Los concejales Luis Alberto Romero y Enrique García consideran que el convenio del Ayuntamiento es “muy negativo” para los intereses de los vecinos. Prefieren posponer el debate para la próxima legislatura.
Somos conscientes de la necesidad que nuestro municipio tiene de mejorar la depuración de sus aguas y por esa razón nos resulta tremendamente difícil decir no a la construcción de una nueva depuradora, pero consideramos que el convenio que el equipo de gobierno quiere aprobar en el pleno de mañana es muy negativo para los intereses de los ciudadanos de Soria”. Con este avance, los concejales Luis Alberto Romero, de Sorian@s y Enrique García (IU) han reseñado su postura contraria en punto de debate de la sesión plenaria de mañana jueves
Los concejales, agrupados en la nueva formación Soria en Común han indicado que la costará “como mínimo 50 millones de euros”, cantidad que llevará a que “sumando diversos conceptos añadidos, a los ciudadanos de Soria nos costará 25 millones”.
Para avalar esta postura, han señalado que “las prisas nunca son buenas y menos en un caso como este”, ya que con este convenio se producirá un endeudamiento para los bolsillos de los vecinos, “a pagar durante los próximos 40 años”.
En lo que es el perido en el que se han dilatado los trámites para la construcción de esta infraestructura, ambos concejales han coincidido en afirmar que creemos que esta cuestión “puede y debe” quedar sobre la mesa de manera que todos los partidos con representación municipal, tanto los que continúen y los que puedan venir, y por extensión el conjunto de la sociedad soriana, “afronten un debate sereno, informado y transparente sobre la cuestión”.
“Condenamos enérgicamente la actitud electoralista del PSOE a quien, por presentar un nuevo proyecto estrella a tres meses vista de las elecciones, parece no importarle duplicar la deuda de los sorianos. Que el equipo de gobierno utilice la depuradora para hacer su campaña electoral nos puede salir muy caro”, han recalcado.
Para Soria en Común, se trata de un “gravísimo error” que se cometer al no construir una nueva depuradora (EDAR) en la ubicación de la actual. Así, una nueva instalación, de la que no emanen olores y depurando en unos parámetros óptimos, “nunca nos costará en la ubicación actual más de 20 millones de euros”. En este punto, han cuestionado los 12,6 millones de euros que la empresa del agua aportó al Ayuntamiento como canon inicial de explotación, una cantidad que “podría aminorar sobremanera ese coste”. Además, y aún sin contar con cofinanciación de ningún tipo, “nos seguiría saliendo más económica que la que el PSOE nos quiere colocar”.
En el caso de resultar imposible construir la nueva EDAR en el lugar donde se encuentra la actual, han solicitado “argumentos e informes técnicos” que aconsejen dicha decisión. Y para la opción de que fuese “inevitable” ubicarla en Los Rábanos ven como necesario contar con el acuerdo del propietario de los terrenos donde se instalará. “Un acuerdo acuerdo que a día de hoy, que sepamos, no existe”. Aquí han observado que un proyecto de interés general permite proceso expropiaciones “siempre y cuando no existan otras alternativas para su ejecución, como sí parecen existir en este caso”.
“La sociedad soriana debe saber que si la planta, por cuestiones de su nueva ubicación, llega a los tribunales, el proyecto se retrasará al menos lo suficiente para sobrepasar la fecha obligada de 2022, incumpliendo los plazos que nos da la UE y perdiendo esa cofinanciación. Si por cuestiones judiciales o de cualquier otra índole nos pasáramos del límite del plazo para la puesta en marcha de la depuradora, no sabemos quién asumiría los pagos por la pérdida de la financiación exterior”, han indicado.
Por otro lado, a la ausencia de informes técnicos que aconsejen una u otra opción, los concejales han recalcado que los informes, jurídico y económico del dictamen “son de una vaguedad alarmante”.
Por todas estas razones, incluyendo la “incertidumbre” de lo que supondrá realmente el coste del túnel emisario, “al no saber con certeza el material a excavar”, Romero y García ven como “más conveniente” marcar un plazo que vaya más allá de la legislatura, convocar al Consejo sectorial de urbanismo “y comenzar un debate sereno sobre la que será posiblemente la mayor inversión en esta ciudad en los próximos años”.