de la prisión de Soria apoyan los seis días de huelga que han convocado los sindicatos representativos en Instituciones Penitenciarias, para los días 24 y 26 de octubre, y 6,8,13 y 15 de noviembre. Así se aceptó de manera unánime en la asamblea celebrada la tarde de ayer miércoles, a la que asistieron una treintena de funcionarios, siendo ya 54 las firmas de adhesión a la huelga que se han recogido, y que implica también aceptar unos descuentos de nómina solidarios entre todos los funcionarios que participen.

Los funcionarios de la cárcel de Soria han pedido a los representantes sindicales que se mantenga la unidad sindical; que se informe de la propuesta conjunta de mínimos que se lleve a la negociación; que se priorice lograr el reconocimiento de agente de autoridad; y, algunos de los trabajadores, han pedido que se realice una votación en las plantillas sobre el posible acuerdo.

La convocatoria de huelga se produce tras la falta de concreción de una oferta económica, por parte del Gobierno, que satisfaga las necesidades del colectivo. El día 25 de septiembre el Ministerio de Interior ofreció una subida media de 365 euros lineales, al conjunto de la plantilla de Prisiones, que se haría efectiva a lo largo de 2019, 2020 y 2021 (una oferta global de 122.646.399 euros). Sin embargo, tres días después -el día 28- fue retirada porque la partida económica no ha sido autorizada por Función Pública, argumentando que el procedimiento no había sido correcto, y que requería su visto bueno. Si la llegada de un cambio Gobierno había generado “una esperanza” a este colectivo, para solucionar la problemática que se viene sufriendo y denunciando desde hace años, la realidad ha sido “más de lo mismo”.

Este cambio de posición del Gobierno ha provocado la indignación del colectivo, que ha ‘explotado’, porque lleva “demasiado tiempo ya, con mucha paciencia”, reclamando una serie de mejoras laborales, tanto retributivas como de las condiciones de trabajo, entre las que destaca la reivindicación de la ampliación de plantilla, claramente insuficiente por la progresiva reducción de personal que no se sustituye; dotar los centros de los recursos y medios necesarios; o reforzar las medidas de seguridad, ante las continuas agresiones.

En este sentido, los sindicatos representativos en la prisión de Soria denuncian un nuevo caso de agresión a funcionarios, producido en la tarde de ayer miércoles, mientras se trasladaba un interno a una celda de aislamiento. Este preso había llegado de conducción desde otro centro para acudir a un juicio, por un altercado con otro preso.

Tras comunicarle su aislamiento durante el tiempo que permaneciera en el centro de Soria, y cuando se le trasladaba por una zona común de la prisión, acompañado de funcionarios, ha provocado un altercado con los funcionarios, al negarse a ser aislado. Tres funcionarios han sufrido lesiones en hombro, brazo y espalda, por parte del interno, que tuvo que ser reducido. Además, otros internos aprovecharon la situación para jalear al agresor e insultar a los funcionarios, lo que obligó a aislar a otros dos internos.

Los sindicatos representativos en Instituciones Penitenciarias de Castilla y León, CSIF, ACAIP, UGT, CC.OO. CIG, insisten en que la convocatoria de huelga ha sido la única salida que han tenido, ante la situación “de total y absoluto abandono y falta de respeto que hemos sufrido, por los dirigentes del Ministerio de Interior y de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que vienen negado cualquier posibilidad de diálogo y negociación a lo largo de los últimos años, a pesar de que la situación laboral de los funcionarios de prisiones resultase ya insostenible”.

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