CSIF exige a Celaá que desarrolle el Estatuto Docente, con la carrera profesional y la formación continua como alternativa a la propuesta de evaluación lanzada esta semana: la ministra ataca injustamente la dignidad de los docentes y sugiere que no están preparados para su labor
Más de 28.000 plazas de docentes figurarán en las ofertas de empleo público que se celebrarán el próximo año, según un estudio realizado por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), a partir de los datos de las diferentes comunidades autónomas.
Esta oferta de plazas se sitúa en el marco del Acuerdo de Mejora del Empleo Público, mediante para estabilizar las plantillas docentes y reducir al 8 por ciento el porcentaje de interinidad. De esta manera, entre 2018 y 2019, previsiblemente, se crearán cerca de 50.000 plazas en la educación pública.
En la organización sindical han alzado hoy la voz para denunciar la situación de "inestabilidad y desconcierto" en la educación, debido según aseguran a "la falta de rumbo y la política errática y propagandística del Gobierno".
Tras el arrancque del curso, en CSIF han significado que "seguimos exactamente igual" que en la etapa anterior. Tan solo han encontrado la propuesta de derogación de "un decreto de recortes que no solo no los deroga, sino que deja a las Comunidades Autónomas su desarrollo, lo que, sin duda, implicará una vez más, múltiples diferencias en condiciones laborales de los docentes en cuestiones tan básicas como el horario lectivo".
Por otro lado, han apuntado a la ministra del ramo, Isabel Celaá, "que ocupa su cargo a tiempo parcial, como ocurrió con el Gobierno anterior", de la que aseguran "ataca injustamente a la dignidad profesional del docente y presenta ahora su programa estrella para mejorar la Educación: la formación inicial del profesorado y la evaluación docente, dejando sin duda a los docentes a los pies de los caballos, y dejando entrever que no están preparados, que no se evalúa o no tienen control de su función docente".
Estas declaraciones de la Ministra en cuanto a la evaluación docente "no son novedosas" ya que el artículo 106 de la LOE (no modificado en este caso por la LOMCE) ya regula la evaluación docente y, además, "porque ya existe un Cuerpo para tal labor, la Inspección Educativa".
Como alternativa, en la agrupación sindical han exigdio la convocatoria urgente de la mesa de negociación para impulsar una legislación de la función docente básica y a nivel nacional, con un Estatuto Docente para atender las demandas de este colectivo en toda su carrera: formación inicial, acceso a la función pública (que las pruebas no sean eliminatorias y que se valore la experiencia docente del personal), carrera profesional, formación continua, condiciones de jubilación, mutualismo administrativo y acción social.
En septiembre, CSIF envió un escrito a la ministra en el que le adviertía de la vulneración de la negociación colectiva. "Si el Ministerio no convoca a la mesa de negociación, el sindicato acudirá a la justicia", han amenazado.
En este sentido, también han criticado los "actos propagandísticos del Ministerio", como el reparto de camisetas en foros sobre la profesión docente, -"como si fuese una carrera popular-, y han exigido al Gobierno que "haga los deberes". Unos cometidos que pasan por "establecer una Ley Orgánica estable y de consenso que acabe con la actual incertidumbre en nuestra educación, con el curso iniciado: ¿Qué pasa con las pruebas finales? ¿Y con las Formación Profesional Básica? ¿En qué queda el anuncio de la Filosofía? ¿Y la anunciada modificación de la LOMCE?", son cuestiones planteadas por la organización sindical.
Para concluir, han descrito que ahora "nos encontramos ante un disparate sin fin del que CSIF no contribuirá, dejando claro que empleará todos los medios necesarios y legales para dignificar la labor docente y, como no puede ser de otra manera, para defender su derecho constitucional a ser representados en las mesas de negociación correspondientes".