El ministro del Interior confía en que el centro penitenciario pueda estar abierto “de forma completa” si se cumplen los plazos de los expedientes abiertos.
“La nueva cárcel de Soria será un referente en políticas de resocialización como es la actual”. Con estas palabras, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska anunciaba la apertura del centro penitenciario de Las Casas, confiando en que su puesta en funcionamiento pueda ser, “al completo” a finales de 2019.
El titular del Departamento giraba visita a Berlanga de Duero esta mañana de miércles, donde ha detallado que con la entrada del nuevo Ejecutivo, se adoptaron medidas de “urgencia” para retomar unas instalaciones que han estado paradas desde 2014. Unos trámites que tenían como obstáculo principal el colector de aguas residuales, si bien ahora el Ministerio ha “alzado esas suspensiones” y también se han iniciado los trámites para las expropiaciones necesarias. Unos trámites que pasan, además de la urgencia con que se han iniciado, con la continuidad en los plazos legales a seguir con expropiaciones y licitación de las obras.
El ministro ha confiado en que serán en torno a los 500 funcionarios los que lleven este servicio, tras la convocatoria de Instituciones Penitenciarias que prevé, en este primer llamamiento de oposiciones, 811 plazas.
En cuanto al conflicto de los funcionarios de prisiones, que están llevando a cabo movilizaciones y con una huelga prevista para el día 16 convocada por los sindicatos mayoritarios, el titular de Interior ha mostrado que el Gobierno mantiene su “respeto total al derecho de huelga”. Si bien, ha recordado que estos empleados públicos han estado “olvidados” en los últimos gobiernos y concretamente por el último, que ha sido “nefasto para Instituciones Penitenciarias”.
Para el dirigiente gubernamental, el Ejecutivo al que pertenece está “dialogante, con la mano tendida para buscar soluciones razonables para todos” en la resolución de conflictos en este colectivo, y ha brindado los servicios de la Abogacía del Estado para la defensa de estos funcionarios cuando se encuentren la defensa legal en asuntos jurídicos devenidos por esta labor dentro de las cárceles. Igualmente será el Estado quien se haga cargo de las indemnizaciones que deban percibir por este tipo de contingencias.
También se ha referido a lo que ha descrito como un “guiño” a estos empleados públicos para reforzar la plantilla pública con la previsión de 956 plazas en total y dar cobertura al servicio.