Santiago Aparicio, presidente de la patronal castellano-leonesa. /SN


CASTILLA Y LEóN
Actualizado 14/01/2019 19:33:40

La patronal considera que al aumento de la carga fiscal a las empresas hay que sumarle el incremento de costes que supone la subida de las cotizaciones a la Seguridad Social que pagan.

La Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (CECALE) ha realizado una primer análisis del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019 y, a falta del estudio detallado de la repercusión que pueda tener en las distintas provincias de la Comunidad, ha valorado que se recoja unas inversiones para Castilla y León de 1.094,05 millones de euros, un 9,17% más que en 2018, aunque entiende que las cifras son aun modestas para acometer todas las inversiones aún previstas y tan necesarias para el desarrollo económico de la región.

En este primer análisis global, la patronal castellano-leonesa -que encabeza el soriano Santiago Aparicio-, en línea con CEOE, considera que los Presupuestos Generales del Estado de 2019 “no son los que necesita la economía española”, en un momento de ciclo económico que está “en fase de desaceleración”.

Además, la patronal entiende que las cuentas no contemplan “medidas destinadas a solucionar los grandes retos de la economía”. A ello se une que, en el caso de los ingresos, la mejora del saldo presupuestario se basa en un aumento notable de los ingresos tributarios, sobre todo, los que recaen en el sector empresarial.

Los empresarios consideran, asimismo, que al aumento de la carga fiscal a las empresas hay que sumarle el incremento de costes que supone la subida de las cotizaciones a la Seguridad Social que pagan, destacando especialmente dos por su especial incidencia. La primera es que el tope máximo de la base de cotización a la Seguridad Social en aquellos regímenes que lo tengan establecido y de las bases máximas de cotización aplicables a cada uno de ellos, se establece en 4.070,10 euros mensuales, lo que supone un incremento del 7%. La segunda es que la cuantía de la base mínima de cotización en el Régimen General se incrementa en el mismo porcentaje que el SMI (22,3%).

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