La agrupación Soria Verde se reúne con el delegado territorial de la Junta para mostrar lo que el colectivo considera “despropocionado avance” de este tipo de explotaciones en la provincia.
En la “gran procupación” que existe en el seno del colectivo Soria Verde, fuentes de esta agrupación han señalado este viernes que ayer mantenían una reunión con el delegado territorial de la Junta, Manuel López, para poner de manifiesto “por el desproporcionado avance” del modelo productivo de explotaciones en extensivo de porcino, a las que califican como “megagranjas o macrogranjas”.
Para la agrupación, la “alta producción de residuos contaminantes” que generan estas explotaciones y su “inadecuada gestión” está provocando una grave contaminación de acuíferos que, “lamentablemente, estamos viendo que ya se produce en zonas con alta densidad de granjas, como ha ocurrido recientemente en la localidad de Muro, provocando una merma considerable de la calidad de vida de quienes viven en estas poblaciones”.
Para Soria Verde se está pagando un “alto precio” en materia medioambiental y salud pública por este tipo de instalaciones, lo que “exige extremar mucho las precauciones” a la hora de efectuar las nuevas concesiones de licencias. Por ello, consideran que es preciso aplicar de forma estricta los criterios de evaluación de impacto ambiental previstos en la normativa de prevención ambiental, “a efectos de evitar una problemática similar a la planteada en otros territorios”.
La inquietud del colectivo también se extiende a lo que ven una destrucción de empleo en los sectores de hostelería y turismo cultural y de naturaleza, “afectando negativamente a inversiones que llevan a cabo economías familiares, y que constituyen la base de su sustento, contribuyendo así finalmente a acentuar el grave problema de despoblación que tenemos en la provincia”. En este sentido, han aludido a estudios que afirman que “por cada puesto que se crea en estas explotaciones se destruyen cuatro puestos de trabajo en otros sectores”.
Apoyo institucional
De igual modo se han referido al apoyo institucional mediante ayudas y otras ventajas económicas otorgadas a estos promotores, algo que lleva a un “aumento desmesurado” de las peticiones para materializar estas explotaciones. “Este apoyo”, continúan, “basado supuestamente en criterios de creación de puestos de trabajo y de aumento de población, es a nuestro entender, totalmente injustificado y erróneo, constituyendo un argumento falaz que no se ajusta a la realidad, y así lo hemos comprobado en poblaciones como Cubo de la Solana”.
Ante toda esta problemática hacían saber al delegado territorial que presentarán una queja ante el Procurador del Común, “institución garante de los derechos de los castellano-leoneses”, con el fin de exigir un mayor control de estas actividades. Así, instarán a efectuar una “radiografía” del sector en Castilla y León, “al igual que se ha hecho ya en otras comunidades como Cataluña”. En este sentido han avanzado igualmente que buscarán apoyos de otros grupos y plataformas de la provincia y de la región comunidad “planteando la paralización de los proyectos que puedan suponer riesgos graves de carácter medioambiental o que afecten a la despoblación de los territorios hasta que no concluya este estudio”.
“Es un error considerar a las grandes granjas de ganadería intensiva como sector económico prioritario en Castilla y León, ya que están haciendo mucho más daño que el beneficio que reportan, por lo que beneficiarse de ayudas públicas parece incongruente en cuanto que de este modo lo que estamos haciendo es subvencionar contaminación y problemas medioambientales y socioeconómicos futuros”, han afirmado en Soria Verde.
Por otra parte, también explicaron en la reunión de este jueves con el responsable de la Junta en la provincia “las graves deficiencias que contienen los proyectos de Cidones y Andaluz, incumpliendo de forma grave la adecuada evaluación de impacto ambiental exigida legalmente”.
“El cumplimiento estricto de la normativa medioambiental y el examen individualizado de las características que concurren en cada uno de los proyectos para los que se solicita licencia, es la mayor garantía para conseguir un desarrollo socioeconómico sostenible y competitivo en nuestras poblaciones, comarcas y provincia, objetivo principal de nuestras peticiones”, han concluido.