Esta línea de subvenciones tiene como objetivo impulsar la contratación de profesionales que presten su asistencia para ayudar al desarrollo de habilidades en el puesto de trabajo de trabajadores con discapacidad. La Consejería de Empleo destina en 2018 más de 24 millones de euros para la integración laboral de personas con discapacidad y en riesgo de exclusión en Centros Especiales de Empleo, en empresa ordinaria y en Empresas de Inserción.
Empleo pondrá en marcha en 2019 una nueva convocatoria para el empleo con apoyo de personas con discapacidad adaptada a circunstancias específicas en la empresa ordinaria | Comunicación | Junta de Castilla y León
La Junta de Castilla y León pondrá en marcha una nueva línea de ayudas, dotada íntegramente con fondos autónomos de la Consejería de Empleo, para la contratación de profesionales de apoyo a trabajadores con discapacidad en circunstancias específicas que desempeñen su actividad laboral en la empresa ordinaria.
El consejero, Carlos Fernández Carriedo, ha explicado este miércoles esta nueva medida durante la clausura de la Gala Down Burgos-Club de empresarios Estela, cuya celebración reconoce el compromiso de empresas con el empleo de jóvenes con síndrome de Down, premia a instituciones y empresas que ayudan a la asociación para mejorar la atención de estas personas con discapacidad y reconoce a aquellas personas que en su profesión han destacado por los valores humanos y por la ayuda a personas vulnerables.
Asimismo, ha añadido que la inversión de la Junta durante 2018 para la integración laboral de trabajadores con discapacidad en Castilla y León asciende a más de 24 millones de euros.
Nueva línea de Empleo con Apoyo
La nueva línea de ayudas tendrá como objetivo incrementar la contratación de profesionales, preparadores laborales, para el apoyo al empleo con discapacidad en la empresa ordinaria.
Los beneficiarios serán todas aquellas asociaciones, fundaciones y entidades sin ánimo de lucro que tengan como objeto social la inserción laboral o la creación de empleo a favor de personas con discapacidad y cuenten en su plantilla con personal contratado para el desarrollo del apoyo de habilidades de estos trabajadores con discapacidad dentro de una serie de titulaciones universitarias concretas.
Asimismo, los destinatarios finales de las ayudas serán personas con discapacidad psíquica, discapacidad intelectual o por enfermedad mental, con un grado de minusvalía igual o superior al 33 %, y personas con discapacidad física o sensorial con un grado de minusvalía igual o superior al 65 % que estén inscritas como demandantes de empleo como desempleados con anterioridad a la presentación de la solicitud de subvención.
La cuantía de la subvención atenderá a los costes salariales, incluida la Seguridad Social, de los preparadores laborales dedicados al programa de habilidades personales y sociales, con unos límites establecidos en función de la jornada laboral y el número de personas con discapacidad. Además, se subvencionarán las actuaciones posteriores de acompañamiento y seguimiento de estos trabajadores con discapacidad durante su vida laboral en la empresa.
Objetivos alcanzados
La Consejería de Empleo ha superado el objetivo establecido por el presidente de la Junta de Castilla y León de alcanzar en esta legislatura los 5.000 trabajadores con discapacidad empleados en la Comunidad, llegando a 31 de diciembre de 2017 a los 5.462 empleados con discapacidad en los Centros Especiales Empleo (CEE), que se incrementan también por primera vez hasta llegar a los 215 CEE registrados en Castilla y León.
El presupuesto de la Consejería de Empleo de 2018 en el ámbito de la Economía Social destinado al empleo con discapacidad y a trabajadores en situación o riesgo de exclusión asciende a 24 millones de euros, lo que supone un incremento del 4,3 % respecto al ejercicio anterior. El esfuerzo presupuestario realizado en esta legislatura ha permitido alcanzar cinco objetivos en esta área de la Economía Social:
En primer lugar, complementar hasta el 75 % el Salario mínimo Interprofesional (SMI) de los nuevos contratos de trabajadores con discapacidad, con especiales dificultades, asumiendo el incremento del 8 % del SMI aprobado por el Estado en 2017 y del 4 % en 2018.
En segundo lugar, impulsar la contratación de técnicos de apoyo a los trabajadores con discapacidad que trabajan en la empresa ordinaria.
En tercer lugar, la contratación de personal de acompañamiento para trabajadores en situación o riesgo de exclusión en Empresas de Inserción.
En cuarto lugar, recuperar la financiación de inversiones vinculadas a nuevos proyectos y a la contratación de trabajadores con discapacidad en los Centros Especiales de Empleo.
Y por último, la creación de un instrumento de apoyo financiero para los CEE y las EI para anticipar el primer 50 % del SMI de los trabajadores con discapacidad y aquellos en situación o riesgo de exclusión social de aquellos centros que han solicitado subvenciones de costes salariales.