El Consejo Consultivo de Castilla y León aprobó durante el ejercicio anterior 557 dictámenes que fueron solicitados al órgano de control externo por las distintas administraciones de la Comunidad Autónoma, y que han constituido una garantía de legalidad, seguridad jurídica y un plus de calidad democrática desde la independencia, objetividad y discreción que lo caracterizan. Dictámenes que fueron aprobados por unanimidad, otra de las señas históricas de identidad del Consejo que preside el leonés Mario Amilivia.
Con estos dictámenes, al cumplirse en 2018 los 15 años de la función consultiva en Castilla y León, la Institución propia con sede en Zamora alcanza los 14.755 en su cómputo histórico como garante fundamental del derecho a la buena administración, al mejor gobierno de las entidades local y autonómica, y al mismo tiempo como defensora de los derechos e intereses de los ciudadanos, que son, en definitiva, quienes activan la práctica totalidad de los dictámenes emitidos.
El órgano castellano y leonés sigue encabezando el balance de informes aprobados anualmente por estas instituciones al seguir siendo uno de los de composición más reducida –solo 3 miembros- y ejercer además con eficacia un mayor número de competencias en el ámbito estatal. Un año, también, en el que se culminó la renovación de la Institución, a la espera de que se produzca la toma de posesión de los nuevos consejeros, lo que dará lugar a una nueva etapa en esta institución propia autonómica.
Además de la función consultiva, en su competencia como Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León (TARCCyL), el órgano de control resolvió en el pasado ejercicio 131 recursos de contratación, un 8,3% más que en 2017, alcanzándose desde su puesta en marcha en 2012 un total de 650 recursos resueltos que suman 4.572 millones de euros. Ejercicio caracterizado nuevamente por la complejidad de varias de las resoluciones dictadas, la escasa litigiosidad y la celeridad del Tribunal, resolviendo los recursos en un plazo medio de 15 días desde la recepción de los expedientes.
En sus casi 7 años de funcionamiento, este Tribunal compuesto por los mismos miembros del órgano consultivo, se ha convertido en un “modelo de éxito”, tomado en consideración a los efectos de su operatividad por otras comunidades autónomas, ya que el recurso especial, objeto central de su trabajo, es un instrumento de eficiencia, de fiscalización previa contra la falta de transparencia y los abusos, depurando la contratación administrativa y garantizando mediante su tutela restitutoria una eficiente gestión de los recursos públicos. 102 de los recursos resueltos en 2018 procedieron de procesos de contratación de Consejerías (de manera especial la de Sanidad) y de municipios, principalmente por servicios y suministros. El 30% de las resoluciones dictadas estimaron total o parcialmente los recursos, el 56% los desestimaron y el resto fueron desistimientos e inadmisiones. Adjudicación -fundamentalmente- exclusión y pliegos motivaron la mayoría de las impugnaciones
En relación a la función consultiva, el 52,4% de los dictámenes emitidos (292) fueron solicitados por los ayuntamientos y diputaciones; el 46,7% (260) por la Administración Autonómica a través de sus distintas consejerías, y el 0,9% (5) por las universidades públicas de Castilla y León. A nivel autonómico, la Consejería de Sanidad destacó por el número de dictámenes solicitados, 134, un 24% de los aprobados por la Institución. Además, 34 fueron solicitados por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente; 28 por la de Educación; 17 por la de la Presidencia; 15 por la de Familia; 13 por Agricultura y Ganadería; 11 por Economía y Hacienda; y 4, respectivamente, por las de Cultura y Empleo
Por provincias, Valladolid despuntó en solicitudes de consulta con un 22% (122), seguida de Burgos con el 15,3% (85); León con un13,3% (74); Salamanca, 12,8% (71); Palencia, 9,3% (52); Zamora, 7,2% (40); Segovia, 5% (28); Ávila, 4,7% (26) y Soria, 0,72% (4), mientras que el resto de los dictámenes demandados (55) tuvieron como ámbito el conjunto de la Comunidad al tratarse, por ejemplo, de anteproyectos de ley o reglamentos ejecutivos.
Según las estadísticas, la provincia desde la cual ha surgido históricamente un mayor número de consultas es León, con el resultado de 3.614 dictámenes que representan el 24,5%. La segunda es la de Burgos con 2.133 (14,4%) y la tercera Salamanca con 1.868 (12,7%).
