La delegada del Gobierno en Castilla y León, la soriana Virgina Barcones, manifiesta que se trabaja “de forma decidida y sin pausa para que antes de finalizar 2019 el centro penitenciario esté abierto”.
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy viernes un Acuerdo por el que se declara la urgente ocupación de los bienes y derechos necesarios para la construcción del emisario de saneamiento del nuevo Centro Penitenciario de Soria, en el tramo comprendido entre el enlace de la carretera SO-P-6006 de titularidad provincial y el punto de conexión de la red municipal.
Es una obra complementaria e imprescindible para el adecuado funcionamiento de la instalación, ya que permitirá la evacuación de las aguas residuales del nuevo Centro Penitenciario de Soria hasta el punto de conexión de la red municipal, donde serán conducidas para su posterior tratamiento en la depuradora de aguas residuales (EDAR) de Soria.
La delegada del Gobierno, la soriana Virgina Barcones, ha explicado que la tramitación de los procesos expropiatorios es “administrativamente larga porque la Ley establece garantías para proteger los derechos de los expropiados. Pero hemos ido dando todos los pasos con la máxima celeridad posible para llegar al Acuerdo de Consejo de Ministros de hoy con la vista puesta en la apertura del centro antes de que finalice 2019”.
“Es absolutamente prioritaria para este Gobierno de España” ha señalado Barcones, “la puesta en marcha de una infraestructura que Soria necesita para generar empleo, para dinamizar la economía y para frenar la despoblación”.
Tras la decisión de hoy del Ejecutivo Nacional, es preceptivo realizar un nuevo proceso de exposición pública en el cual se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros. Se abre un nuevo periodo de alegaciones que deberán ser contestadas. Una vez superado este trámite se realiza la convocatoria del levantamiento de actas previas.
Virginia Barcones ha mostrado su firme voluntad de que toda la tramitación que hay que hacer “se realice con la máxima premura que permita la legislación en esta materia para disponer lo antes posible de las actas de ocupación y que se proceda a la contratación de las obras”.
Con los plazos propuestos por la delegada del Gobierno en Castilla y León en una reciente reunión mantenida en Madrid con el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, se podrían concluir los trabajos del colector durante el próximo año mientras se trabaja en el amueblamiento del centro y en la dotación de personal. Estos recursos de personal saldrán de la Oferta Pública de Empleo que se publicó el pasado mes de julio y que cuenta con 831 plazas del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias.
El propio Ortiz señaló que el Gobierno de España no descarta abrir la totalidad de los ocho módulos del nuevo centro penitenciario antes de que concluya el próximo año. Pero insistió en que, en el caso de que no fuera posible poner en funcionamiento la totalidad del centro, se empezaría abriendo por módulos hasta que fuera completándose la apertura total posteriormente.
Una de las bazas que juega a favor del nuevo establecimiento es que el actual centro penitenciario de Soria, que cuenta con unos 170 internos y 130 funcionarios de prisiones y laborales, tiene un altísimo porcentaje de número de internos empleados en los talleres productivos, algo que, dadas las características del nuevo, podría mantenerse.
El nuevo centro penitenciario de Soria, que ha supuesto una inversión de unos cien millones de euros, se ubica en el término municipal de la capital de la provincia, a unos 7 kilómetros del centro de la ciudad, en el barrio de “Las Casas”. La parcela ocupa unas 25 hectáreas en el paraje conocido como “La Laguna” cerca del monte o parque natural de Valonsadero. Tiene 684 celdas repartidas en ocho módulos más 152 en enfermería y régimen cerrado.
Los edificios empezaron a construirse en 2010 y el grueso de la obra finalizó en 2014. Para su puesta en funcionamiento falta concluir el colector, obra que costará en torno a un millón de euros, y el equipamiento que se calcula que podrá costar más de cuatro millones de euros.