Los agentes medioambientales se han concentrado esta mañana ante la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, en Valladolid, para denunciar la agresión que sufrió un agente en Rucayo (León), y reclamar una revisión del protocolo de Violencia Externa de la Junta; una ley básica estatal; o más medios materiales y personales para garantizar la seguridad y el desarrollo de sus tareas y funciones. Exigen un mínimo de 900 agentes medioambientales en la Comunidad, cuando en la actualidad son unos 750.
El pasado día 7 de octubre, en la localidad de Rucayo (León), un pastor golpeó con un hacha el vehículo del agente. Contra esta agresión se han manifestado esta mañana en Valladolid los agentes medioambientales. La protesta ha contado con el apoyo de CSIF, UGT, CC.OO. y las asociaciones profesionales Apafle y Apamcyl.
Los agentes medioambientales exigen la revisión total del reciente Protocolo de Violencia Externa, que ha puesto en marcha la Junta de Castilla y León, porque después de este último incidente se ha demostrado que no sirve.
Asimismo, reclaman una ley básica estatal que vaya más allá de lo dispuesto en la Ley de Montes, que incluya la adecuación del reglamento de armas, o del Reglamento General de Circulación de Vehículos con las luces prioritarias V1 (azules), que como policías reivindican tener para actuar con seguridad en las intervenciones.
También demandan formación y la dotación de los medios materiales y personales necesarios y proporcionales para garantizar su seguridad, durante el desempeño de sus funciones. En este sentido, los agentes medioambientales consideran que la cobertura de agentes en Castilla y León deber ser de un mínimo de 900, con el principal objetivo de cumplir con los imprescindibles servicios en parejas, lo que genera una necesaria reorganización comarcal que permita tener 15-20 agentes por comarca.