De las consultas solicitadas en 2018 por las nueve capitales de provincia de Castilla y León resultaron 153 dictámenes, que representan el 27,5% del total de los emitidos en el ejercicio.
En el ejercicio anterior, a excepción del Ayuntamiento de Soria, el resto de las Consistorios capitalinos remitieron consultas al Consejo, fundamentalmente de carácter preceptivo a causa de procedimientos de responsabilidad patrimonial debido a daños y perjuicios por el normal o anormal funcionamiento de los servicios públicos. El Ayuntamiento de Valladolid se consolida en el primer lugar en solicitudes de consulta con 45, seguido del de la capital burgalesa con 30, Palencia con 22, Salamanca, 19; León, 15; Segovia, 9; Zamora, 8; y Ávila, 5.
Según la clasificación de los dictámenes firmados en el año, la tercera parte de ellos 419 (75,2%) derivaron de consultas sobre responsabilidad patrimonial por daños o perjuicios causados por el normal o anormal funcionamiento de los servicios de las administraciones, 40 de revisión de oficio de los actos administrativos; 38 de reglamentos ejecutivos; 22 de consultas sobre contratación administrativa (fundamentalmente resoluciones de contrato); 12 de recursos administrativos; otros 12 sobre modificaciones del planeamiento urbanístico; 11 sobre anteproyectos de ley, y 1, respectivamente, de convenios y acuerdos, proyectos de legislación delegada. Además se contabiliza la consulta facultativa formulada por el Ayuntamiento de Segovia sobre la composición de los tribunales seleccionadores de pruebas selectivas de policía local.
Por segundo año consecutivo destacó el número de reglamentos ejecutivos dictaminados (38), que junto con los 11 referentes a anteproyectos de ley como son los de la red de protección de personas y familias vulnerables, la Conferencia de Alcaldes y Presidentes de Diputación, la Ley de Diálogo Civil y Democracia Participativa o la Ley de Transporte de Viajeros por Carretera contribuyen a la mejora de la calidad de las normas que afectan al conjunto de Castilla y León. Desde 2003 el Consejo ha dictaminado 526 proyectos jurídico-normativos (380 reglamentos ejecutivos y 146 anteproyectos de ley).
A nivel general, la estadística provisional refleja que se emitieron 294 dictámenes desestimatorios, 119 que estimaron total o parcialmente la reclamación pretendida y en al menos 24 de los procedimientos se resolvió la no procedencia de dictamen. El resto de los dictámenes aprobados resolvieron cuestiones normativas, asuntos sobre revisión de oficio, resoluciones contractuales o modificaciones urbanísticas.
La totalidad de las reclamaciones patrimoniales estudiadas por el Consejo, de todas de las que se pudo disponer, arrojó en 2018 un total de 421 millones de euros, siendo las referentes a la sanidad pública las más numerosas. 129 de los dictámenes derivaron de consultas por negligencias o mala praxis sanitaria que sumaron 15,4 millones de euros, de los que se estimaron total y parcialmente 19 procedimientos en los que se reclamaban en conjunto más de 3 millones. Los complejos asistenciales de Valladolid, León y Burgos, con 31, 26 y 24, coparon el 63% de las consultas sobre reclamaciones por asistencias médicas.
Sin embargo, en relación a las cuantías reclamadas destacaron los dictámenes derivados de consultas por distintos daños y perjuicios a causa del funcionamiento de los servicios públicos: festejos populares, fugas de agua, tramitaciones de licencias urbanísticas, ruidos, etc. (110 dictámenes y 402 millones reclamados); los derivados de daños generados por el mobiliario urbano (101 dictámenes y 1,4 millones); los derivados de accidentes por el mal estado de las calzadas (63 dictámenes y 919.000 euros); los provocados por atropellos de animales (7 dictámenes y 48.700 euros); los derivados de reclamaciones en procesos de selección de plazas de funcionarios (4 dictámenes y 181.000 euros); los causados durante el trabajo de los empleados públicos (3 dictámenes y 231.500 euros) y los derivados de accidentes escolares y daños de la fauna (1 dictamen, respectivamente, con 12.000 y 220.000 euros reclamados).
Comparativamente al año 2017, descendió en 19 el número de dictámenes sobre responsabilidad patrimonial y en 10 el de recursos administrativos, pero aumentaron los de revisión de oficio, contratación administrativa, anteproyectos de ley, reglamentos ejecutivos y modificación de planes urbanísticos.