El diputado señala que los afectados por los desahucios quedan desprotegidos ya que no podrán intervenir los Servicios Sociales para dar una solución habitacional.
El PSOE Soria ha lamentado este jueves que no haya salido adelante el Decreto Ley de Vivienda y Alquileres ya que no contó con el respaldo suficiente en el Congreso de los Diputados. El diputado socialista Javier Antón ha señalado que con este decreto se daba respuesta política de manera urgente al problema de acceso a la vivienda en España. Con esta medida, lo que se pretendía era “revertir las políticas del Partido Popular que provocaron subidas desorbitadas de los precios y tenían una actuación inmediata sin recorrido legislativo “, ha añadido Antón.
Además, con la decisión de que no salga adelante este texto se pierde la oportunidad de “derogar la reforma liberalizadora de 2013, que no sirvió para estimular el mercado del alquiler, pero sí para provocar subidas desorbitadas de los precios”, y que dio pábulo y cobertura a maniobras especulativas en el mercado de la vivienda”.
Al no aprobar el Congreso las medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, persistirán las prácticas “abusivas de las fianzas” ya que los arrendadores podrán reclamar más de dos meses de fianza. Otra de las consecuencias que tendrá, según apunta Javier Antón es que el mercado del alquiler seguirá desestabilizado porque se reducir de nuevo “el plazo mínimo de los contratos de alquiler a tres años y uno el de las prórrogas”.
Según los socialistas, los inquilinos en procesos de desahucios quedan sin este Real Decreto nuevamente desprotegidos, ya que no podrán intervenir los Servicios Sociales en cada caso para dar una solución habitacional a los afectados antes de que se produzcan los lanzamientos. Las medidas que proponía el Gobierno en materia de vivienda y alquiler añadían más protección a estas personas inmersas en un proceso de desahucio.
Otro de los aspectos que incluía el Real Decreto afectaba a los pisos turísticos excluyéndolos de la Ley de Arrendamientos Urbanos. El artículo 5 de esta normativa es ambiguo en la definición de viviendas y por lo tanto, no se gestionarán como actividad profesional que son, a través del Ministerio de Turismo.
El Real Decreto de Ley de Vivienda y alquileres que no ha salido adelante aportaba “interesantes novedades”, como el que los ayuntamientos podrían revertir su superávit en la promoción de vivienda social. Para Antón el “IBI iba a dejar de ser pagado por el arrendatario en contratos de alquiler social” y que los ayuntamientos estarían habilitados para “bonificar hasta un 95 % del IBI a las viviendas de alquiler sujetas a precios limitados”. En lo que respecta a los desahucios, con la propuesta tumbada ayer en la Cámara Baja, se suspendería el procedimiento de desahucio hasta que existiera una alternativa por parte de los servicios sociales.
El Gobierno continúa en su propósito de crear una Ley Estatal de la Vivienda de marcado carácter social que incluya todas aquellas medidas que requerían un proceso más complejo para ponerlo en marcha. Entre ellas figura la creación de una estadística oficial del alquiler más transparente, otras medidas que eviten que los fondos buitre se queden con las viviendas sociales o la creación de 20.000 viviendas públicas y movilizar suelo público.
Los 8 meses de gobierno socialistas se han caracterizado, en palabras del aforado soriano, por poner en marcha políticas para proteger a los más débiles, “lamentablemente los parlamentarios de Podemos y sus confluencias han unido sus votos con Ciudadanos y Partido Popular para tumbar el Decreto Ley de Viviendas y Alquileres, y mantener en la ley del PP y beneficiar precisamente a los grandes propietarios de vivienda”.