La deuda viva de la Comunidad ascendía a 12.473 millones de euros a 30 de septiembre de 2018, de acuerdo con la estadística del Banco de España publicada hoy, lo que equivale al 21,2 % del Producto Interior Bruto y mantiene a Castilla y León como la octava autonomía más saneada del país. Esta ratio es 3,2 puntos inferior a la media, que se sitúa en el 24,4 % del rango nacional.
La aportación de Castilla y León al endeudamiento global de las autonomías españolas es limitada, de acuerdo con los datos facilitados esta mañana por el organismo regulador. En concreto, al término del tercer trimestre del año se cifraba en el 4,27 % del total de las comunidades, contabilizado en 292.381 millones de euros.
A esa misma fecha y en términos absolutos, Castilla y León sumaba 12.473 millones de pasivo. Esta cantidad representa el 21,2 % del Producto Interior Bruto y permite conservar la octava posición en la lista de territorios menos endeudados de España, por detrás de Madrid, País Vasco, Canarias, Galicia, Navarra, La Rioja y Asturias. Se trata de una buena posición relativa que denota la responsabilidad con la que la Junta utiliza esta fórmula de financiación.
Como es lógico, la deuda viva castellana y leonesa a 30 de septiembre incluye los tres préstamos suscritos este ejercicio con cargo al Fondo de Facilidad Financiera (FFF), por un importe global de 952,5 millones, para cubrir las necesidades de financiación de los nueve primeros meses de 2018. A esto hay que añadir otras dos operaciones de este tipo firmadas en ejercicios anteriores, por lo que la deuda acumulada con el FFF al final del tercer trimestre era de 3.361 millones de euros.
Además, el supervisor bancario incorpora los créditos reintegrables que la Administración de la Comunidad concede a las empresas, cuantificados en 304,5 millones; el llamado ‘factoring’ sin recurso –o lo que es lo mismo, los créditos comerciales con la Administración cedidos a entidades financieras–, que añade 189 millones de euros, y el endeudamiento asociado a proyectos de colaboración público-privada, por 290 millones.
El análisis de la estructura de la cartera de endeudamiento de Castilla y León en términos SEC 2010 y atendiendo a quiénes son los prestamistas indica que la mayor parte corresponde al Fondo de Facilidad Financiera –en concreto, el 27 %– al que se adhirió el Gobierno autonómico para satisfacer las necesidades previstas en 2015, las del segundo semestre de 2017 y, más recientemente, para cubrir la deuda de 2018.
La Comunidad formalizó el 8 de marzo un contrato inicial por 618,3 millones de euros para satisfacer el endeudamiento de los tres primeros meses de este año. El 3 de mayo se amplió en 218,2 millones para abordar tanto las amortizaciones que vencían en el segundo trimestre y la parte correspondiente al déficit del 0,4 % previsto para 2018, como la anualidad de las liquidaciones negativas de 2008 y 2009. Por último, el 19 de julio se suscribió una nueva adenda que aumentaba en casi 116 millones de euros adicionales el contrato de préstamo.
Este hecho explica que las emisiones continúen perdiendo peso durante este ejercicio en favor de los préstamos, representando al acabar el tercer trimestre el 25 % del total.
El tercer prestamista en importancia es el Banco Europeo de Inversiones, cuyos fondos representan algo menos del 10 % de la deuda de la Comunidad.
El Banco de España calcula en 3.257 millones de euros el endeudamiento de las empresas públicas de las autonomías hasta septiembre, cifra en la que no está computada ninguna cantidad de Castilla y León. Esto se debe a que en el periodo octubre-diciembre de 2017 el regulador adicionó a la Administración de la Comunidad el pasivo que tenía la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (Somacyl).
Por otro lado y de forma similar a trimestres anteriores, el 95 % del endeudamiento castellano y leonés correspondía a la Administración General, frente al 5 % de universidades, organismos autónomos, entes públicos de derecho privado y empresas públicas, entre otros.
Respecto a los plazos de vencimiento, alrededor del 96 % de la deuda viva de la Comunidad está formalizada a largo plazo, frente al 4 % firmada a corto. El 73 % está concertado a tipo de interés fijo y el 27 % a variable, un reparto que permite mitigar el efecto de posibles subidas futuras del Euribor.